Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Luceño y nueve para Medina por el 'caso mascarillas'
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Adolfo Carretero la apertura de juicio oral contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por el llamado caso mascarillas en el que se investiga una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid por la compraventa de material sanitario en plena pandemia del coronavirus.
Así consta en un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, en el que el fiscal solicita una condena de 9 años de cárcel para el hijo menor de Naty Abascal y eleva la petición a 15 años de prisión en el caso de Alberto Luceño.
El escrito se presenta en la fase intermedia de las actuaciones de cara a la próxima celebración del juicio oral. Ahora, las partes personadas en el procedimiento deben presentar sus respectivas conclusiones provisionales al magistrado para que determine la apertura de juicio oral.
En el caso de Luceño, reclama una multa que asciende a los 5 millones. Además, se solicita que ambos indemnicen con casi 8 millones de euros a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid.
A Luis Medina le imputa en concepto de coautor un delito continuado de estafa agravada y otro delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular. A Luceño le acusa de los citados delitos en calidad de autor, junto a otro delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular y otro contra la Hacienda Pública agravado.
De igual modo, el fiscal pide que Luceño indemnice a la Agencia Tributaria, en el caso de que se considere que las comisiones que obtuvo en las operaciones relatadas están sujetas a tributación, en la cantidad de 1.351.386,29 euros.
El fiscal considera que procede, asimismo, decretar el decomiso de los bienes actualmente embargados, así como de cualesquiera otros en poder de los acusados hasta alcanzar la cantidad de 4.623.350,05 euros en el caso de Alberto Luceño, y la cantidad de 912.700 euros, en el caso de Luis Medina.
"Enriquecerse exageradamente"
"La intención de ambos acusados fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores, y ello como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador", recalca el fiscal.
Insiste Luis Rodríguez Sol en que los acusados "convencieron" al Ayuntamiento de Madrid de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación" a pesar de las comisiones millonarias que se desembolsaron.
En cuanto a las mordidas, el escrito recoge que las transferencias que consta en la causa corresponden "al cobro de las comisiones previamente pactadas entre Leno y los acusados, si bien Luis Medina no negoció con Leno el importe de su comisión, sino que dejó la esta gestión en manos de Alberto Luceño".
"Tanto en esta como en las otras operaciones, Alberto Luceño le dijo a Luis Medina que iban a ir a partes iguales, cobrando ambos idéntica comisión", expone el fiscal, quien agrega que para mantenerle en esta creencia, le envió un documento en que se reconocía a ambos una comisión de 1 dolar por mascarilla (1.000.000 dólares en total), y esta fue la cantidad que efectivamente cobró Luis Medina.
Sin embargo, según apunta el fiscal, "Alberto Luceño ocultó a Luis Medina que, en otro documento aparte, había pactado con Leno una comisión adicional de 2 dólares por mascarilla; es decir, Alberto Luceño cobró en total 3.000.000 dólares como comisión por esta operación, el triple que el otro acusado.
La Fiscalía sostiene en relación a la calidad de estas mascarillas que "no ha podido ser analizada en laboratorio con las debidas garantías por haber caducado su plazo de uso".
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"Sin embargo, no se han aportado pruebas de que estas mascarillas no reunieran las condiciones técnicas de una mascarilla KN95, asimilable a una mascarilla FFP2, por lo que cabe presumir que reunían las especificaciones estipuladas en el contrato", añade.
Engaño al Ayuntamiento
En el auto de procesamiento, Adolfo Carretero sostuvo que las compraventas en las que intervinieron los investigados constituyen un caso de "negocio jurídico criminalizado al haber engañado al Ayuntamiento de Madrid, ocultando con dolo unas comisiones excesivas para cualquier tipo de negocio, sin tener poder alguno de la empresa vendedora y con falsedad de documentos mercantiles".
Carretero afirmó que Medina y Luceño se "enriquecieron" con ello y "perjudicaron" al Patrimonio Municipal en bienes de primera necesidad, como era en el momento de la venta los materiales sanitarios "y en cantidad superior a 50.000 euros". El magistrado también apunta que Alberto Luceño "engañó al propio Luis Medina en el reparto de comisiones" y que "fijó unilateralmente".
