Adiós a la exclusión de solteras, lesbianas y personas trans de la reproducción asistida: "Fue un veto ideológico"

Han tenido que pasar siete largos años para que las mujeres solteras, lesbianas, bisexuales y personas trans con capacidad gestante puedan tener hijos mediante reproducción asistida y a través de la red pública. Este viernes, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, consagró el compromiso del Gobierno de recuperar la prestación para estas personas después de que el Partido Popular sembrara su exclusión en el año 2014.

Fue decisión de la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato. A finales de 2014, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba una orden ministerial que modificaba la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida. El texto delimitaba el acceso a la prestación por motivos exclusivamente clínicos: sólo podrían acceder a ella quienes tuvieran "untrastorno documentado de la capacidad reproductiva, constatada tras el correspondiente protocolo diagnóstico y no susceptible de tratamiento médico o tras la evidente ineficacia del mismo", así como la "ausencia de consecución de embarazo tras un mínimo de doce meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos". La limitación –que también vetaba a las mujeres menores de 40 años– dejaba fuera a mujeres solteras y lesbianas porque "la falta de varón no es un problema médico", sentenció entonces la conservadora.

A través de la firma de una nueva orden ministerial, Carolina Darias puso este viernes punto final a la exclusión. No lo hizo sola, sino rodeada de representantes del movimiento feminista y del colectivo LGTBI. Al tiempo que la ministra subía a la tarima para estampar su rúbrica en el documento, se tomaba unos segundos para reflexionar y hacer una llamada a los presentes: pidió que quienes han estado implicados en la lucha durante estos siete años, participaran simbólicamente en la firma. Al instante, una docena de personas arroparon a la ministra. "Siempre rompo los protocolos", bromeó la titular de la cartera. A partir de ese momento, comenzó a usar el plural: "Hoy, nosotros y nosotras, que hemos firmado esta orden, contribuimos a tener una sociedad mucho más decente que reconoce a todas las personas que la integran".

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, junto a representantes de organizaciones sociales.

"España es un referente mundial en sanidad pública, políticas de igualdad y LGTBI", clamó Darias para reforzar su "apuesta clara por la solidaridad". Consensuar y sacar adelante la orden ministerial "ha costado tiempo y trabajo", admitió la ministra, visiblemente emocionada. Lo cierto es que la firma de esta nueva orden era un compromiso firme de los socialistas. En 2018, la entonces ministra de Sanidad, Carmen Montón, ya se comprometió a revertir la exclusión y su equipo redactó el texto para enmendarla. Fue su sucesora, María Luisa Carcedo, quien iniciaría el procedimiento para sacar el documento a consulta pública y el propio Salvador Illa, ya dentro del Gobierno de coalición, prometió de nuevo ponerlo en marcha durante su toma de posesión. Un compromiso que blindó el presidente Pedro Sánchez en su discurso de investidura y que quedó definitivamente consolidado a través de su inclusión en la Ley de Igualdad LGTBI, aprobada en Consejo de Ministros el pasado mes de junio. Fue gracias a este anteproyecto que las personas trans con capacidad gestante se hicieron un hueco en la orden ministerial.

La ministra, que puso el broche final al acto, reconoció sentir "orgullo de país" y afirmó que la consecución del derecho "dignifica" a la ciudadanía y a las instituciones. A su intervención le precedió la de Uge Sangil, presidenta de la FELGTB. El de este viernes es un "momento político que se debe escribir con mayúsculas", lanzó desde el atril, "uno de esos días en los que piensas que el activismo merece la pena y que lo personal es político". En esa esfera, el plano personal, se detuvo la activista: "Hoy, por fin, mi novia Cristina y yo quizá nos planteemos quedarnos embarazadas". Sangil tuvo también palabras para Rubén Castro, el hombre trans que dio a luz a Luar el pasado mes de mayo. Y celebró que las trabas por las que tuvo que pasar sean ya un recuerdo.

A través de un vídeo, la socialista y activista Carla Antonelli también aplaudió lo que calificó de "hito histórico", aunque recordó que "todos los derechos conquistados son susceptibles de ser arrebatados". La socialista atribuyó a Pedro Sánchez el logro de "estar liderando toda una artillería de leyes feministas y LGTBI" que sitúan a España en la vanguardia. Con esta orden ministerial, remató la histórica activista trans, se consigue "expandir dignidad a golpe de BOE".

"Fue un veto ideológico"

La decisión de Ana Mato no fue acatada por todas las comunidades, dado que la orden ministerial era de menor rango legislativo que la ley estatal. En su mayoría, las autonomías decidieron mantener intacta la financiación de la prestación para todos los supuestos. Fue el caso de Extremadura, a cuyo sistema de salud pudo acceder Silvia Tostado, madre y activista en la Fundación Triángulo. "Yo soy madre de dos criaturas por reproducción asistida y lo hicimos en el sistema público", presume. Pero no todo fueron facilidades, al contrario: "Le tuve que hacer trampas al sistema y nadie tendría que hacerlo así". Aunque la región mantuvo la puerta abierta a mujeres solteras y lesbianas, no era tan fácil para quienes ya fueran madres. La orden ministerial de 2014 establecía como requisito que quienes hicieran uso de la prestación debían ser "personas sin ningún hijo, previo y sano".

"Tuve que esconder a mi familia, a mi hija, a mi mujer", lamenta Silvia. En conversación con este diario tras el acto de este viernes, la activista reconoce sin embargo que otras muchas mujeres, residentes en comunidades más restrictivas, ni siquiera contaron con la posibilidad de entrar en el sistema. "Fue un veto ideológico para seguir concentrando la familia en torno a las familias heterosexuales", exclama. Así, la orden dio vía libre a desigualdades flagrantes en el acceso a la prestación: una mujer que mantuviera relaciones con su pareja sin conseguir un embarazo, podría acceder al servicio o quedarse fuera sólo en función de su orientación sexual. El problema, diagnostica la activista, es que en aquel momento "había gente gobernando" en contra de que las mujeres lesbianas pudieran "tener una familia y eso se hizo ley".

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Extremadura se encuentra entre las comunidades que desde el primer momento decidieron no obedecer el dictado de la orden ministerial. Así lo hicieron otras como Andalucía y Euskadi, una opción que finalmente fue seguida por la práctica totalidad de las regiones. La Comunidad de Madrid fue condenada en 2015 por excluir a una pareja de lesbianas de la reproducción asistida, al considerar la justicia que la ley estatal de 2006 es de rango superior a la orden, por lo que los criterios establecidos en ella deben primar. Otras sentencias han dado la razón a las mujeres que decidieron librar la batalla en los tribunales. 

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, relativos al año 2019, en un total de 311 centros se realizaron 148.165 ciclos de fecundación in vitro y 32.548 de inseminaciones artificiales, lo que resulta en 180.713 tratamientos de reproducción asistida. La cifra supone un crecimiento de 23.848 tratamientos en comparación con el primer registro disponible, relativo a 2014. En el caso de la inseminación artificial, el 70,7% de los centros analizados son privados, porcentaje que escala al 81% en el caso de la fecundación in vitro.

Una reciente investigación de Civio constata que, de un total de 43 países estudiados, más de la mitad prohíbe el acceso a la reproducción asistida a lesbianas y casi un tercio a mujeres sin pareja. Territorios como Italia, Suiza, Eslovenia o Lituania mantienen todavía vetos para todos estos supuestos.