La Asamblea de Madrid se agarra a una excusa legal para ocultar las declaraciones finales de bienes de un tercio de los diputados

Conocer cómo ha evolucionado el patrimonio de un diputado mientras ha ocupado su escaño. Ese es el objetivo de las leyes que obligan a los parlamentarios de todo el país a presentar una declaración de bienes al comienzo del mandato y otra al final. Pero la Asamblea de Madrid se escuda en un tecnicismo que en la práctica torpedea lo que aparecía como uno de los pilares del principio de transparencia: la Ley de Protección de Datos, que según la versión oficial recabada solo le permite publicar las declaraciones finales de bienes presentadas por quienes conservan la condición de diputados. Y quienes la mantienen son solo 86 de los 132 que componen la institución. Aquellos que, como titulares o suplentes, pertenecen a la llamada Diputación Permanente, que asegura la permanencia del poder legislativo una vez disuelta la Cámara tras la convocatoria de elecciones. De ese órgano forman parte, entre otros, los líderes de los distintos partidos con presencia en la institución.

Los otros 46 diputados entregarán a la Asamblea la declaración final a la que vienen obligados. Pero a su contenido ningún ciudadano tendrá acceso. ¿Por qué? Porque según fuentes de la Asamblea madrileña al inicio del mandato cada parlamentario adjunta a su declaración un permiso escrito para que los datos en ella reflejados se publiquen mientras sean diputados. Y –ese es el argumento esgrimido– los 46 que no pertenecen a la Diputación Permanente ya no lo son. Los interlocutores de este periódico sostienen que publicar los datos de su declaración final, "que se conservará en el archivo de la Asamblea", es lo que  vulneraría la Ley de Protección de Datos. 

Los portavoces consultados aseguraron este jueves a infoLibre que el abrupto final de la legislatura es lo que para los servicios jurídicos de la Cámara justifica la quiebra de un derecho que desde 2011 se consideraba inalterable y afianzado. Y ese derecho consiste en la posibilidad de averiguar de cada diputado sus ingresos, bienes inmuebles, vehículos, préstamos que adeuden, sociedades en que participan y cualquier otro dato económico que permita comparar su situación al ocupar el escaño con la que declare a su salida. Hasta ahora, bastaba para ello con entrar en la web de la institución y localizar la pestaña donde figuran las declaraciones de bienes.

"Accesibles a cualquier persona"

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Este jueves, víspera de la fecha fijada -9 de abril– para la recepción de los documentos que han de plasmar el patrimonio actual de los diputados, ya había desaparecido parte de las declaraciones iniciales: las que en 2019 y con un plazo máximo de dos meses desde la toma de posesión del escaño presentaron los 46 que ahora ya han perdido el rango de diputados.

¿Y por qué ha de mermar la transparencia el final abrupto de una legislatura que aún no había cruzado el ecuador de los dos años cuando Isabel Díaz Ayuso convocó elecciones por sorpresa para evitar una moción de censura que nadie había anunciado? Pues, según las fuentes consultadas, porque en circunstancias normales -una legislatura de cuatro años-, los diputados saben cuándo se disolverá la Cámara. Y preparan con antelación su declaración de bienes final. Pero el Reglamento de la Asamblea madrileña no incluye ni una sola línea que apunte en esa dirección. 

Lo que dice el artículo 29 del Reglamento, norma básica de funcionamiento de cualquier institución parlamentaria, es lo siguiente: que "quienes ostenten la condición de diputado en el momento de la publicación del Decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas estarán obligados, de acuerdo con el régimen disciplinario contemplado en el presente Reglamento, a efectuar una declaración de sus bienes patrimoniales". Dicha declaración, prosigue el texto, "será notificada a la Mesa de la Diputación Permanente en el plazo de veinte días naturales, a contar desde la fecha de publicación del Decreto de convocatoria". Y aquí llega lo más relevante: "Las declaraciones de bienes patrimoniales de los miembros de la Cámara serán accesibles a cualquier persona a través del portal de transparencia de la página web de la Asamblea de Madrid". Ahora, esa proclama queda en papel mojado.