Ayuso cesa al comisionado para la Cañada Real en plena investigación judicial por el derribo de una casa

El Gobierno de Madrid destituyó este miércoles a Markel Gorbea como responsable autonómico de la Cañada Real Galiana, el mayor asentamiento irregular del país y donde buena parte de sus habitantes malviven sin luz ni calefacción. El cese, solicitado según el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a petición de Gorbea “por razones personales”, se produce en plena investigación judicial por el derribo de una de las casas de la Cañada.

El mismo día en que se anunció la marcha de Gorbea y su relevo en el Comisionado para la Cañada Real, que dirige los planes de erradicación y realojo, el jefe de disciplina urbanística del Ayuntamiento de Madrid debía declarar como imputado ante la jueza que instruye el caso. La magistrada suspendió finalmente la comparecencia porque no ha recibido aún documentos que, en principio, permitirán averiguar sin interferencias por qué se derribó sin permiso y a las bravas una casa habitada y cuyo residente se encontraba de viaje.

Las diligencias penales, en manos del juzgado de instrucción 20 de Madrid, se abrieron tras la denuncia interpuesta por Abdessadek Ch., que desde 2006 estaba empadronado en aquella casa construida fuera de ordenación pero en terreno de titularidad pública, como ya sucedió en los sesenta con barrios enteros de Madrid.

La jueza archivó la denuncia con enorme rapidez. Pero un demoledor escrito presentado por el fiscal delegado de Medio Ambiente de Madrid, César Estirado, llevó a la magistrada a reabrir la causa tal como ya habían solicitado los letrados del denunciante, Javier Rubio y Carlos Castillo, del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). En su informe, el fiscal avisaba de que las circunstancias del caso apuntan a “serios indicios” de prevaricación. La demolición -añadía- se había llevado a efecto "sin la preceptiva autorización judicial”.

El ministerio público cargaba en su escrito contra el Comisionado para la Cañada Real, es decir, contra el organismo que hasta el miércoles dirigía Markel Gorbea. Al derribar la casa de Abdessadek Ch. -recalcó Estirado- se actuó “de mala fe” y se suministró “información falsa” al Ayuntamiento de la capital.

A partir de ahí, y con cierta sorpresa para quienes conocen el caso, fue al jefe de disciplina urbanística del consistorio madrileño, Julio César Santos, y no a Gorbea a quien la jueza llamó a declarar como primer investigado. En su auto, la magistrada destacaba que la cadena de hechos que convirtieron en escombros el dormitorio, el cuarto de estar, la cocina y el baño de la casa estaba plagada de “incongruencias, contradicciones e incompatibilidades”.

La cercanía de un gigante inmobiliario

Imputado un cargo del urbanismo madrileño por derribar una casa de la Cañada Real sin una orden

Ver más

La vivienda -que no chabola- derribada se alzaba en la zona colindante a una inmensa bolsa de suelo elegida como escena de una de las grandes operaciones urbanísticas planeadas en Madrid: las 51.000 viviendas previstas en lo que se conoce como Valdecarros, un área próxima al Ensanche de Vallecas y, al igual que la Cañada Real, integrada en un espacio con protección ambiental, el Parque Regional del Sureste.

En julio de 2022, el gigante inmobiliario Azora anunció que había comprado 1,1 millones de metros cuadrados en Valdecarros. Azora es el fondo buitre que alcanzó enorme fama en 2013 cuando la Agencia de Vivienda Social de la que depende el Comisionado y que entonces se llamaba IVIMA le vendió 3.000 pisos públicos. Buena parte de los inquilinos vio cómo el precio de alquiler se disparaba y les forzaba a marcharse. La venta acabó anulada por el Tribunal Supremo.

Frente a Valdecarros se encuentra el "sector seis" de La Cañada. Ese segmento cobró mayor protagonismo cuando en octubre de 2020 se quedó sin suministro eléctrico. La sobrecarga que las plantaciones de marihuana provocaron en la red constituye la causa del derrumbe eléctrico en un asentamiento donde la presencia de traficantes de droga en ciertos sectores eclipsa un dato de proporciones dramáticas: que alrededor de 4.000 personas, y entre ellas al menos 1.800 niños, viven día y noche sin luz. Y cuando llega el frío, también sin estufa.