14 países de la UE prohíben cortar el suministro eléctrico a los hogares en invierno

Más del 20% de los hogares españoles no podrán mantener una temperatura suficientemente cálida durante los meses fríos en 2014. Esa fue la previsión que hizo la diputada de ICV Laia Ortiz durante un debate parlamentario el pasado mes de diciembre, en el que se discutió la posibilidad de garantizar el suministro de electricidad a las familias que no pudieran pagarlo durante el invierno, una propuesta que el PP rechazó en solitario. La crisis ha provocado que la llamada "pobreza energética" afecte a un gran número de familias en toda Europa, y 14 Estados de la UE sí tienen prohibido cortar la luz a sus ciudadanos en determinadas circunstancias.

El pasado mes de septiembre, el Consejo Económico y Social Europeo (CESE) publicó un informe en el que alertaba sobre el aumento de los ciudadanos que sufren pobreza energética, y cifraba en más de 50 millones el número de personas con dificultades para abonar las facturas del suministro de energía en la UE. El organismo instaba a los Estados miembros a "garantizar el servicio universal", así como "el cumplimiento de las obligaciones de servicio público" y "la protección de las personas vulnerables". 

Los datos más precisos acerca de estas medidas a nivel europeo los ofrece el Consejo de Reguladores de Energía Europeos (CEER), un organismo conformado por 29 organismos reguladores de energía de los Estados miembros de la UE y del Espacio Económico Europeo (EEE), entre los que se encuentra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia española. Según recoge este organismo en un informe del año 2012, Polonia es el país comunitario que más protege a los consumidores, ya que su legislación es la única en la UE que prohibe que los ciudadanos sean desconectados de la red eléctrica bajo ninguna circunstancia.

13 países de la UE prohíben cortar la luz en invierno

Sin embargo, esto no significa que el resto de Estados miembros no hayan implantado medidas para combatir la pobreza energética. La mayoría de ellos, si bien no establecen una prohibición total a la hora de cortar el suministro a los hogares, sí que disponen de una serie de supuestos en los cuales garantizan la electricidad a sus ciudadanos. La iniciativa más extendida es la prohibición de cortar la luz en los meses de invierno: 13 países comunitarios –Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Lituania, Eslovenia, Suecia, Países Bajos y Reino Unido; además de Noruega, que pertenece al EEE– poseen una norma en vigor en este sentido.

Además, el informe también recoge que varios de los Estados miembros establecen ciertas condiciones bajo las cuales prohíben desconectar del suministro eléctrico a algunos de sus ciudadanos, si bien en el documento no se aclara cuáles son estos países. En este sentido, los supuestos más habituales son los de personas que sufran enfermedades con peligro para su vida y "otros grupos específicos de la población que se consideran particularmente vulnerables en un Estado determinado", como los ancianos o las familias con niños. Asimismo, el informe menciona la prohibición, vigente en varios países, de cortar el suministro a los hospitales, una restricción que la reforma energética del Gobierno ha eliminado en España.

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Cataluña y Andalucía anuncian iniciativas

A pesar del rechazo del PP a implantar este tipo de medidas a nivel estatal, lo cierto es que algunas autonomías ya han comenzado a aplicarlas. Es el caso de Cataluña, donde el Gobierno aprobó el pasado diciembre un decreto ley para que no se pueda cortar la luz ni el gas desde noviembre hasta marzo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica.

También Andalucía ha anunciado que implantará "medidas legislativas" para "garantizar suministros mínimos vitales de agua y energía eléctrica" a los perceptores del ingreso mínimo de solidaridad, más conocido como salario social. El vicepresidente autonómico, Diego Valderas, afirmó en noviembre que la Junta asegurará "el establecimiento gratuito de al menos 100 litros de agua potable al día", así como 1.400 kilowatios de electricidad al año, con lo que se "cubrirán parte de las necesidades esenciales, estimadas en 2.519 kilowatios anuales". No obstante, se prevé que la norma no esté lista hasta junio.