El balance de las cuentas de Mas: privatizaciones, venta de patrimonio y recortes

Garantizar “como mínimo” el mantenimiento de los recursos económicos destinados al sistema sanitario catalán. “No se puede recortar ni prestaciones ni calidad” y es necesario “mejorar la eficiencia” para obtener “los mismos resultados en los mismos recursos”. Este es un fragmento del programa electoral de CiU en las elecciones de 2010. Visto con perspectiva, después de cinco años, parece una película de ciencia-ficción. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha conseguido dirigir el foco de atención hacia el debate soberanista. Este asunto ha tapado otros, como el de los recortes y las privatizaciones llevadas a cabo por su Gobierno. Desde que accedió al cargo en 2010 ha reducido el gasto público en más de un 20%.

La primera legislatura del Gobierno de Artur Mas fue la de la apuesta por las políticas de austeridad. Aunque ahora su pareja de baile es ERC y su política pivote en torno a la hoja de ruta soberanista, la primera tarea de CiU en el Palau de la Generalitat fue convertirse en alumno aventajado de las directivas de la alemana Angela Merkel. El balance a día de hoy es un recorte de más del 20% del gasto público.

Mas fue investido presidente de la Generalitat gracias al PSC y aprobó sus primeras cuentas de la mano del PP (que se abstuvo en la votación). El primer presupuesto del gobierno de CiU inició un periodo de recortes sin precedentes en la Generalitat. Tal como exigía el gobierno central del PSOE, su reto era reducir el déficit público, situado en 8.352 millones –el 4,22% del PIB que dejó el gobierno tripartito de izquierdas–, por debajo del 2% del PIB.

Se recortó un 10% el gasto público total en un año, siendo una reducción no lineal. Según datos de la Generalitat, el gasto en Sanidad descendió más de 600 millones –un 6,5% respecto a 2010–, en Educación se redujo un 7,4% y en Bienestar Social un 10%. La consejería de Ocupación sufrió una reducción del 23% de su presupuesto y Territorio y Sostenibilidad de un 24% del gasto. No obstante, el ajuste no fue tal para las rentas altas: se eliminó el impuesto de sucesiones y donaciones con el apoyo de los conservadores y con duras críticas de la oposición de izquierdas. “No hay ni para Salud, ni para Educación ni para la Ley de la Dependencia, pero para el 6% de las herencias sí que hay”, denunció la diputada de ICV-EUiA en su momento, Laia Ortiz.

El primer año de gobierno de Artur Mas también estuvo marcado por la polémica del PIRMI, la renta mínima de reinserción que consistía en poco más de 400 euros al mes para los colectivos más vulnerables. Con la reforma impulsada por el conseller Xavier Mena (Empresa i Ocupación), la PIRMI dejó de ser indefinida y se limitó a cinco años. Se prohibió que pudiera superar el Salario Mínimo Interprofesional y para cobrarlo se debía residir dos años de forma continuada en Cataluña. La reforma enfureció a las entidades sociales y sindicatos, ya que se puso en marcha una revisión de la forma de pago en pleno agosto para detectar el “fraude” que, según el Gobierno, se producía en la percepción de esta ayuda.

El pacto del Neri

En 2012 llegó el pacto formal con los conservadores: el pacto del Neri, nombre de un restaurante próximo al Palau de la Generalitat donde se cerró el acuerdo. Se inauguró un año de geometría variable caracterizado por el entendimiento con el PP en el ámbito social y económico, y el acercamiento a ERC y ICV para emprender la “transición nacional”. El viaje a Ítaca empezó con la reivindicación de un pacto fiscal al estilo del concierto vasco para reducir el déficit crónico de la Generalitat con la Administración General del Estado.

Los presupuestos de 2012 acumularon todavía más recortes en el ámbito social. Era la “segunda fase” del ajuste basado en las políticas de austeridad. El Gobierno catalán, en dos años, redujo el déficit en 5.611,8 millones. Esto se concretó en restricciones del gasto público y en la creación de tasas como el euro por receta –actualmente paralizado por el Tribunal Constitucional– para “imponer barreras al sobreuso y al abuso” en el ámbito de las recetas farmacéuticas.

Las partidas de Sanidad y Educación se redujeron, respecto a 2010, un 11% y un 12%, respectivamente. Y Bienestar Social un 10,9%. A esto se sumó una subida de las tasas universitarias –hasta un máximo de 66%–, que situó a Cataluña a la cabeza de todas las comunidades autónomas. En 2012, el Observatori del Sistema Universitari (OSU) alertó de que eran un 75% más caras que en el resto del Estado. La Generalitat intentó compensar la subida con la creación de un fondo de becas propio, que, por su complejidad y por la falta de publicidad que se dio a esta ayuda, no palió el efecto subida. 

El giro de Mas

El 'no' rotundo de Mariano Rajoy al pacto fiscal catalán y la primera manifestación multitudinaria a favor de la independencia el día de la Diada Nacional, promovida por la ANC (Assemblea Nacional Catalana), provocó un giro en las políticas de Artur Mas. Pidiendo una “mayoría excepcional” para afrontar el reto del derecho a decidir el futuro político de Cataluña, el líder de CiU convocó elecciones anticipadas para el 25 de noviembre de 2012. El resultado fue 12 diputados menos en el Parlament y el ascenso de ERC como segunda fuerza política en el panorama catalán en detrimento del PSC.

Este cambio en la correlación de fuerzas forzó a CiU y ERC a entenderse. El 19 de diciembre de 2012 sellaron el “Pacte per la llibertat”, que entre otras cosas introducía el compromiso de hacer una consulta de autodeterminación en 2014 y la construcción de “estructuras de Estado” como la hacienda catalana o la acción exterior de la Generalitat. ¿Cómo se tradujo el pacto con los republicanos en las políticas presupuestarias de Mas?

En 2013 se prorrogaron los presupuestos por acuerdo de las dos fuerzas políticas. CiU y ERC argumentaron que eran unas cuentas “imposibles” y que la imposición del cumplimiento del déficit del 1,58% respondía a una “asfixia absolutamente premeditada” a Cataluña por parte de Madrid. Así lo definió Oriol Junqueras (ERC). Esta prórroga no impidió que los recortes siguieran, ya que en realidad fue una estrategia política frente a lo que los soberanistas consideraban un ataque del Gobierno de Rajoy. La Generalitat se mantuvo en una situación crítica respecto a los ingresos, los mercados continuaron cerrados y se vio obligada a pedir 9.073 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), lo que supuso casi un 40% de los 23.000 millones previstos por el Gobierno central.

Así, mientras convergentes y republicanos exhibían una actitud de enfrentamiento con el Estado, se seguían produciendo recortes. Los ingresos cayeron notablemente y se produjo una reducción del gasto público similar a la de los ejercicios anteriores.

Privatizaciones y tasas

Después de un año de recortes a la sombra, en 2014 afloró la reducción del presupuesto de la Generalitat respecto a 2012. afloró la reducción del presupuesto de la Generalitat respecto a 2012 Si en Salud este año se gastaron 9.074,7 millones de euros –según datos de la liquidación–, para esta misma partida se presupuestaron 8.216,2 millones de euros en 2014. Pese a esta reducción, CiU y ERC exhibieron una subida de un 0,2% del gasto en Sanidad respecto a 2013 –que fue, según datos del departamento de Economía, de 8.202,8 millones–. Esta lógica se reproduce también a niveles globales del presupuesto; si en 2012 el gasto no financiero de la Generalitat era de 22.230 millones de euros sin intereses, en 2014 fue de 20.372,7 millones. Pese a la actitud y declaraciones políticas, la continuación de los recortes en 2013 se clarifica con los números en la mano. 

Los presupuestos de 2014 se caracterizaron por priorizar las políticas de ingresos. Se mantuvo el gasto respecto a 2013 y se impulsaron numerosas privatizaciones y venta de patrimonio para obtener más de 2.000 millones. También se crearon nuevas tasas y se restituyó el impuesto de sucesiones y donaciones.

En realidad, casi la mitad de los ingresos esperados provenían de la privatización de Aigües Ter Llobregat, por la que la Generalitat esperaba ingresar 1.000 millones. Una privatización envuelta en la polémica por una irregularidad en el concurso de adjudicación, que ganó Acciona. Según un organismo de la Generalitat, el Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC), se vulneró el pliego de condiciones del programa de inversiones al conceder este servicio de suministro de aguas. Agbar, la otra empresa que competía por la adjudicación, interpuso una demanda contra el Gobierno catalán, y recientemente la justicia ratificó la suspensión de la mayor privatización de la historia de la Generalitat. Cómo afectará esto a los números de la Generalitat es todavía una incógnita.

Unas cuentas “intensamente políticas”

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En medio del proceso soberanista, y después de la consulta del 9 de noviembre, el Gobierno de Mas afrontará los presupuestos de 2015 con el horizonte electoral puesto en el 27 de septiembre. Aunque ERC ha repetido por activa y pasiva que los de 2014 serían los “últimos presupuestos autonómicos” que aprobarían, volverán a ser este año la pareja de baile de CiU en la tarea de cuadrar el presupuesto. 

En lo que va de 2015, año electoral, se ha recuperado la paga extra de los funcionarios y se va a fiar la reducción del déficit público a la obtención de 2.500 millones de euros mediante la negociación política con el Estado. La Generalitat reclama recursos que afirma que el Gobierno central debería haberle pagado, como el fondo de competitividad (789 millones), la partida correspondiente a lo que fija la Disposición Adicional Tercera del Estatut de Catalunya (759 millones) o la compensación por el impuesto de los depósitos bancarios (635 millones).

El conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, emitió un mensaje claro en el debate a la totalidad de los presupuestos en el Parlament: “Son unas cuentas intensamente políticas”. Mas-Colell defendió que el objetivo de déficit impuesto por el Estado este año es “injusto y desproporcionado”, y sentenció que se negaba a hacer más recortes en el estado del bienestar.