Los abusos de la banca
La Audiencia Nacional celebra su primer juicio contra exbanqueros
La Audiencia Nacional celebrará a partir del próximo lunes su primer juicio contra exdirectivos de cajas de ahorros. En el banquillo de los acusados se sentarán el ex director general de Caixa Penedès Ricard Pagès Font y los exdirectivos Manuel Troyano Molina, Santiago José Abella Rodríguez y Juan Caellas Fernández, acusados de adjudicarse planes de pensiones de forma irregular.
La Fiscalía Anticorrupción pide tres años y medio de prisión para Pagès Font y tres años para Troyano, Abella Rodríguez y Caellas. El fiscal Emilio Sánchez Ulled considera que los cuatro, junto al fallecido exdirector de Recursos Humanos Jaume Jorba, se otorgaron de manera irregular 31,6 millones de euros en planes de pensiones y distintas pólizas, lo que supone un delito societario continuado de administración desleal.
El Ministerio Público asegura que todos ellos actuaron desde 2001 "de común acuerdo para vincular fraudulentamente a la caja de ahorros que regían, generando obligaciones económicas para su beneficio particular y en perjuicio de la entidad, actuando de espaldas a los máximos órganos colegiados". En total, reclama a los acusados que indemnicen conjunta y solidariamente a la caja de ahorros con 12,6 millones correspondientes a las pólizas cobradas por Pagès y Abella, a los que habría que sumar las retribuciones irregulares fijadas desde 2010 y que se determinarán en sentencia. Los herederos de Jorba deberán devolver más de 2,5 millones.
Para el fiscal, Pagès diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse una "desproporcionada ganancia patrimonial a costa de la entidad" pensada "para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo". Desde 2001, los exdirectivos "se autoconcedieron" derechos económicos a espaldas de los órganos colegiados de la caja a través de pensiones que no estaban contempladas en sus contratos para cuando abandonaran el banco.
Sumando el plan de pensiones y cuatro pólizas suscritas, Pagès se adjudicó 11.609.708 euros, Abella 5.727.774 euros, Troyano 6.164.999 euros, Jorba 3.311.758 euros y Caellas 4.838.675 euros; en total, 31.652.917 euros.
La búsqueda de una cobertura formal
Anticorrupción asegura que, en 2009, la "placidez derivada del colchón económico que los acusados se habían autoconcedido se vio perturbada por la crisis económica" y el proceso de reestructuración del sistema financiero español, que dio lugar a restricciones normativas y al endurecimiento de los controles administrativos.
En el caso de Caixa Penedès, a esto se unió que en 2010 la entidad se fusionó a Caja Granada, Caja Murcia y Sa Nostra Caja de Baleares, lo que dio lugar al Banco Mare Nostrum (BMN) que recibió ayudas por un importe 915 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Ante el riesgo de perder los beneficios económicos que se habían adjudicado, "los acusados reaccionaron apresuradamente" y buscaron una cobertura formal con la que justificar sus derechos económicos, incurriendo en nuevas actuaciones abusivas. Así, reunieron a la Comisión de Retribuciones y a la Comisión Ejecutiva, "controladas de hecho por los acusados Pagès y Caellas", y formalizaron la modificación de los contratos de trabajo para blindar sus privilegios.
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La Audiencia Nacional juzgará en los próximos meses a los exdirectivos de otras dos de la cajas de ahorro investigadas por irregularidades en su gestión después de que los jueces encargados de la instrucción hayan decretado la apertura de juicio oral contra los antiguos responsables de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Novacaixagalicia.
El juez Javier Gómez Bermúdez dictó el pasado 18 de febrero la apertura de juicio oral contra el ex director general de la CAM Roberto López Abad y el expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés por fomentar el cobro de dietas abusivas y participar en la concesión de préstamos irregulares.
En cuanto a Novacaixagalicia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, también ha dado el primer paso para juzgar a cinco exdirectivos, entre los que se encuentra su expresidente Julio Fernández Gayoso, por el cobro supuestamente indebido de casi 19 millones en prejubilaciones.
