Transparencia
El 59% de las entidades públicas incumple la obligación de publicar sus contratos en la plataforma estatal
La ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado establece la obligación legal de las instituciones de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Transcurridos más de tres años desde que esta iniciativa fuera publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el grado de incumplimiento es alto: el 59% de las entidades públicas pasa por alto esta ley.
Así se desprende de un reciente informe de Transparencia Internacional España en colaboración con el el Observatorio de de Contratación Pública (OCP)Observatorio de de Contratación Pública (OCP). De las 242 entidades públicas analizadas (ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones, parlamentos y universidades), sólo 143 cumplían con este requisito a fecha del pasado mayo.
En el apartado de parlamentos no pasa inadvertido que Congreso y Senado Senadofiguran como instituciones incumplidoras a la hora de publicar sus contratos y adjudicaciones en la plataforma estatal. No obstante, ambas instituciones publican los procesos de contratación abiertos, las adjudicaciones e incluso los contratos menores en sus respectivas páginas web.
Es precisamente este apartado, el de las cámaras legislativas nacionales y autonómicas, el que peor parado sale en el citado informe de Transparencia Internacional. De los 19 parlamentos estudiados –las 17 cámaras autonómicas, más Congreso y Senado– sólo cumplen 9. Es decir, el 47%. En este grupo se ubican las Cortes de Aragón, el Parlamento de Cantabria, el de Castilla-La Mancha, la Asamblea de Extremadura, el Parlamento de Galicia, el Parlamento de La Rioja y los parlamentos vasco y navarro.
Avances significativos
Pese a que la cifra de cumplimiento no llega al 50%, la mejoría en este apartado respecto a los últimos informes es notable: en enero de 2016 sólo cumplían el 26% de los parlamentos, cifra calcada a la de otro informe de julio de ese mismo año.
La publicación en el citado portal de la contratación fue concebido como un ejercicio fundamental de transparencia. Una herramienta centralizada en la que ciudadanos y empresas tienen acceso a los contratos y licitaciones. En los últimos años, muchos de los casos de corrupción que han visto la luz dejaron al descubierto adjudicaciones a dedo, concursos opacos a medida de determinados empresarios y contratos troceados para burlar los límites de la ley.
El siguiente grupo de instituciones en el ranking de incumplidoras es el de los ayuntamientos. De 110 analizados por Transparencia Internacional –los más grandes–, sólo 56 incorporan información sobre los contratos que sacan a concurso a la plataforma estatal. En el primer informe elaborado, sólo 29 consistorios aplicaban este precepto de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.
La situación en los ayuntamientos
Entre los ayuntamientos cumplidores destacan Madrid, Málaga, Santiago de Compostela o Zaragoza. Y entre los que suspenden, A Coruña, Alicante, Cádiz, Sevilla, Valencia y Salamanca.
El nivel de cumplimiento de las comunidades autónomas es, según Transparencia Internacional España, del 59%. Cumplen, pues, 10 de las 17. El avance respecto a los últimos años también ha sido aquí significativo: en enero de 2016 sólo lo hacían tres autonomías.
Ahora no cumplen Andalucía, Aragón, Cantabria, Extremadura, Galicia, Murcia y Navarra.
Entre las instituciones en las que la ley está más implantada se ubican las universidades (70%) y las diputaciones (71%).
Las diputaciones, las instituciones más cumplidoras
De las 51 universidades públicas analizadas, 36 de ellas vuelcan sus contratos en la plataforma estatal. No lo hacen la Complutense de Madrid, la de Barcelona, la de Granada, A Coruña, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, León, Santiago de Compostela, Vigo, Internacional de Andalucía, Internacional Menéndez-Pelayo, Politécnica de Cartagena, Politécnica de Cataluña, Politécnica de Madrid y Pública de Navarra.
En las diputaciones, aprueban 32 de 45. Las que suspenden en el ranking de publicación de contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público son Albacete, Ávila, Cáceres, Granada, Guadalajara, Gipuzkoa, Huelva, el Consell de Mallorca, Ourense, Salamanca, Segovia, Sevilla y el Cabildo de Tenerife.
Desde Transparencia Internacional España se insta a todas las instituciones a adaptarse a la ley cuando antes para que "la información general y detallada de los contratos y licitaciones que llevan a cabo los miles de entidades públicas españolas se encuentre centralizada a nivel nacional y a disposición de todos los ciudadanos y empresas de este país, de cara a un aumento de la transparencia y la prevención de la corrupción". Además, subrayan que, de este modo, se posibilitaría "un mayor cumplimiento de las reglas de la competencia y, por tanto, de la eficiencia económica global ".