El auto del juez que da cerrojazo a investigar pelotazos urbanísticos de 'Púnica' pone en pie de guerra a Anticorrupción

A menos de seis meses de que finalice el plazo para terminar de instruir la Operación Púnica, la negativa del juez Manuel García Castellón a requerir documentos sobre operaciones urbanísticas que depararon a la trama auténticos pelotazos ha puesto en pie de guerra a Anticorrupción. En un durísimo recurso al que ha tenido acceso infoLibre, la Fiscalía sostiene que el auto con que el juez deniega en bloque las últimas diligencias pedidas le provoca "indefensión" y "vulnera" su derecho a la tutela judicial efectiva. Fechado el 14 de enero, el auto ahora sujeto a recurso fue recibido con euforia por la defensa de Francisco Granados. "Es jurídicamente impecable y demuestra la independencia plena del Poder Judicial", aseguró su abogado, Javier Vasallo, en declaraciones a este periódico.

Su resolución, dice el texto, es "incongruente" porque "incurre en un error manifiesto" al considerar prescritos hechos anteriores a la aprobación del PGOU de 2004 como si la investigación judicial hubiese comenzado ahora y no el 18 de junio de 2014. Fue en esa fecha, recalca el recurso, cuando quedó interrumpida la prescripción. Y aduce la Fiscalía que es a partir de ahí y no del 14 de enero de 2020 –el día en que vio la luz el auto– cuando deben contarse hacia atrás los 15 años a partir de los cuales prescriben los delitos más graves de la panoplia investigada en Púnica. "Sin embargo –añade el texto de las fiscales, lleno de aristas escasamente disfrazadas– es otra la conclusión a la que llega el Instructor, por lo que hay que pensar ha sido un error al realizar el cómputo del plazo, ya que considera que han transcurrido más de 15 años desde la comisión de los delitos". 

Las dos fiscales del caso, que según su escrito obtuvieron el auto –"notificado por fax", dice de manera enigmática– 10 días después de que el titular del juzgado central de instrucción número 6 lo hubiese dictado, remiten directamente su recurso a la Sala de lo Penal, a la que casi imploran que resuelva rápido porque el tiempo corre en contra. "El dictado de este Auto –escriben Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez– motiva la interposición de un recurso cuya preparación, y resolución por la Sala, recorta el tiempo del que se dispone para concluir una instrucción, que es extremadamente compleja". 

Al juez, a quien "se le supone conocedor de los hechos que se llevan investigando desde el año 2014", le lanza más dardos la Fiscalía. Por ejemplo, este: "Recordemos también al Instructor que tiene a un perito del catastro desde el año 2016 trabajando con un objeto pericial relativo a las actuaciones que se llevaron a cabo en el Ayuntamiento de Valdemoro desde el año 1999, entre ellas la revisión del PGOUV [elPGOU de Valdemoro]". Y 1999 –a eso se refiere el pasaje anterior– sería uno de los años en los que todo estaría ya prescrito. 

Un detallado anexo con dos operaciones

Las operaciones urbanísticas en relación a las cuales había solicitado nuevas diligencias documentales la Fiscalía se localizaron todas en el municipio madrileño de Valdemoro, feudo de quien hasta la imputación de Esperanza Aguirre aparecía como el principal protagonista del caso: Francisco Granados, primero alcalde de Valdemoro y luego número dos del PP regional y consejero en los Gobiernos de Aguirre hasta 2011.

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El recurso, que va directamente a la Sala Penal, incorpora un anexo con un detalladísimo relato de dos de esas operaciones. La primera, conocida con el nombre de su emplazamiento, Majuelo Norte, se llevó a cabo con una enorme extensión de suelo rústico propiedad de El Corte Inglés que acabó en manos de uno de aquellos empresarios que la acusación tiene por socios clandestinos de Granados y que se cuenta entre los imputados de primera hora: Ramiro Cid, quien luego levantó una mansión que la Fiscalía considera una "recompensa" al político que los imputados trataron de camuflar una vez que las obras de construcción salieron a la luz en 2009.

La segunda operación desgranada en el anexo se situaba en el sector de Valdemoro conocido como El Espartal: ahí, relata la Fiscalía, se vio involucrada Arpegio, la empresa pública de la Comunidad de Madrid que las acusaciones señalan como el gran feudo autonómico de Granados. Tambén se vio beneficiado David Marjaliza, otro de los socios ocultos de Granados y hoy el gran arrepentido de la causa.

Esta no es la primera vez que Anticorrupción impugna resoluciones del juez García Castellón en Púnica. Hace un año, recurrió el auto que decretaba el archivo de la imputación contra el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez. En octubre, la Sala de lo Penal de la Audiencia tumbó el auto al declararlo directamente nulo. En su resolución, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia no solo dio la razón a la Fiscalía y las acusaciones populares sino que colocó al magistrado en una posición complicada. García Castellón, que "de manera incomprensible" –dijo el tribunal– sobreseyó las actuaciones contra el exlíder murciano del PP sin explicar por qué había cambiado de criterio, quedaba obligado a partir de ese momento a dictar una nueva resolución. Y esa resolución debe incluir razones "claras y precisas" si sigue entendiendo que el político no delinquió al concertar con el conseguidor de Púnica, Alejandro de Pedro, trabajos para lavar en internet su imagen con dinero público en la campaña electoral de 2015.