La ley de vivienda podría postergarse hasta 2023 en medio del laberinto de la negociación parlamentaria
La primera ley que regula el derecho a la vivienda en España ha pasado este jueves su primer trámite en el Congreso, pero su aprobación definitiva podría demorarse meses o "incluso un año", según apuntan a infoLibre fuentes parlamentarias. Esto significa que la ley no vería la luz hasta 2023. Un temor que ya verbalizan en Unidas Podemos. El grupo confederal confía en que la ley esté lista a finales de año, pero son conscientes de las dificultades que tendrán que sortear para poner de acuerdo a su socio de Gobierno, el PSOE, y a sus aliados parlamentarios, ERC, Bildu y Más País-Compromís.
Este jueves la Cámara Baja ha rechazado las enmiendas a la totalidad del PP, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT y Junts, que buscaban devolver el proyecto al Gobierno. Lograr que estas enmiendas no prosperen es, teóricamente, el trámite más sencillo. Sin embargo, como ya viene siendo habitual, el Ejecutivo ha atado en el último momento los apoyos necesarios para evitar que la norma decayese.
Cuando apenas quedaban 24 horas para la votación, ERC amagó con tumbar el texto y apoyar el resto de vetos. Los republicanos, capitaneados por Gabriel Rufián, consideraban que la ley suponía una "invasión de competencias". En este caso fue el ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Ione Belarra, el que ejerció el papel de mediador entre el grupo catalán y el PSOE. Finalmente se llegó a !un compromiso por escrito" para respetar las competencias autonómicas de la ley.
Pero este acuerdo "no supone en ningún caso la validación de la ley", tal y como ha recordado la diputada de ERC, Pilar Vallugera, durante su intervención en el pleno. "Es la quinta vez que les recuerdo que no tienen mayoría absoluta. Tienen la legitimidad para impulsar los proyectos legislativos que quieran, pero no los votos para legislar a su antojo", ha sido la advertencia que ha lanzado a los partidos de la coalición gubernamental.
Recientemente el Tribunal Constitucional dio la razón al Gobierno de Pedro Sánchez y anuló tres apartados de la ley catalana. El Ejecutivo la recurrió el pasado mes de junio al entender que el articulado de la ley vulneraba la Constitución y sobrepasaba los límites del Estatut, invadiendo las competencias del Gobierno central.
El Gobierno podría ampliar el plazo de enmiendas para negociar sin prisas
Las complicaciones a las que se ha enfrentado el Ejecutivo para salvar esta primera votación ya dan una pista de lo complejo que será el resto del trámite parlamentario. El texto, y sus correspondientes enmiendas, deberán debatirse en ponencia, comisión y Pleno. Y ahí surgirán las primeras complicaciones, tal y como avanzan a este periódico algunos de los grupos implicados.
Por lo general, un Proyecto de Ley tarda aproximadamente medio año desde que el Consejo de Ministros lo envía al Parlamento hasta que, aprobado definitivamente por el Congreso, sancionado y promulgado por el Rey y publicado en el BOE, se convierte en Ley. Pero esta no es una norma más. Y, ante las previsibles complicaciones, el Gobierno podría ampliar el plazo de enmiendas sine die —como ya ha ocurrido con otras normas, como la ley mordaza—para poder negociar con mayor margen de maniobra.
"Ahora deberá abrirse un intenso período de negociación y acuerdo en base a lo establecido como punto de partida", aseguran desde ERC. Otros aliados del Ejecutivo, como EH Bildu, Más País y Compromís también quieren hacer valer sus votos y ya avanzan que propondrán sus propias enmiendas al articulado.
Lo que demandan los aliados del Ejecutivo es un texto más ambicioso y, entre otras cuestiones, sugieren acortar el plazo legal para poner en marcha el índice de precios necesario para aplicar la regulación de precios, fijado por ahora en 18 meses.
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A diferencia del PSOE, los morados apoyan a estos grupos en sus reivindicaciones y creen que "ayudarán a mejorar el texto". "Pueden lograr el empuje que le hace falta a la ley", fueron las palabras del portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique.
La ley obligaría a los grandes tenedores a bajar por ley los precios
Actualmente la ley obligaría a los grandes tenedores, es decir, aquellos propietarios que tengan 10 o más viviendas, a bajar por ley los precios. Este fue uno de los grandes focos de discrepancia entre la coalición. Tanto es así que desde Unidas Podemos no se comprometieron a cerrar los Presupuestos de 2022 hasta abordar la cuestión de los alquileres con el PSOE, después de acumular casi un año de retraso.
La ley también permite declarar zonas tensionadas a municipios y barrios en los que el coste de la hipoteca supere el 30% de los ingresos de los hogares, limitar los precios de los contratos, imponer recargas en el IBI de hasta el 150% por tener pisos vacíos o proporcionar una batería de incentivos fiscales a los pequeños propietarios que alquilen bajo una serie de condiciones.
