La aprobación del techo de gasto en el Congreso abre al Gobierno la puerta para enviar su proyecto de Presupuestos

Los objetivos de estabilidad que este jueves aprobó el Congreso son el marco general que rige el Presupuesto para el año próximo. En este caso, lo que ha aprobado la Cámara baja a instancias del Gobierno es un objetivo de déficit público del 1,8% para 2019, del 1,1% en 2020 y de sólo cuatro décimas de PIB para 2021. Esto significa que Pedro Sánchez quiere poder gastar el año que viene cinco décimas más de PIB de lo comprometido inicialmente por Mariano Rajoy, un porcentaje que le permitiría movilizar 6.000 millones más para, en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, empezar a revertir los recortes del PP en sanidad, educación y servicios sociales, y financiar la Seguridad Social.

El problema es que el PP reformó la ley durante el mandato de Rajoy para que la modificación de los objetivos de estabilidad no se pueda llevar a cabo sin el permiso del Senado, donde el partido de Pablo Casado goza de mayoría absoluta y, por tanto, de capacidad de veto. El Gobierno, con el respaldo de la mayoría de los partidos del Congreso, intenta desde septiembre modificar esa ley para que el Senado no pueda bloquear el nuevo objetivo de déficit, pero PP y Ciudadanos obstruyen la reforma prolongando indefinidamente el trámite de enmiendas.

Pablo Casado y Albert Rivera se han conjurado para impedir la reforma del objetivo de déficit. De manera que cuando el Gobierno de Pedro Sánchez envíe su proyecto de Presupuestos al Congreso el próximo mes de enero tendrá que ajustarse a una previsión de déficit del 1,3%, lo que privará a las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social de unos 5.000 millones de euros adicionales. Los otros 1.000 millones serían para la Administración General del Estado.

El veto del PP dejará el año que viene a las Comunidades Autónomas sin 2.500 millones de euros con los que aliviar sus precarias economías y dificultará, casi con toda seguridad según fuentes del Ministerio de Hacienda, relajar la regla de gasto de los ayuntamientos que impide a los municipios con superávit utilizar ese dinero para atender las necesidades de sus vecinos.

La negativa de Pablo Casado tiene especial trascendencia política porque obligará a comunidades y ayuntamientos, en pleno año electoral, a seguir transitando por la senda de la austeridad pese a que las autoridades europeas se han mostrado comprensivas con los planes del Gobierno de Pedro Sánchez de relajar el compromiso de déficit para el año que viene.

No existe un cifra oficial que exprese cuánto afectará el veto del PP a cada comunidad pero, atendiendo al peso de cada una de ellas en el PIB nominal español, se puede hacer una cálculo aproximado. Las más perjudicadas en cifras absolutas serán Cataluña y Madrid, la primera gobernada por el PDeCAT y Esquerra, y la segunda por el PP con el apoyo de Ciudadanos. Si el Senado bloquea la nueva senda, cada una de ellas verá cómo se esfuma la posibilidad de contar con unos 450 millones de euros.

Andalucía sí tiene un cálculo —lo compartió su presidenta, Susana Díaz (PSOE), ahora en funciones, después de entrevistarse con Pedro Sanchez en la Moncloa—: 350 millones. También la Comunitat Valenciana, cuyo conseller de Economía, Vicent Soler, calcula que el Gobierno de Ximo Puig (PSOE) se verá privado de 220 millones por culpa del veto de Casado.

Los siguientes en la lista de los más perjudicados por el volumen de recursos que no tendrán a su disposición el año que viene son dos comunidades del PP: Galicia (unos 130 millones) y Castilla y León (en torno a 120). Les sigue Canarias (se verá privada de casi 100 millones de euros), Castilla-La Mancha (unos 85 millones), Aragón (casi 80), Murcia (65), Balears (65), Asturias (casi 50), Extremadura (40), Cantabria (en torno a 30) y La Rioja (algo menos de 20).

Sin más margen para gastar, la intención del Gobierno es incluir de todos modos en el proyecto de Presupuestos el conjunto de medidas sociales que pactó con Unidos Podemos. Entre ellas la reversión de los recortes de sanidad y educación, el aumento de un 3% de las pensiones mínimas y no contributivas (las demás subirían un 1,6%), un incremento del presupuesto para dependencia de 515 millones de euros, el comienzo de la eliminación del copago farmacéutico, una subida del 38% –hasta los 630 millones de euros– del capítulo dedicado a políticas de vivienda o la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años.

No obstante, la propia ministra de Hacienda ha dejado claro que aunque el Presupuesto arranque con la senda del 1,3% el Gobierno no renuncia a conseguir la modificación de este objetivo a lo largo del año, de manera que acabe siendo del 1,8%, lo que sugiere la posibilidad de que el Ejecutivo desafíe en la práctica la cifra oficial en la confianza de que una modificación de la ley de estabilidad presupuestaria le permita blanquear cinco décimas adicionales de déficit.

En todo caso, aunque el objetivo nominal sea del 1,3 del PIB, el Gobierno pretende aumentar el gasto. Y para cuadrar las cuentas, necesita sacar adelante un conjunto de medidas que incluyen obtener ingresos adicionales de la lucha contra el fraude (Hacienda cree que puede recaudar por esta vía 828 millones más) así como de un impuesto sobre Transacciones Financieras con el que aspira a conseguir 850 millones parar el sistema público de pensiones y un gravamen sobre determinados servicios digitales gracias al cual el Ejecutivo espera reunir otros 1.200 millones.

A estas cifras habría que sumar un aumento de 2 y 4 puntos en el IRPF para rentas superiores a 130.000 y 300.000 euros, respectivamente, de cuatro puntos a las rentas del capital que superen los 140.000 euros (328 millones adicionales de recaudación según las previsiones del Gobierno), un tipo mínimo para el impuesto de sociedades en empresas que facturen más de 10 millones (1.516 millones más), un incremento del Impuesto sobre el Patrimonio para aquellos que declaran bienes superiores a 10 millones de euros (otros 339 millones) y un aumento de la fiscalidad del gasóleo (lo que permitiría ingresar hasta 670 millones).

De llevarse a cabo, y siempre según los cálculos del Ejecutivo, el total del conjunto de medidas tributarias y de lucha contra el fraude elevarían la recaudación pública en 5.678 millones de euros.

Cuando el Gobierno llevó los nuevos objetivos de estabilidad al Congreso ya sabía que, aunque fuese aprobados, acabarán estrellándose en el Senado.estrellándose Su importancia radica en que esta vez, a diferencia de lo que ocurrió el pasado mes de julio, el Ejecutivo sí ha sido capaz de articular una mayoría similar a la que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa, con la participación del PSOE, Unidos Podemos, Esquerra, PdeCAT, PNV, Compromís y Nueva Canarias. Esa es, precisamente, la suma de votos que necesitará para sacar adelante los Presupuestos, que ni el PP ni Ciudadanos podrán vetar.

La esperanza del Gobierno

El Gobierno tiene ya fundadas esperanzas de que esa mayoría tumbe las enmiendas a la totalidad que presentarán PP y Cs a los Presupuestos. El procedimiento para discutir los cuentas en el Congreso se inicia siempre con el debate de las enmiendas a la totalidad de los grupos de la oposición. Si estas enmiendas obtienen apoyo mayoritario, los Presupuestos son devueltos al Gobierno sin mas trámite. Pero si son rechazadas, el proyecto iniciará una tramitación que, en una situación normal, suele prolongarse por espacio de dos meses.

A poco que se demore, el debate final y la votación definitiva de los Presupuestos en el Congreso no tendrá lugar hasta comienzos de abril, muy cerca ya del superdomingo electoral del 26 de mayo, lo que haría inviable la convocatoria de las elecciones generales en esa fecha.

Ese es el escenario al que quiere llegar Sánchez.escenario Si los Presupuestos son rechazados, intentará promover por decreto ley algunos de sus compromisos más importantes y convocará elecciones en otoño; si las cuentas para 2019 salen adelante, se planteará agotar la legislatura y gobernar hasta la primavera de 2020.

En el primer trámite presupuestario del Congreso, el que someterá a votación el rechazo y devolución del proyecto del Gobierno, Sánchez sabe que tiene en contra al menos 169 votos —PP (134), sus satélites (dos diputados de UPN y uno de Foro Asturias) y Ciudadanos (32)— y que, de momento, cuenta sólo con 151 a favor (los 84 del PSOE y los 67 de Unidos Podemos). Confía en conseguir el respaldo del PNV (cinco votos), de Compromís (cuatro) y del único diputado de Nueva Canarias, lo que sumaría diez votos. De manera que para derribar las enmiendas a la totalidad necesita la ayuda, al menos en parte, de los grupos independentistas, que en la Cámara baja disponen de 17 diputados (nueve de Esquerra y ocho del PDeCAT). El Gobierno espera que, al final, al menos Esquerra contribuya a derribar las enmiendas de devolución que previsiblemente presentarán PP y Ciudadanos y que el PDeCAT, en el peor de los casos, se abstenga.

En el Gobierno confían en que Esquerra y el PDeCAT tengan en cuenta no sólo las ventajas para la Generalitat —en la que comparten el control del Govern— que supone tener Presupuestos, sino la posibilidad de un adelanto electoral, un escenario que los independentistas prefieren retrasar a la espera de que una más que probable condena de sus dirigentes encarcelados provoque una gran movilización a su favor en las urnas. El equipo de Sánchez confía también en que los independentistas tengan en cuenta las encuestas que apuntan la posibilidad de un Congreso controlado por PP, Ciudadanos y Vox.

La Generalitat tampoco tiene mayoría en el Parlament para sacar adelante sus propios Presupuestos. Y tanto el PSC como los comunes de Ada Colau condicionan su apoyo a que PDeCAt y ERC apoyen las cuentas del Gobierno central.

El Gobierno cree firmemente en la viabilidad de que los independentistas faciliten el debate de los Presupuestos y cree que ese trámite representa una oportunidad para visibilizar su agenda social y dejar en evidencia el compromiso de PP y Ciudadanos con los recortes y un régimen fiscal que favorece a las grandes empresas y a los más ricos.

Su deseo es centrar el debate “en los problemas cotidianos de los ciudadanos” y forzar a los grupos políticos, a los independentistas pero también a PP y Ciudadanos, a hablar “de la sanidad, de la educación, de la seguridad ciudadana, del acceso a la vivienda, de la creación de infraestructuras, del Salario Mínimo Interprofesional o de la revalorización de las pensiones para el año que viene”, en palabras de la ministra de Hacienda. “Probablemente no hay un debate más importante en el país que hablar de estos problemas que afectan en profundidad al conjunto de los ciudadanos en España, en Cataluña, en Andalucía, o en Valencia”.