Atrapados en el patio, trasladados con bridas y vigilados por antidisturbios: así viven los inmigrantes en Archidona

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, afirmó este viernes que el centro penitenciario de Archidona (Málaga) en el que se encuentran internados más de 500 inmigrantes desde hace más de una semana tiene numerosas carencias para funcionar como un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Tras la visita sorpresa de dos técnicos de la institución, el organismo declara tener "dudas sobre la idoneidad de su empleo" para acoger a estas personas, puesto que el centro había sido ya designado "como centro penitenciario". 

La cárcel de Archidona, que todavía no había comenzado a funcionar, se ha estrenado con el internamiento de estas personas. Esta "premura", tal y como explica el Defensor, "supone que no todos los servicios, incluso algunos elementales, estén en funcionamiento". En este sentido, numerosas ONG ya denunciaron que los inmigrantes no tenían garantizadas las condiciones adecuadas para habitar el centro, que ni siquiera tenía agua potable, tal y como denunció José Luis Pascual, presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), en una conversación con infoLibre. 

En el patio desde el desayuno hasta la cena

Según constata el Defensor del Pueblo durante su visita, las condiciones en las que están viviendo estas personas no son, ni mucho menos, las mismas que se ofrecen en un CIE. Según indica, "los internos permanecen en el patio desde el desayuno hasta la cena (excepto para la comida) sin poder pasar al resto de zonas comunes, incluidos los baños". De esta manera, con la falta de horarios y actividades, "se favorecen los incidentes entre los internos". 

Por otro lado, la gestión directa con los extranjeros está siendo llevada a cabo por agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que hacen uso de su uniformidad e instrumentos habituales. Pero, además, las condiciones mínimas garantizadas en un CIE, como la asistencia sanitaria o la información de las normas y del funcionamiento del centro, tampoco se cumplen. Los inmigrantes trasladados, además, declararon haber sido trasladados unidos entre sí con bridas en las muñecas. 

En las visitas familiares, además, el Defensor también ha encontrado algunas irregularidades que hacen dudar sobre el adecuado empleo del centro de Archidona como CIE. Según explica, éstas se realizan "en locutorios cerrados con mamparas aislantes de cristal, mediante teléfono", donde "la privacidad no está garantizada". 

Al Defensor también le llamó la atención que en los autos de autorización de internamiento, que se han emitido por órganos judiciales de diferentes localidades –Alicante, Almería, Cartagena, Elche, Lorca o Vera–, "no consta el lugar exacto en el que se produjo la detención de cada una de estas personas, cuando la norma establece que el juez competente es el del lugar de la detención".

Con este escenario, la institución ha elaborado un decálogo de sugerencias para garantizar el adecuado trato a estas personas, como la sustitución de los agentes UIP por funcionarios policiales que presten servicios en los CIE, la realización de un reconocimiento médico a todas estas personas, el establecimiento de asistencia médica 24 horas o la finalización de los expedientes administrativos para devolver a los internos las copias de los autos de internamiento. 

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Por su parte, el ministro del Interior, a pesar de las numerosas críticas de los partidos políticos de la oposición, ONG e incluso la Iglesia católica, continúa insistiendo en su argumento de que las condiciones en las que viven los inmigrantes internados en la cárcel de Archidona son "mejores" que las que se tienen en cualquier CIE.

Aunque el traslado ha sido considerado como ilegal en varias ocasiones, el responsable de Interior apuntó que el país ha vivido una "situación excepcional" en la que ha recibido en tres días hasta 1.000 inmigrantes, por lo que decidió abrirse la prisión para acogerlos, "tal y como permite el ordenamiento jurídico", según informó Europa Press. Así, defendió que esta situación es "legal", permitida tanto por las legislación europea, como por la española. Además, indicó que esta decisión estuvo avalada por 7 jueces y la Fiscalía Superior del Tribunal de Andalucía.