Los alcaldes de PSOE e IU se rebelan contra la reforma local del PP

A estas alturas, ya nadie duda de que la reforma de la Administración local diseñada por el Gobierno no gusta a prácticamente nadie. No suscita aprobación ni entre las filas del PP. Mucho menos gusta a la oposición. Y este martes escenografió esa negativa con un plante: durante la reunión de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los representantes de PSOE e IU se levantaron de la mesa y se marcharon en protesta por el borrador del Ejecutivo. 

Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo y vicepresidente primero del organismo, propuso durante la cita una asamblea extrardinaria de la FEMP, para que los 8.000 regidores españoles hablen y se pronuncien sobre el último texto de la reforma del Gobierno. Izquierda Unida y Convergència i Unió (CiU) secundaron la idea. El PP, que tiene mayoría y preside el organismo a través de Iñigo de la Serna, primer edil de Santander, dijo entonces que no, que no aceptaba. En ese momento, los representantes del PSOE y el de IU (Pepe Masa, alcalde de Rivas Vaciamadrid) se plantaron y abandonaron la reunión. "No lo habíamos pactado, lo improvisamos sobre la marcha", confesaba el regidor gallego. Algunos sectores del PP vieron hasta lógica la reacción de los socialistas. Entendían que bastante habían aguantado sus miembros en al FEMP, porque el negociador de la ejecutiva federal, Gaspar Zarrías, había paralizado las conversaciones en febrero, en cuanto la Moncloa mostró sus cartas. 

Caballero, en declaraciones a infoLibre, lamentó primero que el Ejecutivo les hubiera remitido el último texto ayer mismo, cuando el pasado 21 de mayo, en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) ni siquiera les facilitó un borrador. Después, entró a detallar el porqué del rechazo "frontal" al texto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que dirige Cristóbal Montoro. "El proyecto es gravísimamente deficiente y radicalmente antimunicipalista. Mantiene el riesgo de intervención de los ayuntamientos pequeños a manos de las diputaciones provinciales [instituciones no democráticas], conducirá a la privatización y al empeoramiento de los servicios públicos, no define las competencias impropias, no da rango de institución a la FEMP, como siempre hemos pedido y, para colmo, educación pasa a las comunidades autónomas. En servicios sociales sigue pesando la espada de Damocles porque no sabemos qué pasará con ellos. Es un gravísimo retroceso, un ataque frontal a los ayuntamientos. Ni en nuestras peores pesadillas podíamos pensar un despropósito así". 

Misma opinión tuvo del asunto el alcalde de Rivas Vaciamadrid: “Esta reforma, si finalmente se lleva a efecto en los términos en los que se nos ha presentado hoy –denunció Masa en un comunicado–, se va a convertir en la mayor agresión que se ha perpetrado contra los ayuntamientos en toda la historia de la democracia. Aunque se trate distorsionar con mensajes que distraigan, lo que quiere hacer el Gobierno de Rajoy es retirar a los ayuntamientos las competencias delegadas en educación, sanidad y servicios sociales, sin que asegure a la ciudadanía que se vayan a seguir prestando. Y en muchos casos, el fin último es la privatización de servicios públicos muy valorados por la ciudadanía”.

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Los socialistas e IU seguirán pidiendo, mientras, la retirada del texto. Según Caballero, el PSOE no se plantea salir de la FEMP, pero sí deja la puerta abierta a abandonar la Junta de Gobierno. "Ya lo veremos, y ya veremos también si vamos a las siguientes reuniones de la dirección". Justo después del abandono, la ejecutiva federal del PSOE prestó "total apoyo" al gesto de sus alcaldes y a su petición de una asamblea extraordinaria. Así, Gaspar Zarrías, secretario de Ciudades y Política Municipal, lamentó en un comunicado que el organismo "haya dejado de ser el instrumento de defensa de las entidades locales, como ha sido durante toda su historia, para convertirse en una mera correa de transmisión de las decisiones del Gobierno, aunque estas vayan en contra de los ayuntamientos". Zarrías, en línea con Caballero y con lo repetido ayer por el responsable de Organización, Óscar López, denunció el "desmantelamiento" de los municipios querido por el PP, y "con ello, el de los servicios públicos que prestan a los ciudadanos". En el horizonte, la amenaza, ya anunciada por el PSOE, de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. 

Fuentes del PP señalaron que confían en que el PSOE vuelva a sentarse a la mesa porque la reforma de la Administración local seguirá su curso. Según las previsiones oficiales, llegará al Congreso antes de que acabe este periodo de sesiones y se pretende que concluya su tramitación antes de fin de año. La intención del Gobierno es que se introduzcan enmiendas –sobre todo en el Senado, donde hay varios alcaldes– para así probar que tiene ánimo de negociación, incluso con sus propios regidores.