Amigos y enemigos de un gobierno de izquierdas presionan mientras aumenta la polarización política

El preacuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar un Gobierno de coalición y el inicio de negociaciones con Esquerra Republicana de Catalunya para que facilite con su abstención el desbloqueo de la legislatura está provocando un polarización sin precedentes.

Partidarios y detractores de la formación de la primera coalición de gobierno de la historia democrática española después de la Dictadura, de que los futuros socios del ejecutivo planeen poner en marcha una agenda progresista y de que además estén dispuestos a buscar una solución política al conflicto en Cataluña llevan semanas movilizándose y presionando para apoyar esta fórmula o para hacer que salte por los aires. A medida que las negociaciones avanzan, la acumulación de fuerzas se incrementa.

Las presiones de ambos lados aumentan estos días tras la constitución del Congreso y la activación de la legislatura y a la espera de un debate de investidura que dificilmente podrá tener lugar antes de navidad. Felipe de Borbón llamará a consultas a los partidos esta semana, coincidiendo además con la tercera reunión entre los negociadores del PSOE y ERC.

Entre los que están a favor se encuentran, además del PSOE y Unidas Podemos, otras siete formaciones políticas con representación parlamentaria: Más País, el PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias, el Partido Regionalista de Cantabria, el BNG y Teruel Existe. Cada una de ellas, con matices y siempre a expensas de llegar a acuerdos que satisfagan sus propias agendas de interés, ya ha dejado clara su voluntad de no bloquear la investidura.

La coalición cuenta en esta ocasión con el respaldo de los militantes socialistas, que el mes pasado no dejaron lugar a dudas sobre su voluntad: el 63% participaron en la votación y el 92% optaron por el ‘sí’. Una posición que además comparten y defienden sin reservas la inmensa mayoría de los barones del partido —incluida la otrora líder del sector crítico Susana Díaz— y también antiguos dirigentes, entre los que destaca el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Del mismo modo, las bases de Podemos y de Izquierda Unida —con el 97 y el 88% de los votos favorables, respectivamente— han dado su visto bueno al Gobierno de coalición, silenciando de paso la disidencia expresada por el sector anticapitalista de la formación morada —su máxima representante es la líder de la marca andaluza del partido, Teresa Rodríguez—, que llevaba meses defendiendo un pacto de legislatura en vez de compartir tareas de gobierno con el PSOE.

En el lado que empuja a favor de un acuerdo están, de manera muy destacada, los principales sindicatos, UGT y Comisiones Obreras. Sus líderes, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, acudieron en los últimos días y por separado a la cárcel de Lledoners (Barcelona) en la que cumple condena el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, para conocer de primera mano la posición política del presidente de ERC y transmitirle su punto de vista en relación a la formación de gobierno.

No es ningún secreto, porque así lo han expresado ellos mismos en sus comparecencias públicas, que UGT y CCOO apoyan la formación de un gobierno progresista. Y que sus dirigentes están muy preocupados por la posibilidad de que el debate territorial impida llevar a cabo las reformas económicas que defienden desde hace años —entre ellas la derogación de la reforma laboral—, así como de perder la oportunidad de que sea un Gobierno de izquierdas el que pilote la manera en que España va a navegar la desaceleración económica en la que ya nos estamos adentrando.

La lista de partidarios de la formación del gobierno cuyos apoyos está negociando el PSOE no acaba ahí. Incluye además a los gobiernos autonómicos de diez comunidades autónomas: Euskadi, Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón, Baleares, Canarias, Comunitat Valenciana, Extremadura y La Rioja. En casi todas gobierna el PSOE —en solitario o mediante acuerdos con otras fuerzas—. Uno de los asuntos clave de la legislatura será la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica, que muchos territorios reclaman desde hace años.

Del lado de los que quieren gobierno y lo quieren además cuanto antes están también las instituciones de la Unión Europea. Es verdad que no ha habido un pronunciamiento oficial, pero las nuevas autoridades comunitarias ya han dejado entrever que observan con alivio la posibilidad de que la legislatura eche a andar en España después de casi un año de incertidumbre y de bloqueo político en un contexto en el que la UE, a las puertas del Brexit y necesitada de relanzar el proyecto comunitario, busca estabilidad y compromiso político, al menos por parte de los países que por población y potencia económica están llamados a liderar la legislatura en el continente.

El desbloqueo político en España es además lo suficientemente relevante para que la llegada de Podemos al Consejo de Ministros no preocupe en Bruselas. Sobre todo porque la presencia de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía supone para Bruselas la mejor garantía del cumplimiento de los compromisos españoles con la Unión en materia de déficit y deuda pública, por otra parte incluidos en el preacuerdo firmado por Sánchez e Iglesias.

En tierra de nadie, peromás próximos a rechazar el gobierno de PSOE y Unidas Podemos que a respaldarlo, están los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha y de Cataluña. El socialista Emiliano García-Page ha dejado claro en los últimos días que siente aversión a que el PSOE llegue a acuerdos con Esquerra. Su homólogo catalán, Quim Torra, tampoco apoya la formación del nuevo Ejecutivo, a no ser que asuma el programa de máximos del soberanismo, que incluye la celebración de un referéndum de autodeterminación y la anulación de las actuaciones judiciales contra los impulsores de la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017.

Esquerra y EH Bildu se sitúan, de momento, también en esta posición. Se muestran a favor de la formación de un Gobierno progresista pero se resisten a facilitarlo en el Congreso a menos que Sánchez asuma las condiciones que los republicanos defienden para poner un marcha una negociación sobre el conflicto catalán.

El heterogéneo frente del ‘no’

A partir de ahí empieza el frente en contra de que Sánchez e Iglesias compartan tareas de gobierno y de que sea Esquerra quien contribuya, aunque sólo sea con su abstención, al desbloqueo de la legislatura.

La alianza de los que no quieren que salga adelante la coalición de Gobierno la lideran en el plano político PP, Vox y Ciudadanos, además de Navarra Suma. Pero en ese objetivo se alinean, paradójicamente, con Junts per Catalunya, la formación de Carles Puigdemont y el president Quim Torra, y con la CUP. La antigua Convergència ha planteado condiciones que sabe inaceptables para el PSOE —el ejercicio de la autodeterminación— y los anticapitalistas sólo aceptan la implementación de la república catalana.

A esta singular coalición de fuerzas formada por la derecha española y los dos extremos del soberanismo catalán se han sumado en las últimas semanas, en una alianza aparentemente heterogénea, algunos históricos del PSOE que desde hace años no tienen responsabilidades orgánicas en el partido y carecen de influencia sobre la militancia como el expresidente Felipe González, el exvicepresidente Alfonso Guerra, el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra o el exalcalde coruñés Francisco Vázquez, todos ellos representantes del sector más jacobino del socialismo español.

Juntos se han opuesto a cualquier negociación con el independentismo catalán codo con codo con los expresidentes del PP Mariano Rajoy y José María Aznar. Este último, cabeza visible de la Fundación FAES, el laboratorio de ideas más influyente de la derecha española, pronostica —al igual que los socialistas citados— un sombrío escenario si Sánchez gobierna con Iglesias y se apoya en los republicanos catalanes.

Los presidentes de los gobiernos autonómicos de Galicia, Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia, todos del PP y cuatro de ellos compartidos con Ciudadanos y apoyados en diputados de la ultraderecha, también se han sumado al discurso que anuncia una catástrofe si la coalición sale adelante.

Junto a ellos están la CEOE, organizaciones como el Círculo de Empresarios y las grandes empresas. Algunas de ellas, como Banco Santander, ya se manifestaron en la legislatura anterior, cuando era posible un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, para reclamar un acuerdo que dieron en definir como “moderado” entre Pedro Sánchez y Albert Rivera y que evitara la influencia de Unidas Podemos en la definición de las políticas de gobierno.

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El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya ha pedido al nuevo Gobierno que “se piense muy bien” la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2020 ante la desaceleración de la economía española y ha “alertado sobre los efectos negativos que, según la patronal, tendrá la implementación de la anunciada tasa Google. Los empresarios, señaló, quieren un Gobierno “estable y moderado”, que es su manera de pedir un Ejecutivo sin Unidas Podemos. “En las cosas de comer hay que tener mucho cuidado”, concluyó.

En un tono menos beligerante, pero dejando patente su inquietud, se ha pronunciado la iglesia católica española. Entre sus motivos de preocupación más mundanos, las inmatriculaciones de bienes realizadas en los últimos años o la posibilidad de tener que pagar el impuesto de bienes inmuebles. Entre las espirituales, la aprobación de una Ley de Eutanasia, el futuro de la enseñanza de la religión en la escuela pública o la posibilidad de tener que afrontar una renegociación del concordato, el tratado que regula las relaciones entre España y el Vaticano.

Las voces de los partidarios de que la coalición no salga adelante y sea sustituida por un gobierno con participación de PSOE y PP —la de Ciudadanos no seríaQuiene necesaria— se multiplican además gracias al soporte de una gran parte de los grandes grupos de comunicación afines a las posiciones de la derecha.