Los andaluces endurecen su postura sobre los inmigrantes por la creencia de que compiten por las ayudas sociales

Empeoran las opiniones de los andaluces sobre la inmigración, vista como una creciente amenaza para la percepción de ayudas sociales. Indicador tras indicador, los extranjeros son mirados con ojos escépticos e inquietos. Así lo demuestra la encuesta Opiniones y Actitudes de la Población Andaluza ante la Inmigración, de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, que hace la fotografía de 2019 tomada entre marzo y abril, tras la irrupción electoral de la ultraderecha en España, que se produjo en las autonómicas andaluzas de diciembre de 2018 [ver aquí la serie de encuestas desde 2005 y aquí la de 2019].

Bajo la mirada de los 2.400 entrevistados, los inmigrantes son ahora menos competidores que durante la crisis por los puestos de trabajo –lo que podría indicar una cierta confianza en la recuperación del mercado laboral–, pero crece su percepción como competidores en el acceso a las prestaciones y los servicios públicos –visión acorde con el deterioro de las herramientas del Estado del bienestar que ha aparejado la crisis–.

Hay una caída fuerte de los que piensan que un "efecto negativo" de la inmigración es que los extranjeros "provocan mayor competitividad en el mercado de trabajo": del 42,7% en 2017 al 18,4% en 2019. En 2013 estaba en el 52%, lo cual da idea del fuerte ritmo de caída.

Pero, ojo, la atenuación de esta preocupación se compensa con el incremento de otra. Los andaluces que consideran que, como consecuencia de la inmigración, se generan "mayores ventajas sociales" para los extranjeros pasa del 4,2% en 2015 al 8,6% an 2017 y al 16,5% en 2019. En cuatro años, el porcentaje se ha cuadruplicado. La dinámica de la flecha va claramente hacia arriba, desde el 1% de 2005, cuando la Junta elaboró por primera vez esta encuesta.

El porcentaje de andaluces que están "de acuerdo" o "muy de acuerdo" con la idea de que los inmigrantes reciben "más ayudas" que los españoles en igualdad de condiciones –mismo salario– pasa del 46,1% al 52,61%.

El 57,41% de los encuestados, 13,4 puntos más que en 2017 y 36 puntos más que en 2015, creen que los extranjeros reciben "bastante" o "mucha protección", frente a un 24,66% que opina lo mismo sobre las "clases medias", un 23,82% que lo piensa sobre los "mayores" y un 18,16% que lo considera sobre los "parados". Sólo un 12,72% cree que los "jóvenes" reciben "bastante" o "mucha" protección.

En cambio, sólo un 1,99% de los encuestados cree que los inmigrantes deberían ser los protegidos "en primer lugar". Más del 50% piensa que deberían ser los "mayores", muy por delante de los segundos en esta clasificación (los parados, con el 22,2%).

La encuesta desvela que, al mismo tiempo, se asientan dos ideas: 1) Los inmigrantes tienen mucho acceso a ayudas, incluso de forma más fácil que los andaluces; 2) No deberían tener tanto acceso, porque eso perjudica a los locales.

Caen con fuerza los porcentajes de andaluces que creen que los inmigrantes deberían tener derecho a: cobrar el subsidio de desempleo (del 83,27% en 2017 al 51,3% en 2019), votar en las elecciones (64,04% a 41,47%), traer a su familia (71,72% a 50,08%) u obtener la nacionalidad (75,35% al 47,81%).

Abuso de la atención sanitaria

Un 57,79% está "más bien de acuerdo" o "muy de acuerdo" con que, a la hora de contratar, es preferible que se contrate a un español antes que a un inmigrante, si bien este es un porcentaje que no crece, sino que baja levemente, con respecto a 2017 (59,15%). Esto redunda en la idea de que decae la impresión de competencia laboral de los inmigrantes, para crecer la idea de competencia social. Es decir, de competencia en el terreno de las ayudas y los servicios.

El porcentaje de los que están "muy de acuerdo" o "de acuerdo" con que los inmigrantes "abusan de la atención sanitaria gratuita" se sitúa en un 52%, una leve subida desde el 49,81% de 2017. Está extendida (más del 90%) la aceptación de que los inmigrantes deben acceder a la escuela en igualdad de condiciones que los españoles.

"Hay una tendencia de mayor proteccionismo en ámbitos como las ayudas públicas, asistencia sanitaria o el acceso al empleo, cuestión que ha aumentado en relación al periodo anterior. Esta tendencia no se observa en otorgamiento de derechos más universales, como lo es el acceso a la educación", señala el informe, realizado con encuestas entre el 11 de marzo y el 5 de abril de 2019 y publicado en diciembre por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que ostenta el vicepresidente Juan Marín (Ciudadanos).

Dicho informe indica también que las mujeres muestran un mayor grado de "proteccionismo" que los hombres con las ayudas públicas, mientras que los hombres ven más grave que ellas el problema de la seguridad.

La posición de los andaluces adquiere una mayor ambigüedad ante algunas cuestiones. Un ejemplo. Decrece el porcentaje de quienes creen que la inmigración es muy positiva (8,9% a 7,7%) o positiva (de 35,2% a 28,1%), pero también de los que creen que es muy negativa (10,1% a 9%) o negativa (de 28% a 24,4%). Lo que crece, hasta más del doble, es el porcentaje de los que tienen una impresión "ni positiva ni negativa": del 14,2% al 28,8%.

El análisis que incorpora la encuesta, dirigida y coordinada por Anabel Suso al frente de un equipo de seis investigadores, destaca una visón cada vez más "utilitarista" de la inmigración, vista como aceptable en la medida en que es legal y permite "cubrir determinados puestos de trabajo".

Las respuestas a la pregunta "¿Qué efectos positivos cree usted que tiene la inmigración para Andalucía?" son elocuentes. Desde 2015, ha subido del 17,6% al 38,53% el porcentaje de los que creen que para "proporcionar mano de obra", ha bajado del 12% al 8,03% el de los que cree que tiene un "impacto positivo en la economía" y del 32,1% al 28,62% el de los que piensan que provoca un "enriquecimiento cultural".

El 43,72% de los andaluces creen que los inmigrantes sólo deben mantener aquellas costumbres "que no molesten" a los locales, mientras un 10,32% piensa que deberían "olvidar su cultura y sus costumbres" adaptándolas a las españolas. No hay cambios significativos en estos porcentajes.

Visiones "distorsionadas"

El informe detecta un "incremento de las concepciones distorsionadas" sobre la inmigración. En Andalucía un 7,7% de la población residente es extranjera, 3 puntos menos que la media española, según datos del INE. A pesar de ello, "el posicionamiento de la población andaluza resulta más restrictivo" que el del conjunto de España.

Crece del 20,04% al 25,55% el porcentaje de los que piensan que hay "demasiados" extranjeros. A mayor edad del encuestado, más impresión de que hay demasiados. Más de la mitad de los encuestados creen que "la mayoría" están en situación ilegal. Aunque hay disparidad de datos, todos coinciden –como señala el informe– en que existe en Andalucía una "amplia regularidad administrativa" de la población extranjera. Sube del 9,3% al 12,4% el porcentaje de los que creen que a los que no tienen regularizada la situación hay que "intentar devolverlos a sus países de origen".

La mediatización de la opinión se hace evidente al trasladar las preguntas al ámbito personal: más de un 90% califican su relación personal con los inmigrantes como "positiva" o "muy positiva". Las visiones sobre la inmigración mejoran cuando la autoubicación de los encuestados es a la izquierda, y empeoran a la derecha.

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Almería

Pasa del 5% al 9,57% con respecto a 2017 el porcentaje de andaluces que sitúan la inmigración entre los tres principales problemas (el paro sigue en la cima, con un 93,79%). Como problema de los ciudadanos, la inmigración escala del puesto 15º al 9º.

La provincia que observa con mayor inquietud el fenómeno es Almería, donde "llama la atención", dice el informe, que la proporción de personas que señalan que la inmigración sería uno de los principales problemas de las sociedad pasa del 9,3% en 2017 al 20,37% en 2019.