Ayuso, la cruz del Valle y el "invierno demográfico": el lobby ultracatólico conquista la derecha española

El anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid esconde un regalo para el incansable lobby integrista español, que jamás detiene su campaña y recoge cada vez más frutos. ¿Qué regalo? La norma establece la protección especial de la "arquitectura religiosa, incluyendo los calvarios tradicionales y las cruces", una definición que abarca la cruz del Valle de los Caídos. Palabras mayores. El gigantesco monumento es una auténtica obsesión, un fetiche del movimiento ultracatólico español, que con el inicio de la tramitación de la nueva ley se anota un logro en el terreno simbólico. No es su única conquista. Tanto Vox como un sector del PP liderado por Isabel Díaz Ayuso están alineados con parte importante de las ideas y expresiones de este movimiento sobre natalidad, Agenda 2030 o historia de España. Ayuso, figura de enorme trascendencia ideológica en la derecha española, "se ha vendido a los fundamentalistas" para estrechar el espacio electoral de Santiago Abascal y los suyos, señala el investigador sobre extrema derecha Román Cuesta.

Con los hechos en la mano, puede afirmarse que el conglomerado organizativo del activismo católico, con referentes como Jaime Mayor Oreja e Ignacio Arsuaga, logra con frecuencia condicionar –cuando no determinar– las posiciones de los partidos de derecha, tanto en su discurso como en su acción institucional. Los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Eutanasia de PP y Vox tras una fuerte campaña de presión de la llamada Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, así como el crecimiento de posiciones antiabortistas indistinguibles de las de Vox en las filas de Alberto Núñez Feijóo, pueden anotarse en el apartado de éxitos del movimiento, que ha visto cómo algunos de sus postulados se convertían en medidas oficiales en comunidades como Andalucía, Murcia y Castilla León.

La cruzada de Arsuaga

La norma madrileña sobre patrimonio cultural no hace referencia concreta a la cruz del Valle, pero tampoco la excluye. El propio PP madrileño ha admitido que queda implícitamente dentro de la ley. El objetivo es proteger en lo posible el complejo, y específicamente la cruz, de la Ley de Memoria Democrática, aunque dicha norma impulsada por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos no prevé la retirada del símbolo religioso. Poco importa. Su derribo o voladura es presentado por los grupos nacionalcatólicos como una amenaza inminente. La "resignificación" del complejo recogida en el artículo 54 ha agudizado los temores de este movimiento, que ya lleva años alertando contra el posible fin de lo que consideran un símbolo nacional.

Destaca por su insistencia Hazte Oír. La organización presidida por Ignacio Arsuaga ha convertido la protección de la integridad del Valle en su causa desde que el Gobierno empezó a tramitar la exhumación de Franco, que tuvo lugar en octubre de 2019. Desde entonces ha centrado sus campañas en evitar la salida de los monjes y en proteger la cruz. Hazte Oír da por descontadas tanto las intenciones antiespañolas y anticatólicas del Gobierno como el apoyo de Vox, así que dirige sus mensajes al PP, al Gobierno de Ayuso y a la Conferencia Episcopal. Citizen Go, la rama internacional del conglomerado de Arsuaga, ha lanzado las campañas "Ayuso: salve el Valle de los Caídos" y "Obispos: salven el Valle de los Caídos", ambas en julio de este año. "[Ayuso] no se quiere meter en este jardín, pero tú y yo podemos convencerla de que haga lo correcto y evite el derribo de la mayor cruz del mundo", dice la campaña dirigida a la presidenta.

Una reunión con un viceconsejero madrileño

La presión se intensificó en octubre, con una "procesión de cruces" el día 5 desde la sede del PP hasta la de Presidencia de la Comunidad de Madrid reclamando a Ayuso que "salve" la "Santa Cruz" del Valle de los Caídos, "la más alta del mundo", mediante su declaración como "bien de interés cultural". Según Hazte Oír, al término de la marcha una representación de la organización se reunió con el viceconsejero de Presidencia, Miguel Ángel García, para entregarle cerca de 100.000 firmas. Unos días más tarde, el 13 de octubre, la entidad presidida por Arsuaga publicaba que Ayuso estaba dejando la cruz "totalmente desprotegida" ante el "Gobierno social-comunista". "Esta es la tibieza del PP", añadía. Pero luego Ayuso ha movido ficha.

El día 19, menos de una semana después del mensaje crítico de Hazte Oír, se publicaba el anteproyecto de la Ley de Patrimonio Cultural, que no incluye las cruces en la categoría de "bienes de interés cultural" pero sí de "bienes del patrimonio etnográfico" y por lo tanto expresivos de su "identidad", "cultura" y "formas de vida tradicionales" de la comunidad. Cabe preguntarse si hizo efecto la presión de la asociación de Arsuaga, conocida por su cruzada contra la educación sexual en las aulas, contra la representación de la diversidad en televisión y contra el reconocimiento de la transexualidad. infoLibre preguntó a las consejerías de Cultura y Presidencia y al propio viceconsejero García si la reunión había tenido relación con el contenido de la norma, sin respuesta.

De Hazte Oír a Enraizados y Abogados Cristianos

Hazte Oír no es la única organización obsesionada con la protección de la cruz del Valle. Han hecho también campaña a favor de la cruz Enraizados y la Asociación Española de Abogados Cristianos, dos organizaciones del avispero ultracatólico que han llegado a desarrollar tareas de lobby ante las instituciones europeas. En el caso de Enraizados, un detonante de su movilización fue el documento de Podemos de 2018 Exhumar el franquismo. Recuperemos el Valle de Cuelgamuros para la democracia, que recogía la siguiente propuesta: "Esta cruz, característica actualmente del Valle, podría demolerse y utilizar su residuo gravoso para crear otro monumento de dignificación y respeto a las víctimas". La propuesta nunca ha llegado a ser aprobada por el Gobierno ni las Cortes. No obstante, ha servido para agitar la inquietud de los grupos que consideran el Valle de los Caídos un lugar "sagrado" y que ya se opusieron a exhumar a Franco.

Abogados Cristianos ha llegado a querellarse contra el cómico Héctor de Miguel y a pedir la suspensión de su programa en la Ser por bromear pidiendo la voladura del complejo por su fealdad. Qveremos, otra organización del mismo ámbito, una de las impulsoras de NEOS, se ha ofrecido a quedarse con la cruz. Esta entidad tiene una iniciativa llamada "pradera de las cruces" en la que recoge todas las cruces derribadas por la legislación de memoria histórica.

NEOS y Ayuso

El activismo católico ha sufrido cambios profundos desde su irrupción como agente sociopolítico movilizado en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008). Organizaciones como el Foro de la Familia, entonces capitales, han cedido protagonismo a otras como Hazte Oír-Citizen Go, con una fuerte penetración en Vox. La Asociación Católica de Propagandistas, Valores y Sociedad y la Fundación Villacisneros, entre otras, han cohesionado el cuerpo ideológico del movimiento fundando NEOS, que nace liderada por Mayor Oreja con la intención de influir en el PP y Vox.

Además de demonizar el aborto y la eutanasia, NEOS lanza sus denuncias contra la manipulación de la historia de España por parte de la izquierda, la pérdida de las raíces cristianas de Europa y la Agenda 2030 de la ONU, lo que emparenta el discurso con el negacionismo del cambio climático, sin ser expresamente negacionista. Vox sigue al milímetro todas estas ideas. No en vano, el partido de Abascal nació en 2013 vinculado a organizaciones del semillero ultracatólico, de fuerte implantación en Madrid y que admiran la influencia del evangelismo sobre la política en EEUU. En cuanto el PP, hay diferentes grados de proximidad al lobby. Ayuso, pese a sus posiciones heterodoxas en temas como el aborto, encarna la línea más afín a sus postulados. El rescate de la "santa cruz" del Valle no es el único ejemplo. Son usuales las declaraciones de la presidenta que parecen sacadas del ideario de NEOS, por ejemplo cuando ataca la "Agenda 2030", alerta del "invierno demográfico" o denuncia la ocultación de las glorias históricas de España.

El investigador sobre extrema derecha Román Cuesta cree que la norma sobre patrimonio cultural de Madrid es un nuevo "guiño" de Ayuso al movimiento integrista. "Ayuso ha detectado un nicho de votantes que puede arrastrar, restando espacio a Vox, y sabe lo que hacer para explotarlo", añade Cuesta, autor del capítulo sobre radicalismo religioso del informe De los neocón a los neonazis. La derecha radical en el Estado español, publicado por la Fundación Rosa Luxemburgo en 2021.

A su juicio, la presidenta madrileña "se ha vendido a los fundamentalistas" con gestos para complacerlos en múltiples temas. Cuesta hace una mención a su discurso natalidad. El investigador ve significativa la apelación de Ayuso al "invierno demográfico", que "conecta directamente" con la retórica de la extrema derecha de base religiosa en Europa, según la cual se están perdiendo sus raíces cristianas. Organizaciones como NEOS –principal aglutinante de grupos ultracatólicos– y Hazte Oír son altavoces de la teoría según la cual la "civilización occidental" está amenazada por un "invierno demográfico", tesis que Ayuso repite palabra por palabra. La presidenta ha hablado incluso de la "cultura de la muerte" de la izquierda, expresión con la que el movimiento se refiere al aborto y la eutanasia.

Vox, PP y el aborto

Los grupos de la derecha católica radical presentan el retroceso demográfico como un acicate para el denostado "multiculturalismo", al mismo tiempo que lo vinculan con el aborto. En cuanto al aborto Vox hace un seguidismo al milímetro, mientras Ayuso es ecléctica. Por un lado, se desmarca de Feijóo al defender que las adolescentes de 16 y 17 años aborten sin consentimiento de sus padres. Por otro, se alinea con el anterior presidente, Pablo Casado, al afirmar que el aborto un tema explotado de forma "sectaria" por la izquierda y sacarlo del ámbito de los derechos para presentarlo como un capricho propio de una sociedad inconsciente. Así dijo en octubre de 2021: "[El aborto] no se ha de celebrar como una fiesta [...]. Cuando se vende como ese derecho, como lo hacen sobre todo las feministas profesionales [...], que lo venden como una celebración, me parece que es horroroso [...] Muchas mujeres son empujadas a hacerlo y muchas veces, como no ven alternativas, pues, venga, 'me lo quito de encima'".

Mientras tanto, el PP a nivel nacional navega en cierta indefinición con respecto al aborto, a la espera de la sentencia del Constitucional sobre la ley de 2010. No obstante, sus hechos hablan. Con Feijóo al frente, el partido ha votado en contra de la penalización del acoso a las mujeres que abortan a las puertas de las clínicas y ha anunciado su rechazo a la forma que tramita el Ministerio de Igualdad, no moviéndose ni un milímetro de lo que exigen las organizaciones "provida". Feijóo no ha adoptado ninguna medida conocida contra el sector de su partido que, liderado por el senador Javier Puente, se ha alineado con Vox y las organizaciones de la derecha católica radical en defensa las leyes republicanas más duras de Estados Unidos. Con Feijóo como presidente, el PP coincide con Vox en una fundación del movimiento ultracatólico –Familia y Dignidad Humana– que rechaza el aborto incluso si hay violación y ha participado en una cumbre en Budapest para exaltar posiciones extremistas sobre género, familia y maternidad.

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Feijóo habla lo menos posible del aborto. No es de extrañar. La historia indica que es un terreno peligroso para el PP. Las divergencias sobre el tema provocaron una crisis en 2014 y 2015 que incluyó la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón y la salida del partido de un grupo de antiabortistas duros, con Lourdes Méndez Monasterio al frente. Méndez-Monasterio, hoy diputada de Vox, es una figura clave del lobby ultracatólico, donde precisamente fundó Familia y Dignidad Humana.

El PP también se ha alineado con las posiciones duras en la eutanasia, presentando –al igual que Vox– un recurso de inconstitucionalidad y comprometiéndose a derogar la ley si puede hacerlo. Los portavoces del PP y Vox que defendieron la posición del partido sobre la eutanasia, José Ignacio Echániz y Lourdes Méndez Monasterio, respectivamente, son miembros de Familia y Dignidad Humana. La penetración del lobby integrista en la sala de mando de los dos partidos en temas clave es ya una realidad.

Esta influencia se plasma en papel oficial. Partiendo de este ideario, Vox logró en Andalucía la creación de una línea de ayudas a la maternidad que está sirviendo para subvencionar a grupos antiabortistas. Varios de los logros del partido de Abascal en Andalucía se inspiran en el programa de grupos de este movimiento, como la a supresión de la expresión "transversalidad de género” o la creación del "teléfono de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar", término que se opone al de "violencia de género". El veto parental de contenido educativo, que nace impulsado por grupos como Profesionales por la Ética, logró avanzar en Murcia y –la pasada legislatura– en Andalucía. En Castilla y León el Gobierno del PP y Vox tramitan una "Ley de Violencia Intrafamiliar", expresión que nace en el movimiento católico radical para rechazar la existencia de la "violencia de género", si bien el partido de Feijóo trata de hacer compatibles ambos conceptos.