"Al servicio del interés superior de España". Así describe Santiago Abascal las actividades lucrativas que desarrolló antes de ser diputado. Pero ni en esa frase ni en nada de lo escrito por el líder de Vox en la Declaración de Intereses Económicos del Congreso de los Diputados hay una sola palabra que permita saber en qué consistieron tales actividades. La normativa lo exige, pero ni Abascal ni los diputados de Vox cumplen con la transparencia del nuevo requisito, vinculado al Código Ético de las Cortes y de presentación obligada. El objetivo es que cualquier ciudadano conozca qué actividades pudieron "condicionar" su acción política o les proporcionaron "ingresos económicos" a lo largo del quinquenio previo a su elección como parlamentario: el periodo 2014-2018 en el caso del presidente de la formación ultra, que obtuvo su escaño en las elecciones de abril de 2019 y lo renovó luego en noviembre.
De todos los líderes que comparten espacio en el hemiciclo, desde el presidente del Gobierno a los portavoces de las formaciones minoritarias, pasando por Pablo Casado, el vicepresidente Pablo Iglesias o Inés Arrimadas, Abascal es el único que no aporta ni un solo dato que disipe las dudas potenciales. Y eso ocurre un año después de que en enero de 2020 trascendiese que el exilio iraní había pagado en 2014 ocho meses de sueldo para Santiago Abascal.
Solo el último año de la serie -2018- queda fuera de la incógnita: ganó 55.148,54 euros netos en su calidad de “asalariado con cargo de presidente” de Vox. La cuantía y su origen se conocen porque la llamada declaración de bienes, también forzosa para todos los parlamentarios, no permite dejar vacía la casilla destinada a reflejar lo ganado en el ejercicio anterior. Pero ni la cifra conocida es extrapolable a los ejercicios anteriores ni Abascal ha dejado constancia en la nueva Declaración de Intereses Económicos de si entre 2014 y 2017 todos sus ingresos procedieron del partido. Tampoco aclara si ha percibido alguna cantidad de la Fundación Denaes, cuya presidencia ostentó hasta noviembre de 2014 y a cuyo patronato sigue perteneciendo como secretario, lo que le convierte en uno de los dos responsables de firmar las cuentas anuales.
Denaes (siglas de Defensa de la Nación Española, un auténtico trampolín político tras su ruptura con el PP) fue la primera fundación ligada a Abascal pero no es la única. El jefe de Vox encabeza desde julio de 2020 la nueva y boyante fundación de la formación ultraderechista, Disenso, que no quedó inscrita en el Registro de Fundaciones hasta febrero. Su principal activo visible es el digital gaceta.es.
infoLibre envió por escrito el martes dos preguntas a los portavoces oficiales de Vox: de dónde procedían los ingresos de Abascal en el quinquenio 2014-2018 y si percibe o ha percibido remuneración de las fundaciones Denaes o Disenso. No hubo respuesta.
El silencio de Abascal en su declaración de intereses en cuanto a la Fundación Denaes y a Disenso marca una línea divergente de la trazada por dos diputados de Vox: José Luis Steegman y Carla Toscano, ambos electos por Madrid, comunicaron ya en 2020 a la Comisión del Estatuto del Diputado sus vínculos respectivos con una fundación y dos asociaciones e incorporaron luego esos datos a sus declaraciones de actividades. Ambos precisaron ante la Comisión del Estatuto que no les reporta remuneración alguna ni el cargo de presidente de la Fundación Española para la Curación de la Leucemia Mieloide Crónica ni los que, sin detallar, ostenta la diputada en dos asociaciones: Principios y España Siempre.
El Congreso estudia qué hacer
De momento, el Congreso estudia qué hacer tras el plante de Vox. ¿Caben sanciones contra él y los otros 51 diputados de Vox, que tampoco desvelan de qué vivieron durante el lustro previo a esta legislatura? Sí, caben. Pero nadie aventura ni cuándo terminará la fase de análisis de lo sucedido ni qué decisión adoptará la Presidencia de la Cámara. Tampoco hay explicación oficial sobre por qué el formulario original por el que debía regirse la Declaración de Intereses Económicos de los diputados y aprobado en febrero de 2019 ofrecía una redacción más clara y contundente que la cerrada a en septiembre de 2020, la única que ha llegado a entrar en vigor.
El epígrafe del punto central de la primera versión decía esto: "Actividades que haya desempeñado en el pasado y que le hayan proporcionado ingresos económicos". El segundo y definitivo texto resulta más equívoco: "Actividades desarrolladas en los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario y que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos". Pese a que se trata de una redacción más vaga y equívoca, las declaraciones de intereses económicos formuladas por los pesos pesados con escaño en el Congreso les distancian del camino seguido por Abascal.
El presidente y máximo dirigente del PSOE, Pedro Sánchez, suma a los cargos públicos desempeñados en el quinquenio una referencia a los derechos de autor "por creación literaria" así como otra a su actividad "particular sin conflicto de intereses" para el arrendamiento de "una vivienda no habitual y no afectada a actividades económicas"; el líder del PP. Pablo Casado, anota en el cuadro de actividades previas al escaño actual sus sucesivos cargos internos como vicesecretario de comunicación y presidente del partido. El vicepresidente segundo y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, agrega a su lista de cargos políticos la relación que como empleado tuvo desde antes de 2014 y hasta enero de 2020 con dos empresas privadas que producían el programa donde ejercía como director y presentador de La Otra Tuerka. E Inés Arrimadas refleja su condición de diputada en el Parlamento de Cataluña entre 2012 y 2019.
Tres ejemplos más: el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se remonta incluso a 2005 para fechar el momento en que empezó a trabajar para una empresa de recursos humanos como seleccionador de personal. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, deja en blanco la casilla de actividades porque ya en 2014 era diputado y poseía, por tanto, dedicación exclusiva pero sí anota a qué asociaciones y a qué fundación -la Sabino Arana- ha ido aportando fondos. Y el líder de Más País, Íñigo Errejón, agrega a la relación de cargos públicos y orgánicos los nombres de la editorial para la que en 2018 escribió el prólogo de un libro y aquella otra que en 2015 editó un libro del que era coautor.
Los tres senadores rompen el molde y aportan datos
A diferencia de los casos anteriores, tanto la declaración de Abascal como la de cada uno de sus correligionarios en el Congreso reproducen la misma plantilla de respuestas, que ningún dato aportan. Lo hacen con el siguiente texto en lo que a las ocupaciones previas concierne: “Ninguna de las actividades desarrolladas por mí durante los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario podrá condicionar mi actividad política en tanto en cuanto esta se desarrollará siempre al servicio del interés superior de España y de los españoles con lealtad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico vigente tal y como juré en la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados”.
El calco de respuestas se repite en el epígrafe dedicado a los regalos recibidos –“ninguno de especial consideración o valor”, así empieza- y en el de las contribuciones a fundaciones o asociaciones: “Pequeñas aportaciones y tareas de voluntariado”, comienza aquí la versión idéntica de los 52 diputados.
Pero hay un hecho que hasta ahora había pasado inadvertido y que refuerza el papel protagonista del diputado Abascal. Y consiste en que los tres senadores de Vox sí han completado sus declaraciones de intereses económicos siguiendo las instrucciones exactas del acuerdo que en octubre instauró la obligación de presentar esa nueva declaración, adicional a las dos ya existentes: la de bienes y la de actividades.
El año en que cerró el “chiringuito” público que le pagaba
En el quinquenio 2014-2018, Vox no consiguió ni un euro de financiación pública dado que no había cosechado todavía escaños en ningún Parlamento autonómico ni en las Cortes Generales. Tan solo, 22 concejales en las elecciones municipales de 2015, muchos de ellos en municipios de exigua población. En 2019, entraron ya subvenciones -613.575 euros- en sus arcas tras los comicios andaluces de diciembre de 2018, donde la formación se hizo con 12 escaños. Meses más tarde, se disparó ya la escalada de votos para Vox en los comicios generales de abril. Ese año, el partido de Abascal recibió en total 9.937.942 de euros del Estado. El barbecho había acabado.
Cuando en enero de 2014 cesó “a petición propia” en la fundación pública madrileña Mecenazgo y Patrocinio, calificada luego por él mismo como “chiringuito” y donde cobró 82.491,84 euros por un año como director, también para Santiago Abascal comenzó una etapa de barbecho de fondos públicos. El sueldo como director de la citada fundación, que en 2013 recorrió su último tramo de existencia sin cumplir ni uno solo de los objetivos marcados para el ejercicio, fue una especie de déjà vu: porque 82.491 euros, una cifra superior a la de la retribución establecida entonces para el presidente del Gobierno (78.185,04 euros) ya habían sido los percibidos en el primer puesto público que dos años antes le asignó el Gobierno de Esperanza Aguirre, la responsabilidad sobre la Agencia de Protección de Datos. Cobró esa cifra en 2011. Y la repitió en 2012, según la información oficial recabada años más tarde por maldita.es
Hermann Tertsch infringió el Código de Conducta del Parlamento Europeo al no declarar una empresa de su propiedad
¿Salió de forma íntegra el sueldo de Abascal en 2014 de la donación del grupo iraní CRNI, considerado por EEUU como organización terrorista y que en total donó en secreto un millón al entonces recién creado partido para su campaña de las elecciones europeas? Ese año, y según las cuentas anuales, el partido recibió 235.287 euros. Y gastó en personal 112.865 euros. Antiguos militantes de Vox sostienen que la cuota ya rondaba los nueve euros pr mes, rebajados a cinco en el caso de parados y jubilados.
Según El País, Abascal y el ahora portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ingresaron en 2014 del dinero del CNRI 65.000 euros repartidos entre ambos en concepto de ocho meses de salario. Espinosa de los Monteros aseguró en enero de 2020 que en realidad cobró “brevemente” una retribución “por trabajar” para la formación ultra en los comicios europeos de 2014. No negó -asegura el rotativo de Prisa- que el dinero proviniese del exilio iraní. Y facturó sus retribuciones a través de una sociedad.
"Al servicio del interés superior de España". Así describe Santiago Abascal las actividades lucrativas que desarrolló antes de ser diputado. Pero ni en esa frase ni en nada de lo escrito por el líder de Vox en la Declaración de Intereses Económicos del Congreso de los Diputados hay una sola palabra que permita saber en qué consistieron tales actividades. La normativa lo exige, pero ni Abascal ni los diputados de Vox cumplen con la transparencia del nuevo requisito, vinculado al Código Ético de las Cortes y de presentación obligada. El objetivo es que cualquier ciudadano conozca qué actividades pudieron "condicionar" su acción política o les proporcionaron "ingresos económicos" a lo largo del quinquenio previo a su elección como parlamentario: el periodo 2014-2018 en el caso del presidente de la formación ultra, que obtuvo su escaño en las elecciones de abril de 2019 y lo renovó luego en noviembre.
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