Andalucía recurrirá ante el Supremo para que no se abra El Algarrobico

La Junta de Andalucía no parece estar dispuesta a que el fin último del hotel edificado sobre la playa de El Algarrobico de Carboneras, provincia de Almería, sea otro que el derribo. Y eso a pesar de que por segunda vez en cuatro meses el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma ha dictaminado que la edificación es conforme a la ley y ha dado la razón al Consistorio de la localidad costera y a la empresa promotora. Específicamente, el auto conocido ayer miércoles señala que la licencia de obras del hotel fue otorgada conforme al planeamiento jurídico aplicable en el momento de la construcción y que, por tanto, es legal. El pasado marzo el mismo tribunal dictaminó que el suelo sobre el que se asienta el hotel de Azata del Sol era urbanizable. De no presentarse recurso alguno, lo que parece que no ocurrirá, esta sentencia sí podría acabar con el proceso de forma definitiva porque resuelve que el permiso de construcción no va en contra ni de la Ley de Costas ni de la normativa del Cabo de Gata. 

No obstante, la Junta de Andalucía, como ya hizo con la sentencia del pasado marzo, pretende recurrir el fallo que determina que la licencia municipal de obras concedida en 2003 a Azata del Sol para construir el hotel es conforme a derecho y no viola ni la Ley de Costas ni la normativa que protege los valores medioambientales del parque natural de Cabo de Gata-Níjar. "Antes que estas dos últimas, tres sentencias del Tribunal Supremo y una de la Audiencia Nacional ya determinaron que la construcción incumple la Ley de Costas porque no respeta la protección de 100 metros que tienen que tener el litoral. Respetamos la sentencia pero no compartimos el contenido, por eso, una vez que la estudiemos a fondo, nuestra intención es la de recurrir", señalan fuentes del Gobierno de Susana Díaz a infoLibre.

Horas después de trascender el fallo, la ONG Greenpeace ha instado a la Junta, además de a recurrir esta sentencia, a ejercer su derecho de retracto sobre el terreno del hotel, que es de su propiedad, para salvaguardar la totalidad del sector urbanístico donde se asienta el establecimiento y que se derribe la edificación. "La Junta está jugando un papel confuso en este asunto. Si no ejerce su derecho de retracto [derecho de adquisición preferente del bien], podría darse la cuestión paradójica de que un constructor privado podría edificar sobre terreno público. No hacerlo la haría responsable del mayor horror urbanístico de la costa española", señala María José Caballero, directora de Campañas de Greenpeace. Los ecologistas también piden a la Abogacía del Estado, que representa en este asunto al Ministerio de Medio Ambiente, que recurra la sentencia. 

A pesar de las acusaciones de los ecologistas, en la Junta se defienden alegando que sí han solicitado el derecho de retracto pero que esa petición está encallada en el Tribunal Supremo como consecuencia de varios recursos presentados al respecto. "Hay una sentencia a nuestro favor y estamos esperando por otras dos que todavía no se han resuelto, pero la petición está hecha", aseguran fuentes de la Junta. 

Asimismo, la organización ecologista subraya la "extrañeza" que le provoca que esta sentencia haya sido emitida por la Sala Tercera del TSJA, cuando todos los casos relacionados con el hotel ilegal –excepto el que dio lugar a la sentencia del pasado marzo– habían sido tratados por la Sala Primera de este tribunal. "Se trata de la misma Sección del TSJA donde se dio un giro de 360 grados a la historia del hotel ilegal, cuando el juez [Rafael] Toledano dictaminó que el suelo donde se asienta el hotel era urbanizable", señala Caballero. 

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Un conflicto que dura diez años 

El caso del hotel de la playa de El Algarrobico se remonta a enero de 2003, cuando el Ayuntamiento de Carboneras autorizó la licencia municipal para la construcción del complejo hotelero. Dos años después, tras numerosas acciones de protesta de diferentes grupos ecologistas, un juzgado de Almería dictaminó que la licencia era ilegal de pleno derecho por tratarse de una zona protegida, no urbanizable, y por invadir la servidumbre de protección establecía en la Ley de Costas.

Las obras se paralizaron en 2006 y su suspensión fue ratificada dos años más tarde, aunque para entonces el hotel ya estaba prácticamente construido: más del 94% del hotel, de 21 plantas y 411 habitaciones, está terminado. Desde esa fecha, el Supremo en 2011 y el TSJA en 2012 han instado a la Junta a dotar de la mayor protección posible al paraje. De hecho, recuerda Caballero, antes que estas dos últimas sentencias hay una veintena de resoluciones judiciales que, en diferencias instancias, han declarado no urbanizable el suelo sobre el que se asienta el hotel. Sin embargo, el fallo conocido este miércoles podría resultar definitivo porque, según Greenpeace, no hay ningún otro recurso pendiente de resolución en los tribunales. Por eso, insisten, es imprescindible que la Junta de Andalucía sea clara al respecto y recurra la sentencia al Supremo cuanto antes.