El bloqueo del CGPJ deja también en el limbo a la dirección de la Escuela Judicial

El bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tenido otro efecto hasta ahora inadvertido: desde hace tres años permanece bajo las riendas de un director provisional la Escuela Judicial, la responsable de dar formación teórica y gestionar las prácticas de los futuros jueces. Desde julio de 2018, al frente de la Escuela se encuentra Jorge Jiménez, que saltó a ese puesto desde el que ocupaba hasta entonces: ser el número dos de Gema Espinosa. La magistrada Espinosa, esposa de Pablo Llarena, juez instructor de la causa por el procés, dimitió como directora del organismo formativo tras ser incluida por el PP en su lista para la renovación de los vocales del CGPJ. Pero el recambio quedó en dique seco cuando, en noviembre de ese año, trascendió un whatsapp donde el PP se jactaba de que la nueva composición del órgano de gobierno de los jueces le permitiría seguir controlando "desde detrás" la Sala Penal del Tribunal Supremo. Desde entonces, la Escuela Judicial se encuentra en una especie de limbo en lo que respecta a su escala jerárquica.

Ese limbo, inexistente según los portavoces oficiales del CGPJ, se explica porque, además del carácter interino de su máximo responsable, la dirección de las áreas de formación inicial y la de formación continuada permanecen vacantes: y la decisión sobre las tareas que abarcan se concentra así en manos del director provisional. La primera de esas dos áreas, la más relevante por su papel en las nuevas promociones de jueces, se localiza en Barcelona. Y era esa, la de formación inicial, la que Jorge Jiménez desempeñaba hasta que en julio de 2018 le aupó la marcha de Espinosa.

Desde julio de 2018, el Consejo ha ido prorrogando año tras año su nombramiento. Al principio, explican las fuentes oficiales, no hubo una designación definitiva para ese puesto porque para la renovación del Consejo faltaban solo meses y sería el nuevo equipo de vocales el que eligiera al sucesor de Gema Espinosa. Así que "por lealtad institucional", se decidió designar de forma interina a un letrado del Consejo. Pero todo se fue complicando. Y se fue cerrando la puerta a un cambio definitivo a medida que el bloqueo se alargaba.

Adoptado en julio de 2020, el último acuerdo adoptado por el pleno del CGPJ respecto a Jorge Jiménez señalaba el 1 de septiembre de 2021 como fecha final de su nueva renovación anual. El texto decía lo siguiente: "Aprobar, por asentimiento, la propuesta de la Comisión Permanente (3-3, de 23 de julio de 2020) de renovación por un año, con efectos del día 1 de septiembre de 2020, del nombramiento de Jorge Jiménez Martín, que continuará prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa como director en funciones de la Escuela Judicial de Barcelona, manteniendo la situación de servicios especiales [es magistrado] que ya tiene declarada".

Pero este año va avanzando septiembre sin nuevo acuerdo de renovación. Las fuentes oficiales del CGPJ argumentan que el efectuado el 19 de julio de 2018 señala que Jiménez será director "en funciones" de la Escuela Judicial "mientras se encuentre vacante el citado puesto". Y aducen que, además, elegir ahora un director sin fecha de caducidad sería inviable tras la reforma legal que desde el 31 de marzo prohíbe nuevos nombramientos mientras el Consejo siga en funciones. Las prórrogas suscritas hasta este año, así lo afirman las citadas fuentes, se referían al puesto de Jorge Jiménez como letrado del Consejo. Y dejó de serlo el pasado 1 de septiembre al haber transcurrido desde su designación 10 años, periodo máximo permitido. 

La segunda área de la Escuela, la de formación continua y con sede en Madrid, se quedó vacante cuando en enero de 2020 el CGPJ defenestró a su directora, María Luisa Roldán. El pleno del Consejo no renovó su nombramiento tras un informe desfavorable de Jorge Jiménez del que no dio traslado a la interesada. Así consta en el escrito de alegaciones presentado por ella misma. El cese, dicen las fuentes oficiales del CGPJ sin más detalle, se produce "por pérdida de confianza del pleno" del Consejo. 

Una media de edad cercana a la treintena

Los portavoces del equipo que dirige el CGPJ con el presidente del Supremo, el conservador Carlos Lesmes, a los mandos remarcan que la interinidad en nada afecta al funcionamiento de la Escuela. La última hornada alumnos (2019-2021) se traduce en 188 nuevos jueces que en breve participarán en el acto oficial conocido como "entrega de despachos". Para ese acto, que todavía carece de fecha y que se celebrará previsiblemente en Barcelona, el Consejo ya ha invitado al rey. El año pasado y por decisión del Gobierno, Felipe VI no acudió. 

¿Acudirá el monarca esta vez a un acto donde estarán los recién salidos de la Escuela Judicial? Es decir, "54 hombres y 134 mujeres", se lee, en ese orden, en el documento de datos estadísticos [puedes acceder a ellos pinchando aquí y descargando el documento pdf] de la nueva promoción. La edad media se sitúa en 28 años. El 57,45% de los alumnos nunca antes había trabajado. 

¿Significa la cifra de 188 nuevos jueces que solo ellos aprobaron las oposiciones?  No. Significa que, una vez aprobado el examen, se genera una lista donde la puntuación obtenida decide en qué puesto se sitúa cada aspirante a juez o fiscal –las oposiciones son las mismas. Y de arriba abajo, cada uno de ellos elige mientras haya plaza entre la Escuela Judicial y el Centro de Estudios Jurídicos, donde reciben formación los futuros fiscales. Una vez incorporado cada alumno a la Escuela Judicial o al Centro de Estudios Jurídicos, solo una situación excepcional les permitiría cambiar de organismo de formación.

Las plazas disponibles en la Escuela Judicial no son siempre las mismas. El número depende de los puestos disponibles y del presupuesto. Así lo explica Pascual Ortuño, director de la Escuela Judicial entre 2009 y 2011 y uno de los juristas que contribuyeron a poner en pie la Red Europea de Consejos de Justicia (RECJ).

¿Hay sesgo ideológico en la Escuela Judicial? Al igual que Carlos Gómez, que dirigió el centro de formación judicial entre 1999 y 2002, Ortuño cree que la clave para aportar respuesta a esa pregunta no reside en el curso bienal de formación teórica y luego práctica en la Escuela. La clave, opinan ambos, se encuentra en el sistema de acceso a la carrera, con unas oposiciones memorísticas que, según la estadística oficial, ocupan 4,8 años de la vida de los opositores una vez han finalizado sus estudios de Derecho.

Y encima, sostiene Ortuño con un ramalazo de ironía, "resulta que no hacemos más que hablar de independencia judicial cuando quien prepara el temario de las oposiciones y el tribunal es una comisión de selección mixta en la que el Ministerio de Justicia tiene el 50%". La otra mitad está en manos del CGPJ. En las oposiciones, remarca Ortuño, ni siquiera hay una prueba que obligue a los aspirantes a redactar una resolución judicial, "pese a que escribir y saber explicar por qué se dicta un auto o una sentencia es fundamental".

Los alumnos que acceden a la Escuela Judicial pasan buena parte del día literalmente alejados del mundanal ruido. Y de la ciudanía. La sede se alza en Vallvidrera, la zona barcelonesa que inmortalizó Manuel Vázquez Montalbán en la serie de novelas protagonizadas por el detective Pepe Carvalho. "Los suben y los bajan en autobús hasta la ciudad, cobran 1.200 euros y creo que están demasiado apartados de la ciudadanía". Quien así opina es otro jurista que por su posición pide expresamente no ser identificado.

Otras fuentes que también rehúsan que se publique su nombre sostienen, en cambio, que las instalaciones –pistas deportivas incluidas– incentivan el estudio y la concentración durante clases que imparten 10 profesores: cuatro de Derecho Civil y Procesal Civil, otros tantos de Derecho Penal y Procesal Penal y dos de Derecho Constitucional y de la UE.  A los alumnos se les aporta una asignación mensual de 1.200 euros, aseguran quienes conocen desde dentro la Escuela. Y el sueldo de los profesores ronda los 4.000 euros netos al mes, según el testimonio de un jurista que impartió allí clases.

Prácticas tuteladas

¿Y cómo se elabora el Plan de Formación Inicial? Su confección, explican en el CGPJ, dura "unos seis meses". Su puesta en marcha corresponde a quien dirija el área de formación inicial "y al jefe o jefa de estudios de la Escuela Judicial". "Cada año –continúan los portavoces del Consejo– se reciben numerosas comunicaciones sobre ámbitos formativos que deberían ser contemplados en la formación de los nuevos jueces y juezas". Y entre quienes remiten esas comunicaciones figuran desde el Consejo de Europa al Congreso y el Senado pasando por el Defensor del Pueblo.

Una vez elaborado el plan se eleva al Consejo Rector de la Escuela Judicial, "que lo valora y hace aportaciones y sugerencias", prosiguen las fuentes del CGPJ. Encabezado por el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, el Consejo Rector presenta la siguiente composición: cinco vocales del órgano de gobierno de los jueces, un magistrado del Supremo –plaza ahora vacante por el fallecimiento de quien la ocupaba–, un miembro de cada una de las tres principales asociaciones de la magistratura (APM, Francisco de Vitoria y Juezas y Jueces para la Democracia), un representante de la Comunidad de Madrid, otro de Navarra, un tercero de Andalucía y otro de Cataluña, el secretario de Estado de Justicia y el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía del Estado. Con voz pero sin voto participan el director de la Escuela Judicial y las dos personas que, un peldaño más abajo, dirigen el área de Formación Inicial y la de Formación Continuada. Como aparece arriba en este mismo texto, ambos puestos se encuentran ahora vacantes. 

Una vez culminada la fase teórica, llega la de prácticas tuteladas. Con una duración mínima de cuatro meses –señala aquí la web del Poder Judicial– los jueces en prácticas ejercen "funciones de auxilio y colaboración con los titulares de los órganos judiciales en que desarrollen las prácticas". Y se llevará a cabo "en diferentes órganos de todos los órdenes jurisdiccionales".

Y tras  el entrenamiento tutelado, llega la fase definitiva: la de "sustitución y refuerzo". Tiene lugar "en órganos judiciales". Y los noveles desempeñan esas nuevas prácticas  "con idéntica amplitud que los titulares del órgano judicial". 

La web del Consejo explica esas funciones de sustitución se realizarán "en las provincias en que los jueces y juezas en prácticas hayan solicitado desarrollarlas". "Con carácter preferente –se agrega en este apartado– las sustituciones tendrán lugar en órganos judiciales del orden jurisdiccional civil y penal y se procurará que se trate de órganos en que la sustitución tenga la mayor continuidad posible".

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Durante la fase de prácticas tuteladas las funciones de auxilio y colaboración que desarrollan los jueces en prácticas "son supervisadas por un tutor, el titular de cada órgano judicial en que realizan las prácticas". Ello exige la designación previa como tutor por el Pleno del CGPJ.

Lo anterior tiene como cuartel general la sede de Barcelona. Y el plan de formación continuada, ya para jueces en ejercicio, la de Madrid. La fase inicial de este plan comienza con lo que el CGPJ define como "detección de necesidades". Las propuestas de actividades surgen de miembros de la carrera judicial "a título particular", de las asociaciones de jueces y del propio Consejo. A ello se añade la "recopilación de necesidades" detectadas por organismos internacionales o también el CGPJ o por los tribunales superiores de cada comunidad. Tras su paso por distintas comisiones pedagógicas, el plan llega para su aprobación a la comisión permanente del CGPJ, "que da cuenta al pleno".