El 'alto cargo' Felipe VI, los pequeños cambios en leyes ya en vigor que traerían transparencia a la Casa Real

Suma y sigue. Esta semana se ha conocido que Juan Carlos I ha presentado una declaración ante la Agencia Tributaria para regularizar 4.395.901,96 euros, incluyendo intereses de demora y recargos. No es una conducta aislada, porque el pasado diciembre ya abonó al fisco 678.393 euros, correspondientes a una deuda tributaria de 2016 a 2018. La reacción de Pedro Sánchez a esta nueva actuación del emérito no se ha movido del patrón de los últimos meses. A saber: un rechazo a las "conductas incívicas", una llamada a no confundir a las "personas" con la "institución" y una defensa cerrada de Felipe VI, que "ha marcado un antes y un después a favor de la ejemplaridad, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos". Y que cuenta con todo su apoyo.

En el debate sobre los retos a los que se enfrenta la monarquía española, no sólo por la delicada situación del rey emérito, sino también por la "modernización" de la institución para adaptarla al siglo XXI, como tanto se repite desde el Ejecutivo, surgen un variado ramillete de alternativas. Mucho se ha hablado en los últimos meses de una reforma constitucional, a raíz de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitiera en una entrevista concedida a infoLibre y eldiario.es que es partidario de que los aforamientos de cargos públicos, y también del rey, se circunscriban a su actividad. Pero, a día de hoy, no se dan los consensos necesarios para abrir este melón.

El sector socialista del Ejecutivo no quiere dar ningún paso en este sentido sin previo acuerdo con la Casa del Rey; tampoco, sin tener seguro que el Partido PopularPartido Popular va a ir de su mano en esta materia. De momento, la prioridad es desatascar la renovación del Consejo General del Poder judicial, que saltó por los aires en la madrugada del viernes por la imposición de vetos cruzados.

Pero tocar la Constitución no es la única vía posible. Algunas adaptaciones de la legislación vigente y una serie de gestos voluntarios del monarca contribuirían a esa "adaptación" de la Corona que lleva meses en el debate público y político. Serían una buena base, un primer paso.

Por mucho que, en público, el Gobierno no se atreva a cerrar del todo la posibilidad de legislar sobre la inviolabilidad –"se puede abordar perfectamente", señaló hace semanas en una entrevista la vicepresidenta Carmen Calvo–, en la Moncloa son conscientes de que este debate no puede abrirse no sólo sin la disposición de Pablo Casado (PP), sino sin el concurso de la Zarzuela.

Este mismo jueves, el Congreso votó una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Republicano, relativa a "la eliminación de la inviolabilidad y otras figuras de "especial protección judicial" a miembros de la familia real", en la que se instaba al Gobierno a "impulsar todas aquellas modificaciones reglamentarias del ordenamiento jurídico a fin y efecto que todas las personas sean efectivamente iguales ante la ley y, en consecuencia, deban responder ante la administración de justicia en las mismas condiciones". ¿El resultado? 74 votos a favor y 176 votos en contra.

En este contexto, el foco, de momento, está puesto en cuestiones como la mejora de la transparencia. Para ello, las miradas se dirigen a la propia ley de transparencia, de diciembre de 2013, o a la ley del alto cargo, de marzo de 2015. En ellas, o se pasó de puntillas por la institución, o simplemente se la dejó al margen. 

Mucho se ha hablado también de sentar las bases para la redacción de una ley sobre la Corona, pero la falta de unanimidad en los juristas respecto a si esta vía tiene encaje constitucional, hace que la principal apuesta sea, a día de hoy, la de recurrir a modificaciones puntuales de la legislación vigente. Y ahí es donde entrarían en escena la ley del alto cargo y la ley de transparencia, por ejemplo ¿Va a ser inmediato? ¿Hay plazos y contenidos concretos? En la Moncloa son claros: trabajan "sin prisas" y con la "cautela" que requiere un asunto que afecta a la jefatura del Estado. Pero sobre todo insisten en que debe ser "a iniciativa" de Felipe VI. Es algo que, además, les abriría la puerta al apoyo parlamentario de las formaciones no republicanas.

¿Cuál podría ser el resultado de extrapolar estar leyes a Felipe VI? infoLibre repasa los principales efectos que tendrían sobre la Corona una adaptación del marco legal vigente.

Ley del alto cargo

La ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, la firma Felipe VI. Pero no le afecta. Como la ley de transparencia –de 2013– se redactó con Mariano Rajoy (PP) como presidente del Gobierno. Eran años en los que los escándalos de corrupción política –todavía hoy colean– se sucedían y el Ejecutivo intentaba daba algunos pasos como vacuna de cara al futuro contra algunos casos que afectaban a sus propias siglas.

Una modificación de la ley, sobre todo en el apartado del ámbito de aplicación, permitiría incluir a los miembros de la Casa del Rey como sujetos obligados y, por tanto, con algunas obligaciones similares a las de los altos cargos. 

¿Cuáles podrían ser algunas de estas obligaciones? En su artículo 17, la citada ley refleja que "los altos cargos presentarán al Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de altos cargos, en el plazo improrrogable de tres meses desde su toma de posesión y cese, respectivamente, el certificado de su última declaración anual presentada del impuesto sobre el patrimonio, si tienen obligación de presentarla". Y que, además, "aportarán una copia de su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio de inicio y al de cese". "Asimismo, anualmente y mientras dure su nombramiento, aportarán copia de la declaración correspondiente", añade. Se trata de controlar, entre otros asuntos, que no hay incrementos patrimoniales injustificados. Es decir, que no se ha aprovechado el estatus que da tener un cargo para enriquecerse.

Pero la ley va más allá: "Junto con la copia de su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio de inicio también se presentará certificación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias o, en su caso, de las obligaciones tributarias pendientes" refleja la misma ley. Esta misma semana, el rey emérito ha vuelto a ser noticia por ponerse al día con el fisco.

La legislación fija que el contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los Secretarios de Estado y demás Altos Cargos se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. Y que, en el caso particular de los bienes patrimoniales, "se publicará una declaración comprensiva de la situación patrimonial de estos Altos Cargos, omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares". La Casa del Rey dispone de su propio portal de transparencia en el que se recopila la normativa de la institución y una serie de información "económica, presupuestaria y estadística" muy básica.

A juicio de Miguel Ángel Blanes, experto en Derecho Administrativo y transparencia y autor de la tesis doctoral La transparencia informativa de las Administraciones Públicas. El derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública de forma activa, más allá del debate sobre las modificaciones legales necesarias, el carácter público de la financiación que reciben los miembros de la familia real justificaría ya de por sí la obligación de publicar en su portal de transparencia las declaraciones de bienes y derechos de todos sus integrantes.

A este respecto, recuerda, en conversación telefónica con infoLibre cómo una sentencia del Tribunal Supremo obligó a RTVE a hacer público el sueldo de sus directivos. Uno de los argumentos empleados por el tribunal a la hora de justificar su decisión fue la de que primaba el interés general de los ciudadanos a la hora de conocer esos datos entre otras cuestiones por ser una sociedad financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Ley de transparencia

Del mismo modo que los miembros de la familia real no son asimilados a los altos cargos en ninguna de las obligaciones de la ley, también se quedaron fuera de la ley de Transparencia y Buen Gobierno. El debate estuvo sobre la mesa de los consejos de ministros de Mariano Rajoy pero, como también dicen ahora en la Moncloa, se llegó todo lo lejos que quiso Zarzuela.

Esta ley, pues, incluye en su ámbito de aplicación a la Casa del Rey, pero no a la familia real. Lo hace en el título primero, el que establece que los sujetos obligados "publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública", una cuestión, como puede leerse muy genérica. O que esta información "será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables". Se refiere sólo la Casa del Rey como institución y, por tanto, no afecta esta obligación a Felipe VI y su familia.

Incluir a la familia real tanto en la parte de la ley relacionada con transparencia como la de Buen Gobierno depende de un gesto de voluntad política y de un gesto de la Zarzuela. No hace falta recurrir a gestos mayores como tocar la Constitución. Pero, recuerda Blanes, siempre queda otra vía ya explorada por el propio monarca.

Un precedente sobre el margen de acción del propio monarca: la normativa sobre los regalos

Lo cierto es que por mucho que se hable estos meses, sobre todo a raíz de los escándalos que afectan al emérito, de legislar para que la transparencia deje de ser una asignatura pendiente de la Corona hay una vía muy sencilla que Felipe VI conoce muy bien porque ya la ha puesto en práctica. Para los expertos en la materia consultados por infoLibre estamos ante un asunto nada menos a tener en cuenta y que puede dar alguna pista de cuáles podrían ser los próximos pasos que dé el monarca, esa "hoja de ruta" de la que habló el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en la rueda de prensa de balance del año 2020 que ofreció en la Moncloa.

El 1 de enero de 2015, Madrid, 1 de enero de 2015 la Casa del Rey informaba de que Felipe VI había considerado "conveniente" regular el régimen de regalos a favor de los miembros de la familia real. Lo hacía, justificaba, dado que el artículo 26.2b).6º de la Ley 19/2013, de transparencia aplicable a los miembros del Gobierno y altos cargos y asimilados de la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no era de aplicación a la familia real. Esta artículo establece que las personas citadas "no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones" y que "en el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente". 

"Aun cuando a los miembros de la familia real no les resulte de aplicación el mencionado precepto, se considera procedente adaptarse a la regulación que, con carácter general, han aprobado en esta materia las Cortes Generales", informaban desde la institución. Los principios generales de esta normativa interna son que estos "no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni aceptarán favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones", que "en el caso de obsequios que, de acuerdo con estas normas, tengan carácter institucional, se procederá a su incorporación al Patrimonio Nacional".  Y que "no podrán aceptar regalos que por su alto valor económico, finalidad o interés comercial o publicitario, o por la propia naturaleza del obsequio, puedan comprometer la dignidad de las funciones institucionales que tengan o les sean atribuidas"

Examen a la transparencia de las instituciones: gana el Tribunal de Cuentas y tirón de orejas para la Casa del Rey

Ver más

Esto lleva aparejado que anualmente se publiquen en la página web de la institución la relación de regalos institucionales [Aquí, los de 2019] recibidos durante el año anterior. 

El monarca dio este paso de forma voluntaria, sin implicar al Ejecutivo y, por extensión, sin implicar a los partidos políticos que tendrían después que refrendar reformas legislativas en el Congreso de los Diputados. El mismo paso podría dar, recuerda Miguel Ángel Blanes, para otras cuestiones como un mayor acercamiento a la ley de transparencia o una aproximación a la ley del alto cargo. Pero también cita otros posibles "ejercicios de transparencia" como la posibilidad de que la casa del rey remitiese anualmente información al Tribunal de Cuentas, un mayor desglose, y, por tanto, una mayor concreción de todas las partidas presupuestarias que acaban engrosando las arcas de la Zarzuela o una aproximación a la ley de contratos del sector público.

Según puede leerse en la web de la Casa del Rey, los contratos de la institución "se rigen por las instrucciones de contratación aprobadas por la jefatura de la Casa el 16 de abril de 2015" y "por las normas de derecho privado que resulten de aplicación según el tipo de contrato".