Cañete jura como eurodiputado sin aclarar su relación con paraísos fiscales

Miguel Arias Cañete juró el viernes la Constitución en el acto de acatamiento protagonizado por la mayoría de los 54 nuevos eurodiputados españoles. Y lo hizo sin haber aclarado aún por qué empresas en las que participa o a las que ha estado vinculado utilizaron como escenario de operaciones dos paraísos fiscales: las Antillas Holandesas y Panamá. El eurodiputado, que aspira a convertirse en comisario de la Unión Europea, tomará posesión de su escaño en Estrasburgo el próximo 1 de julio.

El exministro, cuya versión ha intentado infoLibre recabar sin éxito desde hace un mes tras los datos desvelados sobre su vinculación con compañías de Panamá y las Antillas Holandesas, considera que no tiene nada que explicar porque no hay nada que deba explicarse. Esa es la versión que circula en su entorno. Pero los portavoces oficiales del PP ni siquiera han manejado ese argumento. Tan solo, el silencio.

Durante la campaña para las europeas del 25 de mayo, Cañete aseguró que una vez pasada la convocatoria electoral tomaría “una decisión”, no especificó de qué índole. Lo dijo el pasado día 21 durante un almuerzo informativo en el que, a preguntas de un periodista, el entonces candidato aseguró que la UE está avanzando hacia la desaparición de paraísos fiscales. “Pero –agregó de inmediato- si esta pregunta va por otra vía, ya tomaré alguna decisión algún día porque en campaña se enreda mucho. Después de la campaña también hay vida”. Hasta la fecha, ni Cañete ni ningún portavoz oficial del PP o de su equipo ha aceptado entrar en materia.

Como publicó este diario en mayo, las dos petroleras en las que el exministro de Agricultura declara actualmente tener participación accionarial – minoritaria-, Petrologis Canarias y Petrolífera Dúcar, estuvieron controladas al menos hasta diciembre de 2012 por una sociedad holandesa.

Se trata de Havorad BV, que pertenece a otra compañía radicada en las Antillas. Y el único accionista de la antillana era una mercantil de Costa Rica que ya se ha disuelto. Quiénes, con nombres y apellidos, participan en Havorad BV y sus empresas matrices es una pregunta sin respuesta.

El segundo paraíso fiscal en juego, Panamá fue el trampolín utilizado en 1997 por una de las compañías del grupo para desarrollar en España una operación destinada a pagar menos impuestos y que tuvo repercusiones en los siguientes ejercicios hasta, al menos, 2003. Hacienda ha impugnado año tras año las deducciones fiscales vinculadas a esa operación, lo que se ha traducido en una auténtica cascada de sentencias, la última fechada el pasado mes de diciembre.

Ingeniería financiera

Fraguada en 1997, esa maniobra de ingeniería financiera –un préstamo de 734.600 euros, 122.228.459 pesetas, concedido a la sucursal española de la panameña Angelmo International Corp - permitió a la familia Arias-Domecq ahorrarse un millón en impuestos entre 1998 y 2003, cuyo pago es el que exige Hacienda. Esa es la suma resultante de las sucesivas reclamaciones de Hacienda, plasmadas a lo largo de 14 sentencias del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) y del Supremo. Angelmo trasladó su sede desde Panamá a España en abril de 2000. Y cambió su denominación social por la de Angelmo Development SL.

En el momento en que el hipotético préstamo llegó a España –el prestamista original era una sociedad costarricense que aparece en el último escalón de esta estructura societaria de muñeca rusa, Corporación Bilares SA-, Arias Cañete representaba en España a Angelmo International Corp. a través de otra sociedad de la familia, Arias y Domecq SL. En diciembre de 2000, después de su incorporación al segundo Gobierno de Aznar y una vez que Angelmo había trasladado su domicilio de Panamá a Madrid, Cañete cesó como administrador solidario de Arias y Domecq SL.

Las reclamaciones de la Agencia Tributaria a Angelmo se sustentan en el siguiente razonamiento: dado que, teóricamente, el préstamo iba destinado a que la sucursal española de Angelmo International Corp. abordase las obras de reforma de una nave industrial de Fuenlabrada, y dado que Angelmo jamás pudo acreditar que las obras se hicieran en 1997 y costasen nada menos que 700.000 euros, el fisco no da por existente el supuesto préstamo. Y, por tanto, ni la panameña Angelmo ni su sucesora española –Angelmo Development SL, inscrita en Madrid en abril de 2000- podían deducirse los intereses del préstamo.

Varias sentencias constatan que Angelmo adujo que las reclamaciones tributarias habían prescrito. Sus abogados han recurrido año tras año los acuerdos de Hacienda, primero ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (TEAR), luego ante el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) y, como mínimo en tres casos, ante el Supremo, siempre por la vía del contencioso.

Qué ha ocurrido finalmente con la deuda cuantificada por Hacienda resulta imposible de averiguar: en las reclamaciones más importantes, como una por 754.000 euros correspondientes al impuesto de sociedades de 2001, el TEAR obligó a Hacienda a practicar una nueva liquidación. Pese a ello, Angelmo acudió al TSJM en busca de la nulidad total. Y, luego, al Supremo, que desestimó su recurso.

La operación diseñada en Panamá para Angelmo no es la única en que entran en escena paraísos fiscales. Si esa empresa –y así lo atestiguan las sentencias derivadas de su contencioso con Hacienda- tenía como socio único a la sociedad holandesa Havorad BV, conocer qué personas de carne y hueso se ocultan tras esta última resulta misión imposible.

Porque el hilo societario de Havorad BV conduce, primero, a las Antillas Holandesas, donde la sociedad Gold Lion Corp. NV figuraba como socio único. Y Gold Lion aparecía a su vez como participada al 100% por la costarricense Corporación Bilares SA. De hecho, una de las sentencias de la serie desvela que los intereses del préstamo concedido a Angelmo iban a parar a Costa Rica. No obstante, y el mecanismo de cesión constituye un misterio, Corporación Bilares SA perdió su carácter de prestamista en favor de Havorad BV. La pescadilla, de nuevo, se muerde la cola.

Un misil contra el desarrollo

Además de por su opacidad bancaria, los paraísos fiscales se caracterizan por garantizar a sus clientes el anonimato de los verdaderos titulares de una compañía. Salvo excepciones, son testaferros profesionales quienes las administran.

¿Incurrió Arias Cañete en alguna ilegalidad al participar en una empresa, Angelmo International Corp., que utilizó la artimaña del crédito otorgado por otra compañía del grupo con sede en un paraíso fiscal? ¿Hay delito en que las dos compañías petroleras en que tiene acciones estén controladas también desde territorios offshore? Con los datos recabados -escasos e incompletos-, nada indica que la respuesta pueda ser afirmativa.

Pero la propia existencia de los paraísos fiscales constituye un misil de profundidad contra el desarrollo y la equidad fiscal. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), entre cuyos patronos se encuentran grandes corporaciones como Telefónica, Repsol y el Santander, presentó a comienzos de mes un informe de conclusiones terroríficas: Fedea calcula que en 2013 había en paraísos fiscales fondos por valor de 144.000 millones de euros propiedad de ciudadanos españoles, la mitad de ellos en Suiza. Esa cifra equivale, por ejemplo, a cinco veces el presupuesto anual de Andalucía, la comunidad más poblada de España con 8,4 millones de habitantes.

Aunque la comunidad internacional no ha cesado en los últimos años de proclamar su voluntad de acabar con los paraísos fiscales, el panorama apenas si muestra mejoras. La Unión Europea, por ejemplo, tiene el zorro dentro de su propio gallinero: Reino Unido y Holanda, este último uno de los países fundacionales de la Unión, mantienen intactos sus paraísos fiscales. 

Gibraltar, las Islas del Canal, la Isla de Man, las Islas Vírgenes Británicas, las Bermudas y las célebres Islas Caimán -y la lista no es exhaustiva- funcionan como centros de evasión fiscal y blanqueo de capitales ligados a la metrópoli londinense pese a que los protocolos de supuesto intercambio de información financiera han sacado a algunos de esos territorios de las listas negras del lavado internacional de fondos, como es el caso del Peñón.

Y los Países Bajos, uno de los Estados fundadores de la Unión, conserva sus vínculos con las Antillas Holandesas, que oficialmente han dejado de ser su colonia. En la práctica, la autopista de camuflaje de fondos que une Amsterdam con el archipiélago caribeño persiste intacta.

El tercer agujero negro de la Unión se localiza en Luxemburgo, otro de los clásicos en las investigaciones judiciales sobre fraude fiscal y blanqueo. El Gran Ducado actúa en muchos casos como puente entre empresas de otros países hacia paraísos fiscales de ultramar.