Las familias estudian citar a Ayuso como testigo tras reabrirse otro caso contra su 'Protocolo de la Vergüenza'

Segundo frente judicial para Isabel Díaz Ayuso por la aplicación del Protocolo de la Vergüenza, desvelado por infoLibre. La Audiencia Provincial ha pedido, en un auto fechado el pasado 25 de octubre al que ha tenido acceso este periódico, que el Juzgado de Instrucción número 50 investigue si la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene alguna responsabilidad penal en el fallecimiento en residencias de mayores que no pudieron ser trasladados al hospital durante la primera ola de la pandemia. La Audiencia también ha solicitado investigar a dos de sus consejeros de entonces: el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Justicia e Interior, Enrique López. "Esperamos que haya una buena investigación y se llegue a la verdad. Tenemos esperanza", celebra Carmen López, portavoz de Marea de Residencias.

El caso se refiere, concretamente, a la muerte de siete residentes de Amavir Ciudad Lineal que habrían fallecido sin haber sido trasladados al Hospital Ramón y Cajal y, además, sin haber recibido asistencia sanitaria en el propio centro, lo que habría ocurrido, según los familiares querellantes, siguiendo las indicaciones del protocolo de no derivación de la Comunidad de Madrid. El documento, como publicó infoLibre, llegó a tener hasta cuatro versiones.

Carlos Vila, abogado de las familias querellantes, celebra la reapertura, pero pide algo más. "No es suficiente", afirma. Por eso ha solicitado, mediante un escrito al Juzgado número 50, que se vuelva a citar como testigos al exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero, al exdirector general de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur, firmante de los protocolos, a la exdirectora de salud pública de la Comunidad Yolanda Fuentes y al presidente de la patronal de residencias, Carlos Rus. El objetivo de la comparecencia de este último será ratificar las declaraciones que realizó en una entrevista concedida a Público, periódico al que aseguró que en lo peor de la pandemia había respiradores y UCIs en la sanidad privada sin utilizar.

Además, Vila asegura que tampoco descartan pedir las testificales de la propia Ayuso, de Escudero y de López. En su caso, si la investigación prosperase, el Juzgado tendría que inhibirse a favor del Tribunal Supremo, puesto que los tres cargos están aforados: Ayuso sigue siendo presidenta, López volvió a su plaza en la Audiencia Nacional y Escudero es ahora senador. "Aunque la instrucción recayera en este tribunal, podemos solicitar que declaren como testigos", aclara el letrado.

Las familias apuntan a la posible comisión de cuatro delitos: uno de homicidio y lesiones imprudentes, otro de omisión del deber de socorro, otro de trato degradante y otro de prevaricación. Lo que alega la Audiencia Provincial para solicitar la reapertura de la causa es que el sobreseimiento del caso que acordó en abril el Juzgado de Instrucción número 50 se centraba en exclusiva en la directora de la residencia y el centro, olvidándose de los tres altos cargos de la Comunidad de Madrid, cuya responsabilidad, además, no se habría investigado.

"El juzgado instructor ha omitido cualquier pronunciamiento en cuanto a los tres referidos aforados querellados y en cuanto a la existencia o no de indicios de criminalidad en relación a las personas aforadas", detalla el tribunal.

Esta es la segunda vez que la Audiencia Provincial ordena a un juzgado reabrir una causa que dirima la responsabilidad política de altos cargos del Gobierno regional en el fallecimiento de ancianos sin recibir asistencia sanitaria. La primera tuvo lugar el pasado mes de octubre, cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba reabrió por orden de la Audiencia Provincial otro caso relativo a un residente del Centro Residencial Torrelodones-Sanitas Mayores en una causa por homicidio por imprudencia. Dentro de ella ya declararon, el 7 de noviembre, Reyero y Mur.

Un archivo sin investigación

El caso que ahora se reabre se remonta al pasado mes de abril. El Juzgado de Instrucción número 50 acordó entonces el sobreseimiento de la querella que interpusieron los familiares de los fallecidos en el centro madrileño. Pero estos recurrieron. Alegaron, según expone ahora la Audiencia Provincial, vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y falta de motivación, puesto que no se practicó "la actividad instructora suficiente" ni se llamó a declarar "a los responsables de la elaboración, aprobación y distribución de los protocolos".

Además, las familias argumentan que existen "indicios de criminalidad", pues a los ancianos fallecidos "se les impidió recibir cuidados sanitarios al no ser derivados". "Lo relevante no fue el contexto epidemiológico en el que se produjeron los fallecimientos, sino si las medidas que se adoptaron en ese contexto privaron a los fallecidos de una asistencia sanitaria que su estado de salud precisaba", recoge la Audiencia Provincial.

Esa es una de las cuestiones relevantes en todas las investigaciones que rodean a lo sucedido en las residencias durante la primera ola de la pandemia. El Tribunal Supremo, precisamente, admitió a trámite este verano un recurso de casación contra la Comunidad de Madrid por "inacción" en las muertes de mayores en residencias de Leganés. El objetivo, señaló entonces el alto tribunal, es determinar si el Gobierno regional debió haber medicalizado los centros, una vez se había firmado el documento que impedía la derivación de los ancianos al hospital.

Los querellantes en este caso apuntan a lo mismo. "Entiende el recurrente que la inacción por parte de los responsables de la Comunidad de Madrid que figuran como querellados es evidente que tuvo resultados trágicos", recoge el auto del pasado 25 de octubre.

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Desde Marea de Residencias han celebrado la decisión. "Es necesario que se investigue, lo que no es normal es que se cierren las causas sin investigar los protocolos y las decisiones políticas de Ayuso y sus consejeros. Esperamos ahora que la justicia actúe", indica López.

La plataforma, precisamente, celebra este domingo 26 de noviembre una manifestación en Madrid. El objetivo, han explicado sus integrantes en una nota de prensa, es reclamar "una ley de residencias que garantice una vida digna a las personas institucionalizadas". "Las privatizaciones efectuadas durante décadas y la venta de los derechos sociales al sector empresarial nos han abocado a la tragedia humana ya conocida por todos", denuncian, refiriéndose concretamente a "la pésima gestión realizada entorno al covid-19" y a la aprobación de los Protocolos de la Vergüenza, que tachan de "políticas ignominiosas, basadas en el abandono impune de las personas más vulnerables".

"La injusticia, la indignidad, el abandono y hasta la falta de escrúpulos en la actuación pasada y presente sigue siendo el epicentro del problema", sentencian. La cita tendrá lugar a las 11.30 horas y recorrerá las calles de la capital desde Cibeles hasta la Puerta del Sol, donde se encuentra la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.