El Ayuntamiento que veta las exhumaciones del Valle de los Caídos permitió una fiesta ilegal con Feijóo, Aznar y Almeida

El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (PP y Ciudadanos), que desde agosto bloquea las exhumaciones del Valle de los Caídos alegando dudas legales pese a la autorización expresa del Tribunal Superior de Madrid (TSJM), permitió hace un mes una fiesta ilegal en una finca de alto standing y a la que asistieron destacados políticos del PP. Entre ellos, el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo; el expresidente del Gobierno José María Aznar, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la expresidenta regional Esperanza Aguirre.

Lo que exactamente permitió el equipo de la alcaldesa Carlota López Esteban (PP) es que el viernes 21 de octubre se celebrara un almuerzo organizado por el escritor Mario Vargas Llosa para 400 comensales en la finca El Jaral de la Mira. Y ello pese a que la Policía Local había confirmado esa misma mañana que la finca, cuyo territorio formó parte de los Parques Reales en la época de Felipe II, carecía de los permisos necesarios: ni licencia de apertura ni, por tanto, de funcionamiento.

La Policía confirmó que no había papeles porque el dueño de la finca lo admitió ante los agentes. Así se lee en un documento oficial al que ha tenido acceso infoLibre: “El propietario de la misma [la finca] les manifiesta [a los agentes] que se va a desarrollar un acto social, que reconoce no poseer licencia de apertura y funcionamiento municipal y que al día siguiente, sábado, se celebraría una boda familiar”. En resumen, el mismo consistorio que esgrimiendo argumentos jurídicos mantiene el veto a la exhumación de víctimas de la dictadura para que sus familias puedan darles una sepultura digna no puso ninguna piedra en el camino de un acto que, según su propia versión, infringía la normativa legal.

Además de los ya citados en el primer párrafo, entre los invitados a aquel almuerzo organizado por la Cátedra Vargas Llosa figuraban otros personajes de cierto peso político: la exalcaldesa del PP Ana Botella, la diputada también conservadora Cayetana Álvarez de Toledo o el fundador de Ciudadanos, Albert Rivera. Con Esperanza Aguirre compartieron mesa Cayetana Álvarez de Toledo y Albert Rivera, que ahora dirige un máster en el Cardenal Cisneros, un centro universitario privado pero propiedad de una fundación que a su vez pertenece por completo a la Comunidad de Madrid

Las fotos de este evento campestre de altura muestran asimismo a personajes populares por su fidelidad al papel cuché. Por ejemplo, la propia Isabel Preysler, sentada en la mesa principal junto a su pareja, Mario Vargas Llosa, y a José María Aznar y la suya, Ana Botella; Cayetano Rivera, Mar Flores, Fernando Martínez de Irujo o, por cerrar el círculo nominal, Ana Boyer, hija de Isabel Preysler. Todos ellos aparecen en las múltiples imágenes que distintos medios difundieron de aquel almuerzo musicalmente amenizado por Los del Río y donde finalmente se canceló la capea prevista. Pero no la subasta incorporada al programa.

El Ayuntamiento no da explicaciones

Propiedad de los hermanos Sandoval, ganaderos y empresarios afianzados en el mundo de la alta gastronomía a través del restaurante Coque, la finca ya había sido en 2021 escenario de la primera edición del evento Un encuentro por la cultura en libertad. O sea, la primera fiesta organizada por la Cátedra Vargas Llosa, adscrita a una fundación que preside el escritor y Nobel peruano (Fundación Internacional para la Libertad) e integrada en la red Atlas Network. Domiciliada en EEUU y muy próxima en España a Vox y a ciertos sectores del PP, como el que encabeza José María Aznar y donde a día de hoy se encuadra Isabel Díaz Ayuso, Atlas Network constituye el eje central de una auténtica constelación de asociaciones y fundaciones ultraconservadoras con el foco apuntando a Latinoamérica.

El documento municipal al que ha tenido acceso infoLibre y que lleva la preceptiva firma digital, es un oficio dirigido por el secretario general del Ayuntamiento a la empresa que gestiona la finca El Jaral de la Mira. Su texto subraya un dato de relieve: que la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas estipula que los Ayuntamientos podrán “prohibir o en el caso de haber comenzado suspender la celebración de espectáculos o actividades recreativas cuando carezcan de las autorizaciones preceptivas”.

Fechado el 26 de octubre, cinco días después de que el almuerzo se hubiera desarrollado sin interrupción, el escrito del secretario general del consistorio señala que ya un mes antes, el 28 de septiembre, la concejal del área afectada informó a la mercantil gestora de la finca, también propiedad de los hermanos Sandoval, que “no se podía ejercer ninguna actividad en el emplazamiento de referencia” hasta la concesión de “las correspondientes licencias urbanísticas y de licencia de actividad”. Aquella notificación, continúa el oficio, se entregó “en mano” el mismo 28 de septiembre. El aviso cayó en saco roto. Pero no pasó nada. Una vez celebrado el almuerzo fue cuando la concejala de hostelería y consumo adoptó el acuerdo donde ordenó a la empresa gestora de la finca el "cese inmediato de la actividad que está desarrollando sin haber obtenido las licencias municipales para su uso".

infoLibre preguntó a los portavoces de Carlota López Esteban por qué el gobierno local dejó hacer a quienes habían organizado una fiesta –o evento– ilegal con 400 participantes. Y les envió copia parcial –los párrafos decisivos– del documento firmado por el secretario general de la corporación. La alcaldesa declinó dar explicaciones, y así consta en el mensaje de respuesta recibido por este medio.

Los portavoces de El Jaral de la Mira consultados por infoLibre sí respondieron. Enfatizaron que su comportamiento ha sido “intachable” y que no le son “imputables las dilaciones de la Administración”. Máxime –prosiguen– cuando hay distintos informes administrativos “que avalan la actividad desde el año 2014”. “Han transcurrido –continúa su relato– nueve años desde que se iniciaron los trámites preceptivos para obtener las habilitaciones necesarias sin que haya recaído el necesario pronunciamiento definitivo”.

Pese a que el propio acuerdo adoptado por la concejal del área el pasado 25 de octubre subraya que la Ley de Espectáculos prevé la suspensión automática de actividades recreativas carentes de autorizaciones y pese a que ella ha ordenado el cese inmediato de tales actividades, los responsables de El Jaral de Mira sostienen una versión opuesta: que "la actividad desarrollada está amparada legalmente, dadas las circunstancias en las que se está realizando.”

Cómo bloquear una decisión judicial con la vara de mando

La pelota está sin duda en el tejado del Ayuntamiento que ha permitido un almuerzo multitudinario lleno de famosos y sin las preceptivas licencias mientras torpedea las exhumaciones. La alcaldesa que capitanea el gobierno local saltó el 29 de agosto a los titulares de ámbito estatal. Fue entonces, todavía en el mes de vacaciones por antonomasia, cuando se conoció su negativa a conceder la licencia de obra imprescindible para iniciar los trabajos de extracción de restos en mausoleo franquista y su traslado a las sepulturas indicadas por las familias de las víctimas.

Aunque el TSJ de Madrid había levantado en junio las medidas cautelares aplicadas tras el enésimo recurso de grupos franquistas para bloquear las exhumaciones, la alcaldesa adujo que cabía la posibilidad de un recurso. A tenor de lo que trascendió a la opinión pública, Carlota López Esteban se basó en un informe jurídico interno. Y según ese informe, la sentencia del Tribunal Superior madrileño “no es firme” porque cabe su impugnación ante el Supremo.

El TSJM levanta las medidas cautelares que impedían las exhumaciones en el Valle de los Caídos

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Con ese paso, la máxima responsable del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (18.500 habitantes) volvió, por ejemplo, a paralizar la exhumación autorizada nada menos que en 2016 por un juez para que una familia aragonesa, los Lapeña, pudiera desenterrar a dos familiares que tras su muerte fueron trasladados al Valle de los Caídos. O donde, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, ahora se denomina Valle de Cuelgamuros.

Tras el nuevo bloqueo impulsado por López Esteban, los Lapeña interpusieron una querella: acusan de prevaricación a la alcaldesa. En espera de qué sucede una vez la querella ha sido admitida por un juzgado de San Lorenzo, el abogado de la familia, Eduardo Ranz, puso este lunes el dedo en la llaga: “Se ha producido el cambio de denominación, se ha exhumado al dictador, sin embargo en el Valle de Cuelgamuros falta lo más importante, la reparación a las víctimas”.

Ahora, prosigue el jurista, “el Ayuntamiento de San Lorenzo debe remitir el expediente administrativo, y confiamos en que la jueza se muestre favorable a citar a declarar a la alcaldesa como investigada por un delito de prevaricación”.