Aisha, la inmigrante irregular detenida en su juicio por despido: "No soy una asesina ni una ladrona"

Aisha D., de 36 años, llegó a España en septiembre de 2015. Viuda, y con un hijo en su Marruecos natal, cruzó el Estrecho con la única intención de construir una nueva vida en nuestro país. Se instaló en casa de su tío, un pequeño piso ubicado en un barrio con una importante presencia árabe de la localidad madrileña de Galapagar. Sin embargo, un accidente laboral, seguido de un despido y la posterior actuación de una jueza de lo Social pueden trastocar el proyecto de futuro que había ido apuntalando durante el último año y medio en su nuevo hogar.

Los primeros meses no fueron sencillos. Chapurreando tan solo unas pocas palabras en español, Aisha fue adaptándose a su nueva vida a poco más de un millar de kilómetros de su casa. El 18 de julio de 2016, empezó a trabajar en el asador de Galapagar como ayudante de cocina, desempeñando diferentes tareas. "Hacía de todo. Cortaba patatas, fregaba los platos...", cuenta a infoLibre sentada en uno de los sofás de estilo árabe que decoran el salón de su tío. A su lado, Nawel y Mohamed, dos amigos de la familia, ejercen de traductores.

Era su primer trabajo. Sin contrato, ni nómina ni alta en la Seguridad Social, acudía al asador cuatro horas al día de miércoles a sábado y tres los domingos. Le pagaban cinco euros la hora. En total, 380 al mes. Aisha lamenta haberse creído las promesas que le hizo su jefa: "Me dijo que me iba a hacer un contrato porque le gustaba cómo trabajaba", señala a este diario. La mujer, que abandona la sala en repetidas ocasiones para echar un vistazo al bizcocho y té que está preparando, critica que se aprovecharan de su "situación legal" en España.

"Me dejó abandonada"

El 7 de octubre de 2016, Aisha, que trabajaba junto a otras "dos chicas que sí tenían contrato y estaban dadas de alta en la Seguridad Social", acudió al asador como un día cualquiera. Sin embargo, todo se torció. Mientras estaba utilizando una máquina cortadora en la cocina, sufrió la amputación del dedo anular de la mano derecha. Cuatro meses después del accidente laboral, aunque mejora "poco a poco", todavía sigue necesitando curas periódicas. "Esta mañana he ido a El Escorial para que lo revisaran", dice mientras dirige su mirada hacia la venda. 

Tras el accidente, la cocinera del asador la acompañó al centro de salud de Galapagar. De allí, la derivaron al Hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda, donde fue operada para repararle el tendón por amputación del pulpejo del dedo. El 10 de octubre, la empleadora, tras acudir junto con Aisha a la revisión en el centro hospitalario, le comunicó que "ya no podía seguir trabajando en el asador" por miedo a una Inspección de Trabajo y rechazó hacerle "ningún contrato". "Al principio, ella estuvo conmigo, trayéndome las medicinas. Luego, no quiso saber nada más de mí", recuerda.

La mujer cuenta que la dueña del asador, además, le pidió que no denunciara lo ocurrido y, tras volver de Majadahonda, le dio 70 euros por los días trabajados ese mes. "Me dijo que si denunciaba, ella le diría al juez que yo nunca había trabajado en el asador", relata con la ayuda de Mohamed y Nawel. Aisha, no obstante, decidió seguir adelante por un despido que considera "improcedente o subsidiariamente nulo". En la demanda, además, pide que se la readmita o indemnice y que la empresaria sufrague la baja y la incapacidad temporal de su trabajadora.

"Vas a llegar a un acuerdo o aviso a la Policía"

Tras emprender acciones legales contra la dueña del asador, un camino que no se atreven a recorrer por miedo otros muchos inmigrantes en situación irregular en España, las dos partes implicadas acudieron el pasado día 2 de febrero al Juzgado de lo Social número 36 de Madrid. Con el objetivo de conciliar y evitar así la celebración del juicio, la empresaria ofreció a su trabajadora 1.700 euros, una cifra que aumentó posteriormente, cuenta Aisha, hasta los 3.000 con el objetivo de esquivar el proceso judicial y dar carpetazo definitivo al asunto.

El verdadero jarro de agua fría llegó cuando la titular del juzgado, Patricia Valle Lorenzo, instó a la mujer marroquí a conciliar con su antigua jefa. Si no lo hacía, relata mientras pone sobre la mesa té y pastas, "iba a llamar a la Policía porque estaba en España de forma ilegal". "Vas a llegar a un acuerdo con ellos o voy a avisar a la policía para que te lleven", rememora. La ley deja claro que un trabajador extranjero, a pesar de estar en situación irregular, posee los mismos derechos que uno español. Por lo que, negándole la igualdad a efectos laborales, señalan los abogados consultados por infoLibre, la jueza está impidiendo la "tutela judicial efectiva", informa Begoña Pérez Ramírez.

Ante la negativa de conciliar, la jueza cumplió su amenaza. Aisha cuenta "con tristeza" cómo la Policía Nacional se la llevó a la comisaría de Moncloa-Aravaca, donde se le requirió la documentación. La mujer mostró su pasaporte marroquí y los agentes, al comprobar en el Registro Central de Extranjeros que la mujer no era titular de ningún permiso de residencia, procedieron a abrirle un procedimiento sancionador por una infracción de la Ley de Extranjería. La normativa recoge para las infracciones graves una multa que va desde los 501 hasta los 10.000 euros. 

Miedo a volver al juzgado

La jueza declara improcedente el despido de la inmigrante sin papeles a la que mandó detener tras sufrir un accidente laboral

Ver más

Los agentes dejaron claro en la notificación que acudieron al juzgado "a requerimiento de la jueza". Los abogados a los que ha preguntado este diario consideran "insólita" la forma de actuar de la titular del juzgado porque carecer de permiso de residencia es una "cuestión administrativa". "El bien jurídico que debería haber defendido la jueza es la integridad física de la trabajadora", sostienen. Actualmente, el Observatorio de la Justicia del Colegio de Abogados de Madrid está tramitando una queja de un letrado por la actuación de la jueza.

Aisha afirma que se siente "desprotegida y discriminada". Asegura que, sin trabajo, le va a resultar "muy complicado" hacer frente a tal sanción administrativa. "Si estás delante de un juez, pidiendo tus derechos, y de pronto llama a la policía para que te lleven... ¿Pero yo qué he hecho? No soy ni una asesina ni una ladrona", responde con contundencia. Es consciente de que se ha fijado el juicio para el próximo 25 de abril, después de que el del 2 de febrero fuera suspendido. Sabe que tendrá que volver al mismo lugar y ante la misma jueza. Siente "miedo" y está "preocupada" por si le vuelve a suceder lo mismo. "No es justo. Si no sabes cómo defenderte, si no sabes hablar español...", lamenta.

Sin embargo, asegura, esbozando una sonrisa, que seguirá defendiendo sus derechos. Si un trabajador sin permiso de residencia puede demostrar que posee arraigo laboral, es decir, que ha trabajado seis meses en un periodo de dos años consigue una autorización temporal para quedarse en suelo español. Por lo tanto, una sentencia que le reconociera la improcedencia del despido o declarase su nulidad –recuperaría su puesto de trabajo, pero con contrato y alta en la Seguridad Social– le concedería ese arraigo laboral. Aunque los abogados reconocen que son escasos los que se conceden, ella se muestra categórica: "Voy a llegar hasta el final".