Ayuso en pandemia: del "protocolo de la vergüenza" en residencias al descontrol de la transmisión en nombre de la libertad

Este miércoles 11 de marzo se cumple un año de una decisión tomada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que marcó el principio de la pesadilla. Se adelantó al por entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, y decidió cerrar los colegios. Como se comprueba cada dos por tres, todo lo que pasa en la capital tiene repercusión en el resto de España, que se estremecía ante una medida que parecía tornar en real la amenaza de una crisis sanitaria. Y como es evidente tras un año de gestión pandémica de Ayuso, la oposición al Gobierno caiga lo que caiga es una de las patas de la estrategia. Con la comunidad sumida en la incertidumbre y una convocatoria de elecciones que probablemente pasará por la justicia, el balance del Gobierno madrileño recién roto al frente de la respuesta al covid tiene otros puntos de interés: el desastre y la negligencia de las residencias, la incidencia por las nubes en nombre de la libertad y una alegre tendencia hacia la privatización. 

27 días después de aquella decisión, el 7 de abril, Madrid registra la muerte de 913 residentes. En solo 24 horas. La pandemia escaló rápido. Sanidad registró el 9 de marzo los primeros indicios de transmisión comunitaria en la Comunidad. La región, centro neurálgico, comunicativo, económico y comercial del país, era la más afectada por la primera ola de covid por su alta movilidad. Previsible. Lo que no era tan previsible era la absoluta inacción del Ejecutivo autonómico liderado por Ayuso a la hora de afrontar el impacto de la enfermedad en las residencias de ancianos. Tampoco la toma de decisiones de nulo encaje ético y legal que condenaran a miles de ancianos a la muerte entre toses, ahogados y sin una mano querida para acompañarles. 

Se trata del "protocolo de la vergüenza".

El 18 de marzo, Ayuso firmó un protocolo que impedía el traslado al hospital de miles de mayores enfermos, con escasa movilidad o alto grado de demencia. Se les condenó. Era de obligado cumplimiento para todas las personas que dependían jerárquicamente de las Consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales. Es decir, para los médicos de la red pública de hospitales, para los trabajadores del servicio público de ambulancias y para los empleados de las residencias de titularidad pública. El Ejecutivo diseñó un sistema basado en "geriatras de enlace" de los centros sanitarios, que eran quienes negaban el derecho a la asistencia sanitaria de estos ancianos. 

"El resultado de la aplicación del Protocolo fue demoledor para los mayores. Una auténtica condena a muerte para muchos de ellos, que fallecieron en los centros donde vivían sin recibir ningún tipo de atención médica", asegura Manuel Rico, periodista de infoLibre que desveló la orden, en este reportaje. Los datos muestran que, en los días posteriores a la aprobación del documento, los muertos en residencias aumentaron dramáticamente. Además, el Ejecutivo regional no activó ninguna de las tres alternativas que tenía ante el colapso: ni trasladó a los mayores enfermos al Ifema, ni usó la red hospitalaria privada para atenderlos, ni medicalizó las residencias. De hecho, recurrió las sentencias judiciales que les obligaban a dotar de recursos a los geriátricos. 

En los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo que restringía el traslado a los hospitales, 5.343 mayores murieron en sus residencias sin recibir atención hospitalaria, El 84% de los fallecidos en ese periodo. Un año después, la justicia determinará si se convocan elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid... y si la gestión de las residencias del Gobierno madrileño tiene consecuencias penales. 

Segunda ola: Madrid, epicentro del covid en Europa

La desastrosa gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid pasó desapercibida durante muchas semanas en una España confinada, cuyo Gobierno central acaparó la mayoría de competencias. Tras la desescalada, el Ejecutivo de Sánchez decidió volver al escenario habitual bajo el ordenamiento jurídico español: las comunidades son las que mandan en materia de Sanidad. El Gobierno de Ayuso recuperó el pleno control sobre las medidas para contener la pandemia después de semanas de gresca con Illa para que les dejara pasar de fase a pesar de que la región no cumplía los requisitos establecidos: entre ellos, el número de rastreadores. La primera de múltiples batallas costó la dimisión de la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, que aseguró que el Ejecutivo madrileño no hacía prevalecer "los criterios de salud". No sería la última vez. 

Durante un verano relativamente tranquilo, de transmisión controlada, la Comunidad de Madrid no contrató a los rastreadores necesarios para contener un posible rebrote, pese a que lo prometió para que Sanidad les dejara abrir. A finales de agosto, los contagios empezaron a dispararse en la región mientras el resto de España, y de Europa, aún disfrutaba de los restos del primer confinamiento. Durante varias semanas, Madrid fue la región con más incidencia (casos/100.000 habitantes) acumulada a 14 días del país y del continente. En su pico, se alcanzaron los 784,71 casos de IA, pero algunas poblaciones del sur bordearon los 2.000. 

En plena marejada, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció restricciones por Zonas Básicas de Salud (ZBS). Se impidió la entrada o salida de los barrios más afectados salvo para trabajar o por razones de fuerza mayor. Las restricciones a la hostelería eran algo más severas en estas zonas, pero nunca se llegó a clausurar por completo ni tan siquiera el interior de los establecimientos, una medida que la ciencia considera muy efectiva para reducir la transmisión sin obligar al confinamiento domiciliario total. Los epidemiólogos consideraron que esta división era inútil y segregadora: una opinión compartida por el Gobierno central, que durante semanas mantuvo un pulso con Ayuso para clausurar la ciudad e impedir el efecto contagio de las provincias limítrofes. 

Esta crónica de El País define bien el caos de aquellos días. Lo que antes había sido teatralizado como respeto entre instituciones se convirtió en guerra abierta. Tras semanas de reproches cruzados y comparecencias que se contraprogramaban, los jefes de gabinete de los presidentes idearon una puesta en escena histriónica, de decenas de banderas españolas y madrileñas, para inaugurar un espacio de colaboración entre los Ejecutivos de Sánchez y Ayuso. Y tras unas negociaciones que evidenciaban la pérdida de la paciencia de Salvador Illa y las ya incipientes desavenencias entre PP y Cs, se llegó a un acuerdo, en teoría para toda España, que imponía el cierre de fronteras para todas las poblaciones que superaban determinados umbrales. Solo Madrid los superaba. 

Ayuso se dio cuenta de la trampa en la que había caído su vicepresidente, Ignacio Aguado. Y rechazó el acuerdo en el Consejo Interterritorial. Pero el Ministerio de Sanidad consideraba, en base a un informe de la Abogacía del Estado, que solo una mayoría de comunidades bastaba para imponer una decisión sanitaria en el conjunto del territorio. Y así se hizo, desmontando las restricciones por Zonas Básicas de Salud y poniendo fin a la batalla. 

Tercera ola: el 'milagro Ayuso' no existe

Desde determinadas tribunas se empezó, una vez pasó la tormenta, a hablar de "milagro" para calificar la gestión de un Gobierno que lograba aplanar la segunda curva sin tomar medidas duras que coartaran la economía. La incidencia bajó desde mediados de septiembre hasta principios de diciembre, a un ritmo muy lento, y nunca se logró situar por debajo de los 150 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días que los especialistas consideran el baremo para empezar a controlar la transmisión. Sobre este suelo, Madrid edificó una tercera ola postnavidades que, sin llegar a ser la más dura del país, se mantuvo en el top 5 bordeando los 1.000 casostop 5. Fue la única de entre las más afectadas que no cerró el interior de la hostelería: el descenso, más lento que el de muchas otras comunidades, la hace ahora liderar el ranking de las comunidades con más incidencia, solo superada por Ceuta y Melilla. 

Incidencia acumulada por comunidades autónomas.

Directo | TVE capta a Villacís reprochando a Casado: "Nos habéis jodido"

Ver más

"Socialismo o libertad", aseguró Díaz Ayuso este miércoles como reclamo de campaña ante unas elecciones que aún no se sabe si se celebrarán. La defensa de la libertad –individual, económica– como prioritaria por encima del derecho a la salud ha marcado la gestión pandémica de la presidenta. En un PP dividido desde hace años entre conservadurismo y reacción, entre socioliberalismo y thatcherismo, la líder de la Comunidad de Madrid escogió siempre el camino del férreo neoliberalismo de su antecesora, Esperanza Aguirre. Privatizó –a dedo– como nadie: la alimentación de menores vulnerables a Telepizza, los rastreadores al grupo Quirón, las vacunaciones a cruz Roja. 

Asesorada por el renacido Miguel Ángel Rodríguez, Ayuso desplegó una estrategia basada en el símbolo. Además de buscar la pelea constante con el Gobierno –aunque no tenga a ni una comunidad a su lado, como en el caso del cierre de Semana Santa–, levantó infraestructuras que hablaran de su supuesto éxito. Como el "hospital milagro" de Ifema, con el que sacó pecho de su bajo porcentaje de muertes, aunque no se derivaran allí casos graves –ni, por supuesto, a ancianos de residencias–. O como el Hospital "de pandemias" Enfermera Isabel Zendal, edificado en meses por más de 100 millones, donde faltan equipamientos básicos y a donde los sanitarios no quieren ir. 

En los próximos días se vislumbrará el futuro de la presidenta: si es desbancada por la izquierda, con el apoyo de Cs, o si utiliza su gestión pandémica, sus mantras y sus símbolos, para intentar ganar las elecciones. El eje está claro: libertad, libertad y más libertad, entendida exclusivamente desde su marco individualista. Está por ver si logra desembarazarse de sus fracasos: transmisión descontrolada desde verano y negligencia en las residencias de ancianos.