Aborto libre, educación en igualdad o regular el empleo doméstico: las demandas del 8M

El movimiento feminista llama este viernes a pararlo todo. Lo hace, un año más, a través de una huelga convocada en cuatro ámbitos: laboral, educativo, consumo y cuidados. Y lo hace con demandas concretas sobre la mesa. Aunque los motivos que dan sentido a la movilización giran en torno a la desigualdad que pesa sobre las espaldas de las mujeres, sus exigencias toman forma de reivindicaciones específicas que las activistas lanzan a los dirigentes y responsables políticos.

Cada territorio tiene autonomía para desarrollar su argumentario en base al núcleo estatal, que sienta las bases de sus mensajes. Así lo explica Patricia Ponce, activista y directora de Haurralde Fundazioa. Esas exigencias que acompañan y dan sentido a las acciones feministas adquieren especial intensidad durante la campaña electoral que ya preparan los partidos. "Todo lo que ofrezcan en la línea de nuestras demandas está bien", reconoce la activista, pero es importante tener "la fuerza suficiente para hacer incidencia política en el seguimiento de lo que han dicho que van a cumplir". Es decir, "analizar cada propuesta, qué es lo que prometieron, qué es lo que van a hacer y qué es lo que no está", detalla y lo resume en una predicción: "Nos tocará barrer después".

Paula Ríos, portavoz de la Plataforma Feminista Galega, prevé que este 8 de marzo será utilizado como parte de la campaña electoral. Y pone el ejemplo de Lugo, donde el domingo 3 de marzo se manifestaron miles de personas como antesala de la movilización que tendrá lugar el viernes. "Allí estuvieron presentes PP y Ciudadanos, que están en las antípodas de lo que está pidiendo el feminismo", comenta Ríos. El movimiento articulado por las mujeres se ha encargado año tras año de subrayar su carácter "anticapitalista", dice, porque "el liberalismo es lo que lleva a la miseria a las mujeres". Pese a ello, las activistas dicen ser conscientes de que la fecha, el movimiento y sus proclamas serán utilizadas por determinados actores políticos. "El 8M y la huelga es una iniciativa del movimiento feminista, somos muchas, diversas, y venimos de diferentes genealogías del mundo político. El movimiento no es de ninguno de ellos y no vamos a permitir que intenten utilizarlo ni de un lado ni de otro", sentencia la activista gallega.

Legislación y compromiso presupuestario

No renuncian, sin embargo, a las demandas que estiman urgentes para desterrar la violencia. Algunas de las medidas que reclaman están contenidas en la legislación o en los pactos vigentes, pero llegan tarde o son insuficientes. Otras ni siquiera son prioritarias en la agenda política. El objetivo de las feministas tiene que ver con llevarlas a las calles, las aulas, las empresas y los hogares. Charo Carracedo, miembro de la Comisión 8M de Sevilla, insiste en que el primer paso tiene que ver con lograr la paridad real. "Las leyes que existen no garantizan la participación en igualdad de las mujeres", opina, por tanto "son leyes que se deben cambiar". Esto deviene necesariamente en una "implicación real de todos los gobiernos" a través de una "concreción presupuestaria". "Las políticas no son discurso, son presupuesto", entiende la activista y abogada. El compromiso presupuestarios de todos los gobiernos es imprescindible para lograr todo lo demás, porque a día de hoy la dotación presupuestaria en materia de igualdad y contra la violencia "es nefasta".

A la hora de determinar acciones concretas, también Ponce cree necesario "invertir fundamentalmente en mayores fondos públicos para la lucha contra la violencia". Lo presupuestado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, dice, no es suficiente. Terminar con la violencia contra las mujeres requiere de "un esfuerzo económico", también por parte de las comunidades autónomas. Unido a ello, debe existir además una actualización de las "legislaciones que hayan podido quedar desfasadas o los planes estratégicos que tengan que ver con violencia e igualdad", para "adaptarlo a la realidad y al Convenio de Estambul".

Ríos, por su parte, recuerda la importancia de ampliar la Ley Contra la Violencia de Género de 2004, de manera que la violencia machista no tenga que cumplir el requisito de ser perpetrada por la pareja o expareja de la víctima. Aunque la lucha contra la violencia de género tiene reservado el 25 de noviembre, Carracedo coincide en resaltar que la ley de 2004 "se queda corta, igual que el Pacto de Estado". Es imprescindible incorporar "todos los tipos de violencia", algo que, observa, ya ha comenzado a calar entre la sociedad. Aunque la activista destaca que la mayoría de legislaciones autonómicas sí incorporan las obligaciones internacionales en la definición de violencia, lo cierto es que todavía "toda la parte propositiva, de servicios y garantías" se ciñe a las relaciones de pareja.

  Derechos sexuales y reproductivos

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están igualmente presentes entre las voces de las feministas. Es importante, dicta Ponce, "coger fuerzas para una lucha que permita blindar los derechos sexuales" de las mujeres. Que queden "contemplados en los planes de salud de las administraciones públicas, a través de una mirada intercultural", opina.

Carracedo asegura que lo relativo a la interrupción voluntaria del embarazo es una de las reivindicaciones históricas del movimiento, pero lamenta que no todo está conseguido. "No existe legislación que reconozca la voluntad de las mujeres", asegura, al tiempo que llama a eliminar del Código Penal esa "decisión libre de las mujeres" y a recoger "especialmente la libertad de las mujeres jóvenes".

La Comisión 8M a nivel estatal cree importante lograr la aprobación de la Ley LGTBI y la modificación de la Ley del Aborto, de manera que, entre otras medidas, queden fuera los tres días de reflexión. La Comisión de Sevilla, por su parte, incluye entre sus propuestas tapiar cualquier puerta que dé paso a los vientres de alquiler y la regulación de la prostitución, aunque no todas las comisiones territoriales comparten esa postura. "Tiene que haber una posición clara y cambios legislativos" para evitar ambas prácticas, entiende Carracedo, quien apuesta por "políticas abolicionistas donde no sea posible lucrarse con la prostitución ajena".

Educación pública, laica y gratuita 

Producto de una reflexión colectiva constante, insisten las activistas en ir a la raíz del problema: la educación. Y ahí, en la base, también apuestan por construir el andamiaje necesario para terminar con la violencia machista y la desigualdad. Ponce lanza la idea de implantar "unidades pedagógicas sobre feminismo" en las escuelas, reproduciendo dice el modelo que ya se sigue en algunos países. El propósito consiste en caminar hacia "la inclusión de los hombres", porque a día de hoy "no están en la lucha" y las activistas "necesitan que se unan para desterrar las violencias machistas y la desigualdad".

En ese contexto, resulta clave una educación "pública, laica y con contenidos feministas en los diferentes grados educativos", completa Ríos. El movimiento feminista mantiene además el imperativo de una "formación específica en género" entre el personal docente, además del uso del "lenguaje inclusivo" en las aulas. "Y queremos aparecer en los libros, no sólo como figuras colaterales", subraya la activista gallega.

La Comisión 8M a nivel estatal reivindica una educación "pública, de calidad, a coste cero, accesible para todas, feminista, laica, anti-racista y anticolonial que rescate el contenido histórico invisibilizado por la mirada patriarcal y occidental". Para la Assemblea Feminista de València, es fundamental trabajar por la coeducación y sobre"un enfoque que implica trabajar de forma tanto específica como transversal la perspectiva de género en las aulas, en todos los niveles educativos y en todas las asignaturas, para que las mujeres y sus aportaciones al conocimiento dejen de ser presentadas como una excepción y salgan del silencio al que han sido sometidas". También exigen "espacios educativos libres de violencias machistas, así como de actitudes racistas y xenófobas que repercuten negativamente entre las alumnas y alumnos racializados". La educación, defienden, "debe ser accesible a las mujeres y a las personas con diversidad funcional y del mundo rural". La bajada de las tasas universitarias y el aumento de las becas para el estudio está también entre sus exigencias.

  Contra la precariedad laboral

El eje laboral es quizá el más visible dentro de la organización de la huelga. Para Ponce, es importante crear una comunicación fluida entre el movimiento feminista y los actores políticos, "para pensar en estrategias de creación de empleo" capaces de combatir el paro juvenil o la precariedad laboral, porque "todavía se sigue hablando de feminización de la pobreza". Y para evitar la precariedad laboral, resulta imprescindible poner en marcha herramientas como los permisos iguales e intransferibles, un paso que ya anunció el Gobierno mediante Real Decreto. Pero "sin trampas", matiza Ríos, quien a futuro cree necesario plantear un posible aumento de los permisos, porque "16 semanas son pocas".

Sobre la aclamada igualdad salarial habla Carracedo y propone un cambio de enfoque. "Estamos demasiado acostumbrados a que las políticas se basen fundamentalmente en conceder determinadas notas positivas a quienes cumplen con su obligación", en lugar de imponer "limitaciones a las empresas que no lo hacen", opina. En ese sentido, se inclina por penalizar a las empresas que no cumplan con la equiparación salarial como condición imprescindible, por ejemplo, para la contratación pública.

Ponce también pone el acento sobre la "redistribución y la fiscalidad" e insiste en la lucha contra los paraísos fiscales. "Sin una justicia fiscal no podemos hablar de redistribución y vida digna", subraya. Y relacionado con el sistema económico, Ríos menciona la urgencia de "un sistema de pensiones público en el que se diluya la diferencia entre contributivas y no contributivas", dirigido a "todas las personas" y cuya cuantía "garantice vidas dignas".

Respecto a las empleadas del hogar, las feministas llevan tiempo reclamando la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un acuerdo impulsado en 2011 para regular el trabajo doméstico y equipararlo con el resto de empleos a nivel de derechos, que España no ha suscrito todavía. Para Ríos es importante además "la abolición del régimen interno", que considera "una esclavitud".

En València, las activistas feministas reclaman "la derogación de la reforma laboral que condena a la precarización permanente, la abolición del trabajo interno y la ratificación por fin del Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo doméstico y su desarollo, medidas que no dejan de retrarsarse en detrimento de las condiciones laborales de miles de trabajadoras domésticas". Tal y como comentan a preguntas de este diario, "no es posible seguir hablando de Estado del bienestar ni de medidas por la igualdad si no cambian las condiciones laborales de quienes se dedican a los trabajos del hogar y a los cuidados". En esta línea, creen indispensable que el Estado tome medidas para "reconocer el trabajo de cuidados que realizan cada día millones de mujeres y que ha sido tradicionalmente invisibilizado y menospreciado".

La Comisión 8M estatal reclama además medidas como la implantación de curriculims y entrevistas ciegas, el cumplimiento de cuotas de paridad en los puestos de decisión y el cuidado de "la salud laboral desde una perspectiva de género". La Comisión de Madrid completa las demandas al exigir, entre otras cuestiones, que los datos de actividad laboral y desempleo que aportan las administraciones sean desglosados por colectivos de mujeres, donde citan la "diversidad funcional, mujeres psiquitrizadas, migrantes, trans y racializadas". También piden despenalizar la venta ambulante e incluir "alternativas de regularización u ocupacionales viables y deseables". Es importante en terreno laboral, afirman las madrileñas, aumentar las inspecciones de trabajo en los sectores feminizados y con altas tasas de contratación temporal.

Se repiten, por consenso, las reivindicaciones en torno al cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y las devoluciones en caliente. "La política que se haga por parte del Gobierno tiene que ser nítida" en cuanto a la protección de las mujeres en situación de especial vulnerabilidad, entiende Carracedo y coinciden con ella las demás activistas consultadas. La Assemblea Feminista de València mantiene como "principal demanda" el cierre de los CIE y la abolición de la Ley de Extranjería. "Entendemos que el feminismo debe ser antiracista y anticolonial y es inadmisible que todavía sigan existiendo estas cárceles racistas en las que se vulneran los derechos humanos en nuestras ciudades", sentencian.