El aval de la Autoridad Fiscal a la subasta de medicamentos deja pocos argumentos a la industria y al Gobierno andaluz

El sistema andaluz de compra de medicamentos está a punto de llegar a su fin. El pionero modelo de subastassubastas, ahora alabado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y contra el que tanto batalló el Partido Popular, tiene los días contados. Según anunció el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, el conservador Jesús Aguirre, el modelo, implantado bajo el Gobierno del socialista José Antonio Griñán, ha sido "un auténtico fracaso". Y por eso hay que cambiarlo. Andalucía se incorporará así a una central de compras de medicamentos que promueve el Sistema Nacional de Salud (SNS) y en la que participan el resto de comunidades autónomas. La transición, no obstante, no será inmediata. Los contratos adjudicados en 2018 por la Junta de Susana Díaz podrán finalizar cuando estaba estipulado: en 2020. 

El anuncio llega en paralelo a la presentación del informe Spending Review, hecho público el pasado jueves por la AIReF. Un documento cuyas conclusiones afirman algo bien distinto. El modelo de subastas andaluz no sólo no ha sido un "fracaso", sino que desde 2012 y hasta 2017 consiguió ahorrar al Gobierno autonómico 560 millones de euros. Nada más y nada menos que un 5,6% de los 10.020 millones de euros reportados por el Sistema Andaluz de Salud (SAS). Por eso, el organismo opta por extender el modelo a todo el territorio nacional. Si se hiciera de forma inmediata, con la entrada de todos esos medicamentos sin progresividad y en todas las autonomías al mismo tiempo, se ahorrarían 1.000 millones a las arcas públicas en 2020, 2021 y 2022. En el caso de una introducción más gradual, sería de 187 millones en 2021 y 224 en 2022, de acuerdo con sus cálculos iniciales. "La experiencia desarrollada en Andalucía, donde el sistema de selección de medicamentos se ha revelado exitoso para conseguir ahorros sin comprometer la salud de los ciudadanos, pone de manifiesto que es posible alcanzar mejoras de eficiencia con la definición de un sistema de selección de medicamentos a escala nacional", resume el organismo en su informe.

Y es que el modelo tan sólo se ha aplicado en Andalucía. Otras comunidades como Asturias llegaron a estudiarlo pero ninguna lo implantó, según recuerda en conversación con infoLibre Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. "La propuesta de la AIReF es razonable. Implantar este sistema en todo el país haría que las ventajas de la economía en escala aumentasen", añade. No obstante, no sería igual en todas. "El problema es que los beneficios dependen del tamaño de la comunidad. Hay tres muy pobladas donde las ventajas de esta economía serían muy importantes, pero si se quisiera implantar en La Rioja, donde hay muchos menos habitantes, estas serían significativamente menores", explica. 

Porque, ¿cómo funciona el modelo de subastas? Según explicó en su momento la Consejería andaluza de Salud, en seleccionar, por convocatoria pública, los medicamentos cuyo principio activo —la sustancia que produce el efecto del fármaco— alcanza el 93% de las prescripciones. "La Junta de Andalucía, que conoce las ventas del año anterior, hace un concurso de aquellos principios activos que tienen mayor volumen de ventas. Someten esos principios a una subasta y se les adjudica a aquellos laboratorios que los ofrezcan en un medicamento a un precio más bajo", explica Sánchez Bayle. De este modo, estimó el Gobierno autonómico, el Sistema Andaluz de Salud ahorraría gastos sin poner en peligro en ningún momento la salud de los pacientes. La central de compras, por su parte, funciona de manera muy diferente. Según explica Sánchez Bayle, cualquier laboratorio que ponga su medicamento dentro del precio de referencia que fija el Ministerio de Sanidad puede venderlo. "Casi todos los laboratorios ponen sus medicamentos dentro de ese precio porque ninguno se expone a situarse fuera", asegura. Y se compran todos. 

Ese sistema, según critica Sánchez Bayle, "tiene una perversión evidente". "Si una persona compra una caja de un medicamento con 16 comprimidos con una receta de un médico privado paga lo mismo que cualquier administración que compra 150.000 cajas. Pero ese es un sistema que ninguna empresa utiliza", explica. Emplean, en su lugar, "la llamada economía de escala: si se compran 150.000 envases, el precio tiene que ser menor que si se compra uno. Es de una lógica aplastante". 

¿Y a nivel paciente? ¿Qué sistema tiene los mayores beneficios? Sánchez Bayle no duda en que el sistema de subastas es el mejor para los contribuyentes. "Si la comunidad gasta menos en medicamentos tiene más dinero para dedicar a otras cosas: a médicos y enfermeros de atención primaria, a la construcción de hospitales y centros de salud, etc.", dice. 

La versión de la industria

No obstante, el modelo andaluz también ha tenido detractores. Principalmente de Farmaindustria, la patronal del medicamento que agrupa a los laboratorios innovadores. La organización llegó incluso a plantearse tomar medidas legales contra el decreto ley por el que la Junta de Andalucía aprobó el sistema. Y es que, según argumentaron entonces, el texto "vulnera e invade competencias constitucionales propias y exclusivas del Estado", que es el que decide qué medicamentos se financian y fija su precio. Y esta opinión no ha cambiado desde entonces. Es más, Farmaindustria ha cargado contra el informe realizado por la AIReF que, según indica, "se centra en la reducción de costes a corto plazo y deja de lado el valor y el ahorro que aporta la inversión pública en medicamentos". 

Según el comunicado que emitieron tras la publicación del estudio, la autoridad fiscal no reconoce "los beneficios que los medicamentos innovadores suponen para la sociedad en términos de años de vida ganados y ahorros de costes sanitarios y sociales". Además, continúa Farmaindustria, "las medidas de ahorro a corto plazo que plantea el documento no tienen en cuenta la reducción que ha experimentado el gasto farmacéutico público en receta, que ha pasado de representar el 1,13% del PIB y una cuantía de 260 euros per cápita en 2010 al 0,87% del PIB y 228 euros per cápita en 2018". 

Lo mismo que opina la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar). Según la organización, ampliar el sistema de subastas a todas las comunidades "no es el camino adecuado" porque "causa mayores perjuicios a los operadores que ahorros obtiene el sistema y, sobre todo, pone en riesgo y compromete el correcto acceso de los pacientes a los tratamientos que necesitan", según aseguró el presidente de la patronal de las empresas de distribución farmacéutica, Eladio González Miñor. 

"Pone en riesgo la salud de los pacientes y usuarios"

El modelo de subastas de medicamentos supuso un importante enfrentamiento entre el PP y los socialistas andaluces. En el momento de presentación del modelo, cuando en Andalucía todavía gobernaba el PSOE de José Antonio Griñán, los socialistas anunciaron que también prohibirían por ley el sistema de copago autonómico que el Gobierno central de Mariano Rajoy implantó en el año 2012, en el marco del tijeretazo que sufrieron las partidas sociales en plena crisis económica. En ese momento, Andalucía se desmarcó y los conservadores llevaron el modelo de la autonomía al Tribunal Constitucional. 

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Así, el Consejo de Ministros decidió plantear al tribunal un conflicto positivo de competencias basado en un dictamen del Consejo de Estado que consideraba que la subasta invade competencias del Ejecutivo central. Según el Gobierno, el régimen legal y la resolución andaluza establecían un mecanismo de formación de precios y de selección de los medicamentos a dispensar por las farmacias no previsto en la normativa estatal, con la consecuencia inevitable de reducir la oferta. Pero el Constitucional, por unanimidad, rechazó el recurso. 

Ahora que consiguieron el control de la Junta, los conservadores no dudaron en retomar esta batalla. De hecho, revertir el modelo de subasta de medicamentos fue una de las medidas que el PP acordó con Ciudadanos para llevar a cabo en los primeros 100 días de gobierno. Según los conservadores, el modelo torpedea la libre elección de medicamentos de los pacientes y "merma la accesibilidad a todos los medicamentos en igualdad de condiciones". Algo que la AIReF descarta. 

Podemos, por su parte, se mostró siempre a favor del modelo de subastas, aunque pidió ir más allá. Cuando el Constitucional emitió su resolución, el secretario de Organización de Podemos Andalucía, Nacho Molina, dijo que ese sistema era "interesante" para reducir el gasto farmacéutico, aunque matizó que no sería el único método para conseguirlo. No obstante, cuando el PP andaluz presentó su proposición para acabar con las subastas, la formación morada, junto a PSOE e IU, votó para impedirlo. Ahora parece que, con el beneplácito de Ciudadanos y la extrema derecha de Vox, lo conseguirán.