Ayuso concedió 7,5 millones desde la pandemia a una asociación sancionada por no justificar sus gastos

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha concedido subvenciones por 7,5 millones de euros a la asociación Centro de Recursos para Asociaciones y Ayuntamientos (Crea) desde 2020, el año en que se decretó el Estado de Alarma por la pandemia. Las adjudicaciones, al menos 90, según el portal del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, se sucedieron a lo largo de estos años pese a que la entidad no ha remitido debidamente al Gobierno madrileño ni a otras administraciones la justificación del gasto de los fondos públicos otorgados en algunos de sus proyectos. El propio Ejecutivo de la Comunidad le reclamó en febrero de 2021 que devolviera los 43.333 euros concedidos en una convocatoria de 2019 por esa razón. Pese a ello, las ayudas a Crea siguieron aprobándose año tras año.

Crea se presenta en su página web como “una entidad de ámbito estatal” que actúa “como punto de encuentro para nano, micro y pequeñas ONG de diversos puntos de todo el Estado”. Entre sus objetivos declara el de “apoyar a las personas y población vulnerable”, labor que, según su portal realiza “en colaboración con otras ONG, entidades sociales y redes de organizaciones de las que somos parte”. La asociación asegura también que está presente en siete comunidades autónomas y presta servicios en 19 provincias. “Integramos tanto a asociaciones como fundaciones y otras organizaciones del tercer sector de acción social y sanitario, formando parte de cuatro redes nacionales, nueve regionales y locales, así como varios observatorios y plataformas, coordinadoras y asociaciones sectoriales”, explica en su apartado “quiénes somos”. Crea se declara fundadora de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado así como de la Federación del Mayor de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, a diferencia de la inmensa mayoría de las entidades sin ánimo de lucro del sector social, en su portal no aparece ninguna referencia a las ONG que forman parte de ella. Tampoco hay ninguna información sobre los miembros de su junta directiva ni se puede acceder a sus estatutos o sus cuentas. Consta en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior con una actividad de "acción social y voluntariado", pero no está inscrito en el de la Comunidad de Madrid.

Su expresidente y miembro de su junta directiva Rafael Escudero asegura sin embargo que Crea cumple con todos los requisitos de transparencia y que su página web enlaza a todas las subvenciones que ha recibido, aunque se niega a facilitar los datos de sus responsables o sus normas estatutarias "por la normativa de protección de datos personales" e invita a solicitarlos a ese registro gubernamental. En cuanto a las entidades que forman parte de ella, indica que actualmente no hay ninguna y que colaboran con la fundación Grupo Hada, dedicada a "desarrollar programas de integración e inserción" a través de la "formación, ocupación, comunicación y TIC's". En su página web tampoco aparecen los miembros de su patronato ni su director.   

Restitución de fondos

Una de las primeras subvenciones que recibió Crea de la Comunidad de Madrid la concedió la Consejería de Políticas Sociales y Familia el 26 de septiembre de 2019. El montante era de 43.333 euros que debían destinarse al “asesoramiento y orientación sociolaboral para personas inmigrantes y jóvenes extutelados de la Comunidad de Madrid”. El 3 de febrero de 2021, el departamento ordenó a Crea que devolviera a la Comunidad el dinero público que había recibido más los intereses. ¿La razón? La asociación no había justificado documentalmente en qué había empleado los fondos. Crea recurrió a los tribunales, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó su recurso.

Idéntica situación se produjo con otra subvención concedida el 29 de octubre de 2015. Esta vez fue un organismo estatal, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, quien le concedió una ayuda de 10.000 euros para un proyecto de “formación de cargos públicos de ámbito local en materia de lucha contra la drogadicción”. El 7 de febrero de 2017, el Ministerio de Sanidad le reclamó a Crea el importe que le había entregado con intereses. El departamento, entonces gestionado por Dolors Montserrat (PP), no se creyó los justificantes de gastos presentados cuando los trámites para reclamar de vuelta el dinero ya se habían iniciado. Crea tampoco presentó el informe de auditor requerido. “No estamos ante un ligero retraso, sino ante un incumplimiento de las condiciones de la subvención”, estableció la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ante la que recurrió la asociación la decisión de Sanidad.

Crea tuvo también un nuevo conflicto judicial con este mismo ministerio en 2023, ya con Carolina Darias (PSOE) como titular. La Secretaría de Estado de Sanidad le impuso en septiembre de ese año una sanción de 9.000 euros por una falta grave. Se trata de la infracción prevista en el artículo 57.c de la Ley General de Subvenciones: “La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el plazo establecido para su presentación”.

Errores en los requisitos y plazos

Fuentes del equipo directivo de Crea aseguran que la falta de presentación de la memoria económica en esos proyectos se debió a problemas como la falta de renovación de la firma digital para presentarla telemáticamente. En el caso de la subvención concedida por el Plan Nacional Sobre Drogas, sus responsables apuntan al fallecimiento del trabajador que se encargaba del proyecto. También señalan que el hecho de gestionar proyectos y programas de varias administraciones en todo el país genera a veces confusión sobre los requisitos y los plazos de cada una de ellas. “A veces hemos cometido errores por ello”, afirman.

Pese a los incumplimientos y sanciones, y el hecho de haber tenido que reclamar de vuelta el dinero público entregado en una ocasión, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha seguido subvencionando a Crea año tras año desde la pandemia. La asociación ha recibido desde 2020 al menos 90 subvenciones para sus proyectos sociales que le han supuesto unos ingresos de alrededor de 7,5 millones de euros de dinero público. La más abultada, de 1.404.000 euros procedentes de los fondos Next Generation para la recuperación económica tras la pandemia, se le concedió el 5 de agosto de 2022 a dedo. El objeto: “Actuaciones de formación en programas de capacitación digital a las mujeres para mejorar sus oportunidades laborales e impulsar el emprendimiento social y el desarrollo rural”. El programa, que durará hasta 2025, consiste en la organización de cursos básicos de internet en pueblos de menos de 30.000 habitantes.

infoLibre ha preguntado a la Comunidad de Madrid sobre las razones que han llevado a tres de sus consejerías —Economía, Sanidad y Familia— a obviar esos incumplimientos y seguir concediendo ayudas a Crea. Un portavoz de la Consejería de Familia aseguró que ese departamento está recabando datos para revisar información de las diversas áreas desde las que se aprobaron.

Desde Crea achacan el volumen de ayudas recibidas de la Comunidad -la inmensa mayoría de las que recibe proceden de ella- a la cantidad de subvenciones que se licitan desde esa administración, mucho mayor que en otros territorios. Su presidente, Jorge Vales, asegura que se las conceden por la calidad de sus proyectos demostrada durante los 12 años de vida de la entidad, "sobre todo en ámbitos como la formación de mujeres y jóvenes en el entorno rural". Vales concede que existe cierta falta de transparencia porque quieren proteger la identidad de algunos de los miembros de la junta directiva "que se encuentran en situación vulnerable", aunque finalmente accede a enviar la lista en la que constan, además de él y Escudero, otros tres miembros. También los estatutos. Afirma que las dos personas que controlan la entidad son él y el asesor jurídico, el abogado sevillano Estanislao Naranjo Infante, "los dos únicos que tienen firma".

También reconoce algunos problemas en la justificación de los trabajos en el pasado que, dice, se acabaron con su llegada a la presidencia en 2019. Y niega que la totalidad de los 7,5 millones concedidos por la Comunidad, su principal pagador, fueran a su asociación. "Pese a que figuremos como solicitantes, gran parte de esos fondos fueron a la fundación Grupo Hada, nuestro principal colaborador".