El 15% de las quejas ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo afectan a España

Los ciudadanos de la Unión Europea (UE) o residentes en cualquiera de sus Estados miembros puede presentar una petición al Parlamento Europeo sobre un asunto que pertenezca a los ámbitos de actividad de la institución. Son canalizadas a través de la llamada Comisión de Peticiones. En lo que va de 2017, el citado órgano de la UE ha admitido a trámite un total de 121 peticiones. Del total, 18 afectan a España [Aquí, en PDF]. Traducido a porcentaje, el 14,9% de las quejas trasladadas al Parlamento europeo por esta vía ponen a España en el punto de mira.

En el mismo periodo de tiempo, Alemania registra 16 expedientes; Francia, 4; Portugal, 3 y Grecia, 8.

El derecho de formular una petición al Parlamento Europeo viene fijado en el artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la UE y en el artículo 44 de la Carta de los Derechos de Unión Europea. Ambos garantizan que todo ciudadano de la Unión –o residente en un Estado miembro– podrá presentar en cualquier momento un petición a la Cámara sobre una cuestión relacionada con los ámbitos de actuación de la UE que le afecte directamente.

Más de la mitad, sobre medio ambiente

Si nos atenemos a la temática, es el medio ambiente la cuestión que más preocupa a quienes acuden a la Comisión de Peticiones con casos que afectan a España: 8 de las 18 peticiones se enmarcan en este campo. Y, de estas, seis se refieren a las Islas Canarias.

Seis ciudadanos de nacionalidad española se han quejado ante el Parlamento Europeo de las leyes 2/2016 para la modificación de la legislación de ordenación de la actividad turística, que es de aplicación en La Palma, La Gomera y El Hierro. Según los peticionarios, la legislación "supuestamente vulnera normas medioambientales europeas y españolas de carácter básico".

Rubén Martínez, uno de los ciudadanos que recurrió antes la Comisión de Peticiones, considera, según el resumen de su queja que facilita este órgano del Parlamento Europeo, que "la ley autoriza directamente una serie de actuaciones y proyectos que producirán (según el Tribunal Supremo de España, sentencia de 18/2/2015) una constatada 'afectación segura' sobre Zonas Especiales de Protección de Aves, áreas Importantes para las Aves (IBA) y Lugres de Importancia Comunitaria, integradas en la Red europea Natura 2000".

También en materia de medio ambiente, la Comisión de Peticiones decidió tramitar el 24 de febrero la queja de un español sobre el impacto ambiental de la mina de uranio de Retortillo y Villavieja (Salamanca). "Se queja de la deficiente evaluación de impacto ambiental, que no habría evaluado la radioactividad de los residuos generados tras la extracción y su impacto en la actividad ganadera vecina, así como la tala indiscriminada de encinas".

Relacionado con el Brexit, un ciudadano británico plantea "la concesión de la ciudadanía de la UE a los ciudadanos británicos a cambio de la revocación de su ciudadanía británica". Y en materia de inmigración y fronteras, una ciudadana de nacionalidad noruega denuncia que los servicios consulares españoles en Senegal han renunciado erróneamente la solicitud de un visado Schengen a su marido.

Camareras de piso

En materia laboral, una española, en nombre de la Asociación Kellys, relacionada con el sector de las camareras de piso, pide al Parlamento Europeo que inste al Gobierno español y a las autoridades autonómicas a que se cumplan las directivas y normativas europeas relativas a horarios y bienestar en el puesto de trabajo de este colectivo de más de 100.000 camareras de piso de los establecimientos hoteleros".

Este colectivo, señala el resumen de la petición, "tras haber consultado estadísticas e informes médicos y laborales," denuncia "la situación de precariedad y explotación en el puesto de trabajo" y que los establecimientos hoteleros no responden "a los requisitos mínimos de seguridad laboral, ni a la carga de trabajo extra".

"La peticionaria pide que el número de personal contratado para el departamento de piso sea directamente proporcional al número de habitaciones/apartamentos de cada establecimiento; que haya más inspectores y más controles y una jubilación anticipada para toda camarera de piso que haya cotizado un mínimo de veinte años y haya cumplido los 55 años de edad, debido a los problemas y trastornos musculo-esqueléticos", añade.

Otras de las quejas tiene que ver con el acceso a la profesión de abogado y procurador, regulado por la Ley 34/2006 y por el Real Decreto-Ley de 5 de marzo de 2012. "Según la peticionaria la ley está siendo aplicada de forma errónea por los Colegios de abogados, que obligan a los profesionales a estar colegiados y pagar sus cuotas de manera ininterrumpida. La peticionaria discrepa del contenido y sugiere que estas leyes discriminan entre estudiantes de derecho graduados antes y después del 31 de octubre de 2011". A su juicio, el acceso a la profesión de abogado y procurador no son conforme a la legislación comunitaria.

La edad de jubilación de los funcionarios públicos españoles es otra de las preocupaciones de quienes acuden ante el Parlamento. Una ciudadana española ha recurrido a la Comisión de Peticiones al considerar "discriminatoria" la edad de jubilación de los funcionarios públicos. Según narra, existen "dos regímenes diferentes según estén adscritos al régimen general o al de la Muface; los unos se podrían jubilar con treinta años cotizados en vez de cuarenta y con60 de edad en vez de 65". Reclama "la armonización de la edad de jubilación y los años de cotización".

El proceso

Si la petición es admitida a trámite, como ha ocurrido con las 18 que afectan a España en lo que va de año, la Comisión tiene un abanico de actuaciones que van desde pedir a la Comisión Europea que efectúe una investigación preliminar sobre la misma e informe de si se respeta o se infringe la legislación de la Unión a la que afecte hasta adoptar las medidas que considere adecuadas para tratar de solucionar el problema.

También es posible que esta comisión transmita su petición a otros órganos del Parlamento Europeo para que estos informen o inicien otras acciones. Y, en casos excepcionales, preparar y presentar un informa completo al Parlamento para que sea votado en sesión plenaria o bien efectuar una visita de información al país o a la región de que se trate y presentar un informe con sus observaciones y recomendaciones

Niños robados

El pasado mayo, una delegación de 9 eurodiputados realizó una visita de dos días a España para recabar más información sobre las denuncias por casos de niños robados entre el franquismo y los años noventa. 

El objetivo de esta misión, que se reunió con miembros del Gobierno y de la Conferencia Episcopal y en la que estuvieron presentes cuatro eurodiputados españoles, era atender de primera mano las denuncias que varios afectados presentaron en el pasado ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, así como explorar posibles iniciativas para facilitar el reencuentro de las familias con los hijos desaparecidos. 

En los próximos meses, la Comisión de Peticiones presentará su estudio de conclusiones.

Congreso y Senado

En España, el Congreso y el Senado también disponen de sus respectivas comisiones de Peticiones. De hecho, el derecho de petición viene reflejado en el artículo 77 de la Constitución: "Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas", refleja en su primer punto. "Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan", añade.

En lo que va de Legislatura, el Congreso de los Diputados sólo ofrece datos hasta el 24 de marzo. Esta comisión, presidida por el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz se ha reunido en cuatro ocasiones desde el pasado septiembre. 

En el periodo de tiempo señalado, la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados estudió 442 peticiones, estudió 77 peticiones de reiteraciones anteriores y recibió 57 respuestas sobre escritos dirigidos a otras instituciones.

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Este órgano parlamentario no legislativo puede tomar dos decisiones en el momento en el que recibe una petición: remitirla al Defensor del Pueblo, a la Comisión del Congreso que estuviere conociendo del asunto de que se trate, al Senado, al Gobierno, a los Tribunales, al Ministerio Fiscal o a la Comunidad Autónoma, Diputación, Cabildo o Ayuntamiento a quien corresponda o archivarla.

La reuniones de esta comisión son a puerta cerrada y la Cámara no facilita datos de las peticiones más allá del número.

El Senado, por su parte, dispone de información más actualizada [datos a junio de 2017] y hace públicos los datos de los peticionarios, un breve resumen de la demanda y el organismo o institución al que se deriva.