"Insisto, el 'Protocolo de la Vergüenza' era obligatorio": Reyero y Mur testifican por tercera vez ante un juez
"He vuelto a repetir lo que ya he dicho otras veces en el juzgado: que para mí el protocolo era de obligado cumplimiento y que espero que un juez se pronuncie sobre ese tema". El exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, se sentó este martes por tercera vez ante un juez para testificar en una de las causas que permanecen abiertas sobre las muertes durante la primera ola de la pandemia en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. La primera ocasión fue en marzo y la segunda en junio. La postura ha sido siempre la misma: el Protocolo de la Vergüenza nunca fue un borrador, como ha defendido siempre —y sigue haciéndolo— la Comunidad de Madrid.
La cita esta vez ha sido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Collado Villalba. Por orden de la Audiencia Provincial, hace poco menos de un mes reabrió la causa de un residente del Centro Residencial Torrelodones-Sanitas Mayores en una causa por homicidio por imprudencia que investigará a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y dos de sus consejeros en marzo de 2020: Enrique López (Justicia e Interior) y Enrique Ruiz Escudero (Sanidad). El objetivo, concretamente, es dirimir qué responsabilidad tuvieron en la aprobación del protocolo de no derivación desvelado por infoLibre, que llegó a tener hasta cuatro versiones. En caso de que la invstigación prospere, el Juzgado tendría que inhibirse a favor del Tribunal Supremo, puesto que los tres están aforados: López volvió a su plaza en la Audiencia Nacional y Escudero es ahora senador.
Reyero no ha estado solo en la cita de este martes. Junto a él han acudido a declarar el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur, la médica de la residencia objeto de la causa y una geriatra perito de parte del centro de mayores. También estaba citada la que fuera directora de general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, que no ha acudido al no haber podido ser localizada por la jueza. Sí lo hizo el pasado mes de junio, cuando ratificó la tesis de Reyero. Según dijo entonces, el Protoclo de la Vergüenza fue cumplido "escrupulosamente" por residencias y hospitales.
Así lo ha vuelto a defender Reyero. "La jueza me ha preguntado si yo sabía que la residencia [objeto de la causa] había intentado derivar y no había podido. He contestado que el caso concreto no lo conozco, pero que no me extraña. Es lo que pasaba", cuenta en conversación con infoLibre. "Según los datos que yo tengo de las personas fallecidas, a finales del mes de abril habían fallecido 16 personas en la residencia y solo tres en los hospitales, lo cual indica la situación anormal que se produjo durante esos días", ha dicho Reyero en declaraciones a los medios al salir del Juzgado.
La médica sí conocía el caso concreto. Y ha corroborado que los traslados al hospital no podían producirse. Así lo cuenta el abogado de Marea de Residencias, Carlos Vila, que detalla que la facultativa ha explicado en sede judicial que trató de derivar al fallecido en el centro de Torrelodones hasta en dos ocasiones y no pudo hacerlo. "Según ha dicho, un día antes de morir consiguió que enviasen una UVI móvil a la residencia, pero no consiguió más", cuenta el letrado. "Para ella, los protocolos eran obligatorios", añade.
Para Mur, que firmó las cuatro versiones del Protocolo, siguen sin serlo. "Ha insistido en que eran recomendaciones y borradores. Cuando le he preguntado por qué no lo firmaron geriatras, al ser un documento clínico, me ha contestado que era una buena pregunta", rememora Vila. Como ya hizo en marzo, además, ha asegurado que él no estaba de acuerdo con el criterio que recomendaba no trasladar al hospital a las personas dependientes, pero que firmó el documento "para proteger a los profesionales de la Sanidad", de forma que tuvieran una guía homogénea que aplicar. Mur ha defendido siempre que en la última versión, firmada el 25 de marzo de 2020, ya se hablaba de criterios de fragilidad y no del nivel de dependencia, con lo que él sí estaba de acuerdo.
Según dice Vila, la única novedad en su declaración se produjo cuando admitió que recibió el correo en el que Reyero advertía a su entonces homólogo en Sanidad de las consecuencias que tendría la aprobación del Protocolo de la Vergüenza. Según desveló infoLibre, el entonces consejero de Políticas Sociales escribió el siguiente mensaje: "En lo que se refiere a las personas mayores, se está excluyendo casi en su totalidad la derivación hospitalaria a personas con grado 3 de dependencia y en el caso de personas con discapacidad, el protocolo existente les discrimina directamente por su discapacidad, algo que estoy seguro que no compartimos ninguno de nosotros y que pueden ocasionarnos problemas legales en el futuro".
El siguiente paso de la jueza, según explica el abogado de Marea de Residencias, será citar a declarar a Fuentes, que dimitió en mayo de 2020 por el empeño de Ayuso de solicitar el paso de Madrid a la fase 1 del plan de desescalada del Ministerio de Sanidad, y al forense que hizo un informe en el que declaró que se tendría que haber derivado al anciano. "Las diligencias continuarán", señala el letrado. En cuanto a Ayuso, López y Escudero, explica que la jueza puede interrogarles o enviar, directamente, un documento al Supremo si entiende que hay algún indicio de delito.
La jueza, por otro lado, dice Vila, todavía no tiene sobre su mesa la documentación que ha solicitado a la Comunidad de Madrid. En concreto, pidió a la Consejería de Sanidad el plan de choque anunciado el 26 de marzo de 2020 junto con detalles de su "desarrollo, implementación y recursos utilizados"; los protocolos de coordinación para la atención a pacientes institucionalizados en residencias de personas mayores adoptados por la Dirección General de coordinación socio-sanitarias; y los recursos sanitarios y EPIS facilitados por la Comunidad a las residencias "desglosados por fecha".
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Mientras las declaraciones tenían lugar de puertas hacia dentro, de puertas hacia fuera miembros de Marea de Residencias se concentraban, como hacen habitualmente, para exigir que se depuren las responsabilidades que pueda haber detrás de las muertes en las residencias durante lo peor de la pandemia. En las de la Comunidad de Madrid murieron 9.468 personas entre los meses de marzo a mayo. De ellas, 7.291 mayores, el 77%, lo hicieron sin ser trasladadas a un hospital.
En paralelo a esta causa, en los juzgados de Plaza Castilla de Madrid se han producido ya hasta tres citas con el mismo objetivo. Además de la de marzo y junio, el pasado 17 de octubre declararon —además de Mur— dos geriatras. Esa causa investiga la muerte de más de media docena de personas en las residencias Amavir Arganzuela y Adolfo Suárez, un procedimiento en el que figuran como investigadas las directoras y dos médicas de los centros.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Leganés, gobernado ahora por el Partido Popular, ha formalizado su recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que siga el proceso abierto para juzgar la actuación de la Comunidad de Madrid durante la pandemia en las residencias de ese municipio, según informaron fuentes del Alto Tribunal a infoLibre.
