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La destrucción del litoral

El Algarrobico: el culebrón continúa

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I. U.

Nuevo giro en el culebrón de El Algarrobico: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictaminado este martes que el suelo sobre el que se asienta el hotel de Azata del Sol en Carboneras (Almería) es urbanizable. El fallo revoca el nivel de protección concedido en 2008 y argumenta que así estaba calificado en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del parque natural de Cabo de Gata de 1994.

La resolución del TSJA estima el recurso interpuesto por la promotora del hotel, cuyas obras llevan paralizadas desde el año 2006, pero entra en contradicción con el fallo dictado por el Supremo en torno a la misma cuestión, en este caso en respuesta al recurso de Ecologistas en Acción. El Supremo resolvió en firme ya en octubre de 2012 que el suelo es no urbanizable y de especial protección.

Horas después de trascender el fallo, la Junta ha afirmado que estudia la interposición de un recurso de casación contra el fallo del TSJ andaluz y ha mostrado su incomprensión para con "la desprotección que la resolución judicial va a provocar en el paraje del Algarrobico".

Diez años de conflicto

El caso del hotel de la playa de El Algarrobico se remonta a enero de 2003, cuando el Ayuntamiento de Carboneras autorizó la licencia municipal para la construcción del completo hotelero. Dos años después, tras numerosas acciones de protesta de diferentes grupos ecologistas, un juzgado de Almería dictaminó que la licencia era ilegal de pleno derecho por tratarse de una zona protegida, no urbanizable, y por invadir la servidumbre de protección establecía en la Ley de Costas.

Las obras se paralizaron en 2006 y su suspensión fue ratificada dos años más tarde, aunque para entonces el hotel ya estaba prácticamente construido: más del 94% del hotel, de 21 plantas y 411 habitaciones, está terminado. Desde esa fecha, el Supremo en 2011 y el TSJA en 2012 han instado a la Junta a dotar de la mayor protección posible al paraje.

Ecologistas denuncian intereses ocultos

Este martes, y tras conocer el fallo, Ecologistas en Acción ha confirmado que presentará un recurso ante el Supremo y ha tachado de "impresentable" la sentencia del TSJA. "Se veían maniobras raras desde hacía tiempo", ha añadido el abogado de la organización, José Ignacio Domínguez.

En esa línea, ha denunciado que el caso saltó de una sección a otra dentro del TSJA y que se enteró de la modificación "a toro pasado", lo que, asegura supondría una violación del derecho fundamental a ser juzgados por un juez ordinario predeterminado. Un "atropello" desde el punto de vista formal que, ha añadido, ha provocado la "indefensión total y absoluta" de los ecologistas.

Domínguez ha recordado que ya existe una sentencia del Supremo y cuatro del TSJA que declaran espacio protegido el suelo donde se asienta el complejo, por lo que el último fallo es "contradictorio" con los anteriores.

Por su parte, la organización Greenpeace también ha anunciado un recurso y Pilar Marcos, responsable de costas, ha admitido que el fallo del tribunal andaluz ha sido "un jarro de agua fría para los ecologistas", no sin añadir que sospecha de que se están produciendo "triquiñuelas ocultas para legalizar el hotel".

"De todo lo preocupante no es solo que el TSJA esté negando todas las sentencias y los pronunciamientos que dicen que la zona no es urbanizable, sino que lo más importante es cómo esta pequeña pieza puede tener una gran influencia sobre el pleito, que lleva dos meses de retraso, sobre la licencia de obras", ha subrayado.

En esa misma línea se ha pronunciado la organización Salvemos Mojácar, que ha anunciado la interposición de una querella criminal por presunta prevaricación contra los tres magistrados del TSJA. 

Alcalde y constructora, satisfechos

Tras conocerse el fallo, el alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández, ha trasladado su "satisfacción" porque, coincide con lo que siempre ha defendido el consistorio "y con los intereses municipales".

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Hernández, que gobierna en coalición con el PP, ha dicho que continúa "apostando" por el proyecto de Azata del Sol y ha asegurado que "la solución pasa por la apertura al público del hotel". "Esta claro que por la vía judicial no hemos sacado nada positivo, por lo que habrá que cambiar de camino", ha señalado.

En la misma línea, la constructora del hotel ha valorado positivamente el fallo del TSJA y ha señalado que la sentencia "reconoce la realidad de los hechos" sobre la condición de urbanizable del suelo. Fuentes de la empresa han pedido evitar "conflictos que dan lugar a inseguridad jurídica y a la vulneración de la confianza legítima" y han apostado por una "protección medioambiental armonizada con las necesidades de medios de vida".

Si finalmente el hotel tuviera que ser demolido, el coste de la operación podría superar los 8 millones de euros según cálculos de la empresa pública Tragsa, una cantidad que contempla ya una partida de 1,5 millones destinados a un plan de restauración y reacondicionamiento de la zona. Por su parte, Greenpeace ha estimado los costes de la demolición en unos 7 millones de euros. 

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