Los nuevos audios de Juan Carlos I elevan la presión para que la Ley de Secretos desclasifique el 23F
William Faulkner, premio Nobel de Literatura en 1949, dejó escrito en Requiem for a Nun que "el pasado nunca muere". Y Juan Carlos de Borbón y Borbón-Dos Sicilias algo sabe de eso desde que se rompió el muro de silencio en torno a su figura. Cuatro años después de abandonar España por sus irregularidades financieras, el rey emérito ha vuelto a situarse en el ojo del huracán a raíz de la creación en Abu Dhabi de una fundación para vehicular su herencia y de la filtración de viejas conversaciones con una de sus amantes más reconocidas: la vedette Barbara Rey. Audios que elevan la presión para que la nueva Ley de Secretos Oficiales arroje luz sobre el 23F.
Las conversaciones se remontan a la década de los noventa. En ellas, Juan Carlos I habla de su inexistente relación con la reina Sofía, se pronuncia sobre los diferentes políticos de la época o expresa su desconfianza sobre quien fuera jefe de la Casa del Rey, a quien considera un topo. Es, en este contexto, cuando habla de su antecesor, Alfonso Armada, con quien siempre tuvo una estrecha relación. "Ése ha pasado siete años en la cárcel, se ha ido a su pazo de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra. ¡Jamás!", apunta. El general fue condenado a 26 años de prisión por el 23F, pero cumplió una mínima parte de la pena gracias al indulto que en 1988 le concedió el Gobierno de Felipe González.
Aunque no lo menciona expresamente, sus palabras reavivan viejos fantasmas alrededor de la intentona golpista. Como lo hicieron hace unos meses las de Luis María Ansón, quien aseguró que el rey estaba de acuerdo con el plan de Armada de derrocar al Ejecutivo de Adolfo Suárez y establecer un gobierno de concentración presidido por el general y vicepresidido por el exlíder socialista: "Lo que no sabíamos era lo de Tejero. Con eso, nos engañó a todos". O las del teniente coronel: "Al rey lo jodí vivo. Él tenía preparado con Armada un Gobierno a su gusto, pero hacía falta un militar que diera el golpe. Ese fui yo. Sin embargo, cuando vi lo que iba a ser aquello lo anulé. Luego me traicionaron todos".
Estos audios y confesiones elevan de nuevo la presión para que se arroje toda la luz posible sobre un 23F del que han pasado ya más de cuatro décadas. Y lo hacen en un momento muy concreto, con un Gobierno dispuesto a reimpulsar la reforma de la Ley de Secretos Oficiales en el marco de su plan de regeneración democrática. Compromiso muchas veces reiterado pero nunca cumplido, en parte, por las discrepancias con los socios parlamentarios. Unas diferencias que, en parte, han girado en torno al alcance de la nueva norma en relación a la desclasificación de documentación antigua, como el intento de golpe de Estado o la guerra sucia contra la banda terrorista ETA.
El Ejecutivo puso sobre la mesa hace dos años un anteproyecto de Ley de Información Clasificada con el que reemplazar la actual normativa franquista. "Sin duda merecerá mejoras, pero yo creo que es una base sólida para empezar a trabajar", apuntó hace tres semanas el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Aquel texto establecía cuatro categorías de clasificación y recogía un procedimiento de desclasificación automático en función del tiempo transcurrido: cincuenta años para "alto secreto", cuarenta para "secreto", entre siete y diez para "confidencial" y entre cuatro y seis para "restringido". Un plazo que puede prorrogarse quince y diez años más en las dos primeras categorías.
Un punto de partida con 'agujeros'
Ahora bien, aquella propuesta sólo contemplaba la desclasificación automática a futuro. Para la información declarada secreta con anterioridad a la entrada en vigor de la norma –por ejemplo, la relativa al intento del golpe de Estado, los GAL o la descolonización–, todo se dejaba en manos del Gobierno. Así, se fijaba un procedimiento de desclasificación que se iniciaría "de oficio o a petición razonada de persona directamente afectada", identificando "pormenorizadamente la información" que se quiere conocer, y que concluiría con la decisión definitiva del Consejo de Ministros o la autoridad que ostente en la actualidad las competencias de aquella que originalmente clasificó la documentación.
Un procedimiento que, además, plantea dificultades para historiadores, archiveros o investigadores. En primer lugar, porque tendrían que justificar que son personas "directamente afectas". Y en segundo lugar, por la dificultad de identificar de forma pormenorizada la documentación que se solicita. Al fin y al cabo, cuando se habla de secreto lo más lógico es que se desconozca, incluso, la existencia de ese documento. En los archivos no suele haber un índice en el que se detalle qué papeles están guardados bajo llave. Y como contó infoLibre, tampoco el Ejecutivo cuenta con un catálogo en el que se recojan todas las cuestiones que han sido clasificadas desde 1968.
Esta propuesta no convence a los socios parlamentarios. "Supondrá mantener el secretismo y la impunidad sobre los GAL, los casos de torturas, los negocios oscuros de la Transición, el 23F o sucesos como el 3 de marzo –la matanza de Vitoria– o los Sanfermines de 1978", han criticado desde EH Bildu. "El camino no es el anteproyecto que ustedes movieron", han insistido desde Junts. Ni encaja con las exigencias de su socio en el Ejecutivo. "España necesita un sistema que garantice el debido proceso tanto para clasificar como para desclasificar, incluyendo una desclasificación automática de los documentos ya clasificados", han dejado caer desde Sumar.
El ala magenta del Gobierno se expresó de esta manera el pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados, durante la toma en consideración de la proposición de ley de reforma de los secretos oficiales que el PNV registra legislatura tras legislatura. Un texto que establece un máximo de veinticinco años de silencio y que, a diferencia del anteproyecto socialista, contempla un levantamiento automático del velo para secretos del pasado que incluiría, por supuesto, la intentona golpista. "Las materias clasificadas que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley hubieran ya cumplido los plazos de vigencia quedarán desclasificadas", recoge su disposición transitoria.
Las desclasificaciones exigidas
Los audios del rey emérito vuelven a agitar, por tanto, el avispero de la desclasificación de la intentona golpista. Podemos ha registrado este martes en la Cámara Baja una proposición no de ley que insta al Gobierno a hacer pública "toda la documentación obrante en su poder" sobre el 23F. "¿A qué se refería Juan Carlos I con esas palabras? ¿Qué sentido tiene que el entonces jefe de Estado considere que el silencio de Armada es beneficioso? Resulta desconcertante que después de tantos años sigamos haciéndonos esas mismas preguntas", se preguntaba en rueda de prensa el portavoz de la formación morada en el Congreso, Javier Sánchez Serna.
Mucho se ha escrito e investigado este asunto. Algunos autores, como el escritor Javier Cercas, autor de Anatomía de un instante, se han mostrado convencidos de que lo esencial "ya se conoce" y de que lo que aún puede quedar "secreto" seguramente sea "irrelevante". Otros, sin embargo, consideran que todavía falta mucho por conocer. Es el caso de Carlos Fonseca, periodista y autor de La Farsa, que cree que "el relato oficial hace agua por todos lados". "Es el suceso más grave desde que recuperamos la democracia y que 43 años después se siga sustrayendo del conocimiento público información de la que no sabemos ni su calado hace pensar mal", apuntaba en una entrevista reciente en El País.
Clasificados puede estar, por ejemplo, informes de inteligencia relacionados con el 23F. O cruces de llamadas. En este sentido, Fonseca desliza en su obra que a pesar de que el asalto del Congreso comenzó a media tarde, solo se incorporaron a la causa judicial conversaciones intervenidas de madrugada, cuando el rey ya había condenado el golpe. Sin embargo, periodistas como Pilar Urbano, otra de las grandes especialistas, aseguran que todo lo que se habló desde la Cámara Baja, la Zarzuela y la Junta de Jefes de Estado Mayor tuvo que quedar registrado porque así se lo pidió un diputado de UCD que presidía Telefónica al entonces delegado del Gobierno en la compañía.
Grabaciones a las que también aludió en su día Alfonso Guerra: "Cuando llegamos en 1982 al Gobierno, las cintas no estaban. No sabemos si están destruidas, si alguien las tiene guardadas o están en la caja fuerte de un banco... El día que se puedan oír, se conocerá exactamente todo lo que pasó". Pero que hace más de una década el que fuera director general de Seguridad, Francisco Laína, negó que existieran: "No hay más grabaciones que las de la mujer de Tejero y las de García Carrés, que se quedaron en la Comisaría General de Información de Manuel Ballesteros. Yo no podía grabar las conversaciones de las capitanías generales o de La Zarzuela: no se me habría ocurrido, habría sido ilegal y, además, ¡buena estaba la noche para cometer errores!".
