Ayuso afianza el control de Telemadrid con una segunda reforma para elegir al director con mayoría simple
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso afianza su control sobre la radiotelevisión pública. La Asamblea de Madrid dará luz verde a última hora de este jueves a la segunda reforma de la Ley de Telemadrid en menos de un año. El cambio, entre otras cuestiones, rebaja la barrera para la elección del director general del ente público hasta la mayoría absoluta, de forma que el PP no se vea obligado a buscar consensos entre los grupos del bloque progresista. Al igual que sucedió con la primera, esta segunda modificación de la normativa salió adelante gracias a la abstención de Vox. Una reforma que, a ojos de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos no es más que el último "empujón" amoldar todavía más el ente público a un modelo de Aló Presidenta.
Tras las elecciones autonómicas del 4M, Díaz Ayuso dejó claras sus prioridades legislativas. Lo primero que pusieron en marcha los conservadores una vez superada la investidura fue el asalto a la radiotelevisión pública madrileña. Las riendas del ente público se tomaron con celeridad. En solo dos semanas y media, el PP registró y aprobó, con la abstención de la ultraderecha, la reforma de la ley que rige el funcionamiento de Telemadrid. El cambio normativo, más allá de dejar sin voz en el proceso de elección del Consejo de Administración a organizaciones profesionales y sociales del sector, era principalmente un torpedo directo contra el entonces director, José Pablo López. Al fin y al cabo, reducía a cuatro años el mandato del máximo responsable de la radiotelevisión, de forma que en cuanto el texto entrase en vigor el mandato del periodista quedase directamente caducado.
Para cubrir ese vacío, y ejecutar el control definitivo del ente, la reforma incluía la creación de un administrador provisional, figura con "las mismas funciones y competencias que el director general" para cuya ratificación parlamentaria bastaba una mayoría absoluta en segunda vuelta. Este juego de mayorías permitía al PP colocar a quien quisiera, por tiempo ilimitado, al frente del ente público sólo con el visto bueno de Vox, su socio parlamentario. Es lo que ocurrió tras aquel verano de 2021. En septiembre, conservadores y ultraderecha ratificaron en el cargo a José Antonio Sánchez, quien fuera responsable de la radiotelevisión regional cuando se ejecutó el sangrante ERE que puso en la calle al más del 70% de la plantilla.
Ahora, el Ejecutivo regional afianza, de nuevo con Vox poniéndose de perfil, el control del ente público. Es el segundo acto de un asalto consumado en solo nueve meses. Si en la anterior reforma no se metía mano a la fórmula de elección del director general, ahora los cambios normativos van justo en esa línea. De nuevo, se reducen las exigencias. Hasta el momento, la ley recogía que para designar al máximo responsable del ente era necesario contar, sí o sí, con el visto bueno de dos tercios de la Cámara, lo que obligaría a los conservadores a buscar consenso más allá de la ultraderecha. Sin embargo, con la reforma aprobada se introduce una segunda votación en la que vale una mayoría simple. Es decir, que solo con la abstención de Vox sería suficiente –ni siquiera se necesitaría el voto a favor–.
Los conservadores han justificado la modificación normativa en la necesidad de "evitar bloqueos por parte de las minorías". "Tenemos un Consejo de Administración que no representa la voluntad expresada por los madrileños del pasado 4 de mayo", ha sostenido la diputada del PP Almudena Negro, quien ha sido encargada de defender la proposición. En relación con el máximo órgano de la radiotelevisión, que debe ser renovado próximamente, la norma plantea una reducción del número de consejeros de nueve a cinco. Es algo que ha destacado también la parlamentaria: "Ahora la austeridad es más necesaria que nunca". Algo que, sin embargo, no impera en otras de las reformas que se plantean desde el Gobierno regional. En el caso de la Cámara de Cuentas, por ejemplo, se ha propuesto incrementar el Consejo de Administración.
"El único bloqueo fue el que ejercieron PP y Vox hace pocos días", respondió desde la tribuna de oradores Hugo Martínez Abarca, de Más Madrid. Se refería a la decisión de los conservadores y ultraderecha a comienzos de abril de vetar en la Asamblea de Madrid al candidato propuesto por el Consejo de Administración del ente público para tomar las riendas de Telemadrid, Alfonso García, que fue elegido tras un proceso de selección con otros tres aspirantes. "No dieron ningún argumento. Lo único que quieren es que [la radiotelevisión pública] sea un siervo al servicio de Isabel Díaz Ayuso", completó el diputado al respecto.
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Desde la oposición se cargó con dureza contra la nueva reforma. Desde las filas socialistas, Cristina González recalcó que lo que se pretende con los nuevos cambios normativos es "amoldar aún más el Telemadrid de Aló Presidenta", en el que "impere la ley del silencio". "Poco les importa el servicio público. Solo les importa que hoy se deje todo atado y bien atado para que funcione al servicio de sus intereses", dijo la parlamentaria. Una línea en la que también incidieron desde Unidas Podemos: "Lo que faltaba para culminar plan era atentar contra el pilar de esta ley, que es el consenso".
En representación de la coalición electoral, fue Vanessa Lillo la encargada de fijar posición. Quince minutos en los que, entre otras cosas, se mostró especialmente preocupada por la facilidad con la que ahora se va a poder modificar la Carta Básica, "donde se recogen los pilares fundamentales" y los principios que rigen en funcionamiento de la radiotelevisión pública. "Con una mayoría simple se va a poder modificar. (...) Vox, al final, votará a favor de su director general a cambio de meter mano en la Carta Básica", ha resaltado la diputada de Unidas Podemos.
De hecho, buena parte de las críticas de la oposición se han dirigido también a la ultraderecha, a la que han criticado que sea el "felpudo" de los conservadores. Como ya ocurrió hace nueve meses, Vox criticó que el PP se haya "obsesionado" con intentar controlar la cadena pública. Y dejó claro que su intención es o que se cierre o que se privatice. Sin embargo, de nuevo, no bloqueará los cambios de los conservadores. "No nos vamos a oponer a su reforma", dejó claro José Luis Ruiz Bartolomé. Y así, por la vía de la lectura única, que impide un debate amplio de la norma, se consumó el segundo acto de la toma de control de Telemadrid. No obstante, como ya hicieron con la primera reforma, la oposición amenaza con volver a acudir al Constitucional.
