Barcos, joyas, antigüedades y hasta caballos: el Estado tiene ya 46 millones de euros en bienes bloqueados por causa judicial

Embarcaciones, mansiones, coches de lujo, antigüedades, arte, dinero, productos financieros y hasta caballos se han intervenido en los últimos años en diferentes operaciones policiales a investigados por multitud de delitos: corrupción, tráfico de drogas, contrabando, organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales... De todos estos bienes se hace cargo para su administración, previa solicitud del órgano judicial competente, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, un instrumento que empezó a funcionar a principios de 2017 y que a día de hoy dispone de aproximadamente 46 millones de euros que están bloqueados a la espera de que haya una sentencia firme que permita ingresar esas ganancias en las cuentas del Estado.

La última memoria publicada de la actividad desarrollada por la Oficina, correspondiente a 2018, revelaba que el mayor número de incautaciones de las que se hizo cargo este órgano correspondían a arte y antigüedades, seguido de vehículos, artículos electrónicos, muebles y relojería y joyería, telefonía, maquinaria y embarcaciones, todos ellos bienes obtenidos ilícitamente en el marco de las actividades delictivas desarticuladas. La Oficina, cuya sede central se encuentra en el Ministerio de Justicia pero funcionalmente depende de órganos judiciales y fiscalías, se encarga de localizar, recuperar, conservar y administrar estos efectos en lo que dura la investigación judicial, siempre en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que también se encargan de las pesquisas de las causas. 

Desde esta Oficina cuentan a infoLibre que el objetivo es "convertir en dinero" cualquier bien obtenido a través del delito presuntamente cometido para que no pierda su valor y el Estado, en caso de sentencia firme, pueda obtener el máximo rendimiento de lo incautado para invertirlo posteriormente en proyectos contra la criminalidad organizada y en asistencia a las víctimas.

En 2019, el dinero ingresado en las arcas del Estado llegó hasta casi un millón de euros, según las fuentes consultadas, que apuntan que esta cantidad no es representativa de todo lo que se puede llegar a cosechar de todos los órganos judiciales españoles debido a la juventud de la Oficina. Así, consideran que es previsible que vaya aumentando a medida que el organismo vaya consolidando su presencia y los juzgados y fiscalías cuenten con su colaboración con el paso de los años.

La Audiencia Nacional, principal clientecliente

La Oficina, inaugurada por el exministro de Justicia Rafael Catalá, comenzó su andadura hace algo más de tres años fijándose en el ejemplo de otros organismos similares en Países Bajos o Francia. Su función es auxiliar a los órganos judiciales y fiscalías en la localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y en el de los delitos económicos más graves.

La Audiencia Nacional, por tanto, es uno de sus principales clientes pues ahí es donde se investigan las grandes causas de corrupción y otras contra organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas o blanqueo de capitales, si bien muchas de estas diligencias aún están en instrucción o pendientes de sentencia firme por la complejidad de las causas, por lo que la recuperación del dinero por parte de la Oficina aún no es representativa de la cantidad de trabajo que le da este tribunal.

En la Oficina lo dejan muy claro: su labor no es la averiguación del delito, sino localizar los bienes y efectivo obtenidos fruto de este delito con vistas a un futuro decomiso. Por eso, sin la petición y colaboración de los órganos judiciales no puede desarrollar su trabajo. Es más, este organismo sólo puede intervenir si los juzgados o fiscalías se lo requieren y su participación supone una pata más de la investigación que luego puede servir a los instructores para apuntalar la investigación.

Las funciones principales de la Oficina son, por un lado, la averiguación patrimonial de bienes tanto dentro como fuera de España y tanto si están a nombre de los investigados como todos aquellos sobre los que haya indicios de que se ha ocultado la titularidad real, como por ejemplo las sociedades interpuestas. Para ello, los investigadores de la Oficina, entre los que se encuentran efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil que desempeñan funciones de policía judicial, acceden a bases de datos nacionales e intercambian información con organismos análogos en otros países. En segundo lugar, el organismo se encarga de gestionar bienes embargados, incautados o decomisados, si el juzgado en cuestión así lo solicita, para evitar que los investigados sigan obteniendo rendimiento de ello y también para "obtener el máximo beneficio".

La comunicación con los juzgados instructores es, por tanto, continua. Pero aún queda mucho por hacer y no todos los órganos judiciales o fiscalías cuentan con la Oficina, unas veces por desconocimiento de su existencia, otras por una simple falta de costumbre, según las fuentes consultadas. Es por ello que el trabajo de la Oficina va en aumento con el paso de los años, pero todavía está lejos de todo el rendimiento que podría llegar a sacar de los bienes incautados en las investigaciones judiciales.

Tasación y a subasta

En el caso del dinero en efectivo intervenido, embargado o decomisado en las investigaciones judiciales, la Oficina procede a su ingreso en su cuenta de depósitos y consignaciones, donde queda bloqueado a la espera de una sentencia firme que determine la cantidad defraudada. Con los bienes, en cambio, el proceso es más complejo: se realiza un estudio sobre lo intervenido para determinar la posible depreciación de los efectos, se lleva a cabo la tasación de los mismos y se procede a convertirlos en dinero, el cual también se ingresa en la cuenta de depósitos.

A día de hoy, esta cuenta dispone de unos 46 millones de euros procedentes de todos los procedimientos judiciales que continúan abiertos en los que interviene la Oficina, y en sus pocos años de vida ha abierto 330 expedientes de localización y recuperación de activos y 1.485 correspondientes a la gestión de los mismos.

Para sacar ese rendimiento, el organismo recurre a subastas públicas o restringidas, en función de la naturaleza del bien que se quiere vender, a través del portal de subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE). A las restringidas se convoca a empresas especializadas en determinado tipo de producto, por ejemplo medicamentos o bebidas alcohólicas. Según las fuentes consultadas, en las públicas se ha vendido casi de todo: muchos vehículos, caballos, mobiliario, textiles etc. Los coches y embarcaciones son bienes de depreciación rápida, por lo que el interés en vender en poco tiempo es mayor para que su valor no baje demasiado.

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Todo el dinero que se obtiene de la gestión de los bienes se conserva íntegramente en la cuenta de la Oficina hasta la finalización del procedimiento judicial. Si no hay condena, el beneficio obtenido de la venta y que había quedado bloqueado se le devuelve al investigado íntegramente. En caso de sentencia firme, la Oficina solicita al órgano judicial que informe, en su caso, de la cuantía que procede transferirle para satisfacer las indemnizaciones a víctimas que están pendientes de abono. El remanente acaba en el Tesoro Público, que una vez descontados los gastos de la Oficina dotados en el presupuesto del Ministerio de Justicia (hasta la fecha, 249.000 euros anuales), genera crédito por valor del 50% para proyectos de lucha contra la criminalidad organizada y atención a las víctimas.

En los casos de procedimientos por tráfico de drogas, el dinero obtenido de los bienes adquiridos por ese ilícito se destina al Plan Nacional sobre Drogas. Las drogas y las armas quedan fuera de ese rendimiento que se intenta sacar a lo incautado en una investigación judicial, como es lógico. En ambos casos, la autoridad policial competente se encarga de su destrucción, al igual que otros efectos como todos los relacionados con el delito contra la propiedad intelectual e industrial.

El tráfico de estupefacientes y los beneficios que reporta a las organizaciones criminales que luego quedan desarticuladas es de los trabajos que más mantiene ocupados a los empleados de la Oficina. La mayoría de las actuaciones que incluyen este tipo de decomisos, y que suelen acarrear incautaciones de otro tipo de bienes obtenidos para el blanqueo de ese negocio, se dan en Andalucía, Ceuta y Melilla. De ahí que la Oficina tenga dos sedes, una en Madrid y otra en Algeciras (Cádiz), en las que trabajan 42 personas de diferentes ámbitos: policías, guardias civiles, funcionarios del Ministerio de Justicia y próximamente se incorporará personal de la Agencia Tributaria para los casos de delitos económicos.