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Las decisiones del nuevo CGPJ muestran que el empate pactado entre PP y PSOE favorece a la derecha

LEY DE AMNISTÍA

De romper España a una aprobación sin incidentes: la amnistía sigue la estela de los indultos

El presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera María Jesús Montero durante la sesión de aprobación de la Ley de Amnistía

No había marcado el reloj las 11.30 de la mañana del jueves cuando en el Congreso de los Diputados retumbó el sonido de los aplausos. La ley de amnistía ya era una realidad. 177 votos a favor frente a 172 en contra. Las bancadas del ala progresista e independentista se levantaron. Una decisión histórica que marca un antes y un después en la política española, que abre la puerta a una nueva etapa tras más de diez años de conflicto político en Cataluña bajo el paraguas del procés.

La proposición de ley de amnistía es una de las medidas más arriesgadas (o la más) que ha tomado Pedro Sánchez en su vida política. Una norma que entró con fuertes críticas en el Congreso de los Diputados, sin tener ni siquiera la firma de todos los grupos que en teoría estaban a favor y que provocó también dudas internas en el propio partido por su coste en el resto de España.

Pero como recuerdan diputados socialistas sólo hay que comparar dos imágenes: los alrededores del Congreso durante los días de investidura con el tráfico cortado y tomados por la policía ante el miedo a una especie de asalto al Capitolio frente a la tranquilidad que reinó en la Carrera de San Jerónimo durante el jueves. Hasta en los días normales de pleno hay más protestas. En la entrada por donde suelen acceder los ministros por la calle Zorrilla sólo había una mujer gritando “traidores”.

El 12M, el gran bálsamo

Y esa apuesta arriesgada, como señalan en La Moncloa y en Ferraz, se ha convertido en cambio seis meses después en un activo para el partido. “Ha dado sus frutos de manera muy rápida”, dicen incluso miembros del Consejo de Ministros, que sienten que esto ha reconfortado a muchos dirigentes y militantes. El principal bálsamo ha sido el resultado electoral del pasado 12 de mayo en Cataluña con la victoria holgada de Salvador Illa y la pérdida de la mayoría absoluta del independentismo en el Parlament por primera vez desde 1984.

Además, en el Gobierno recuerdan los datos hechos públicos por el CEO (el CIS catalán) que reflejan que ahora la opción unionista se impone en Cataluña con más de ocho puntos sobre los que optan por la separación de España. A ello se unen los resultados también de las elecciones generales el pasado 23 de julio, cuando el PSC logró más diputados que todo el soberanismo junto.

La amnistía supone culminar una hoja de ruta iniciada por Pedro Sánchez con medidas como la reforma de la sedición y la aprobación de los indultos, otra iniciativa que fue cuestionada duramente por la oposición pero que luego ha desaparecido incluso del argumentario de la derecha tras ser avalada por el propio Tribunal Constitucional y haber sido bien recibida socialmente en Cataluña en pro de lograr una mejor convivencia.

Sánchez, tras la experiencia de los indultos, también quiso imprimir la misma labor pedagógica sobre la amnistía pidiendo confianza a su partido y a la sociedad para lograr llegar a un puerto que parecía muy lejano. “Hoy se vuelve a hacer política dentro de las instituciones y de la ley”, indican fuentes del Ejecutivo con especial mirada en Junts, que participa en la gobernabilidad del Estado y acepta de nuevo el marco constitucional.

La amnistía culminó este jueves su paso por las Cortes Generales, pero queda todavía camino. Para su aplicación hay que esperar todavía unos días. La norma debe ser publicada en el Boletín de las Cortes Generales para que luego el Ministerio de Presidencia gestione con la Casa Real la sanción del rey Felipe VI. Posteriormente el Gobierno la remitirá al Boletín Oficial del Estado (sin fecha concreta). Por ejemplo, la ley de enseñanzas artísticas recibió el visto bueno del Parlamento hace una semana y todavía no ha sido plasmada en el boletín.

La derecha se queda sin su gran arma en el Parlamento

La aprobación de esta proposición de ley llega en el arranque de la última semana de la campaña electoral. El Partido Popular había hecho de esta ley su principal arma y había diseñado un calendario de tramitación en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, de hasta dos meses (cambiando el propio reglamento). En Génova 13 esperaban que esto fuera un golpe para el PSOE, pero se ha encontrado con que las elecciones catalanas han dado un revulsivo a los partidos del gobierno. Con la prueba también de que el resorte de la calle ha fallado con la participación reducida en la manifestación del pasado domingo. Esto ha provocado que los populares hayan cambiado de estrategia en los últimos días poniendo principalmente el foco en la causa abierta contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Alberto Núñez Feijóo se ha encontrado además con dos frentes dentro de su espacio este jueves. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se adelantó al líder del partido y en un acto fuera de la Cámara Baja anunció que las autonomías del Partido Popular irán al Tribunal Constitucional. Y, a la vez, Vox le quitó protagonismo armando una enorme bronca en el Congreso, llamando “traidor” al presidente desde su bancada y dando la espalda al Hemiciclo. En el PSOE califican de “lamentable” la actitud de la ultraderecha pero señalan que evidencia quienes son los socios de los populares: “Los mismos que han ido a hacerse la foto con Benjamin Netanyahu en Israel”.

El Congreso aprueba definitivamente la amnistía por mayoría absoluta

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La vía parlamentaria ya terminó y ahora la resolución de los casos está en manos de los jueces. En el Gobierno confían en que los magistrados cumplan la ley y entienden que será avalada por el Tribunal Constitucional porque respeta estrictamente la separación de poderes. La judicatura se tiene que mover en un momento en el que muchos magistrados han salido a protestar a las calles contra la norma y en el que incluso se ha desvelado que algunos de ellos se organizan con manuales para hacer frente a la aplicación de la norma. Una de las principales incógnitas es la resolución respecto a Carles Puigdemont, cuya causa está en manos del Tribunal Supremo. El expresident ha salido elegido diputado en el Parlament y tiene la intención incluso de presentarse a la investidura aunque no le dan los números para ser elegido president. Él mismo prometió que dejaría la política si no volvía al Palau.

También está sin resolver la futura gobernabilidad de Cataluña. Salvador Illa considera que la suya es la única vía posible para hacerse con la Presidencia. Su intención pasa por un apoyo de ERC y de los comunes, pero no se moverá nada en la negociación hasta después de las elecciones del 9 de junio. No obstante, horas después se constituirá el día 10 la Mesa del Parlament, donde se podría vislumbrar una posible mayoría. Los socialistas dicen que hay que esperar y dejar respirar a ERC, que se encuentra en un momento muy complicado digiriendo los resultados y que consultará con sus bases el sentido de su voto para el futuro Govern.

“En la política, como en la vida, el perdón es más poderoso que el rencor. La convivencia se abre camino”, escribía Pedro Sánchez en X tras la aprobación de la ley de amnistía. Ahora el Gobierno espera que se materialice esa nueva etapa y que se hable y se mire a Cataluña “en otros términos”, como indica una ministra. Con la idea de que toca también la época de la vuelta de la prosperidad y de la locomotora económica que se averió en 2017, que quieren impulsar con el eje a tres de Sánchez, Illa y Collboni.

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