Casado se adapta para resistir y cambia su ideario recentralizador por una defensa cerrada de las autonomías

De gran defensor de la recentralización y de la devolución a los ministerios de competencias de las Comunidades Autónomas a adalid del Estado de las autonomías. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha adaptado su discurso sobre la organización del Estado para sacar el máximo partido de las comunidades autónomas gobernadas por su partido y hacer frente desde ellas a las políticas del Gobierno de coalición. Con Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, como principal ariete frente a Pedro Sánchez.

No ha sido de la noche a la mañana. La transformación del líder conservador ha sido gradual desde que relevó a Mariano Rajoy y adoptó un discurso claramente favorable a una recentralización. Pero se ha intensificado en las últimas semanas, coincidiendo además con el abandono de algunas de las ideas que había venido defendiendo y que coincidían con el ideario antiautonomista de Vox.

El proyecto de Ley de Educación, pendiente de completar su tramitación en el Senado, y la apuesta del Gobierno y de algunos de sus socios por incorporar al debate sobre la reforma de la financiación autonómica la introducción de mecanismos que impidan a Madrid cometer dumping fiscal —aprovechar la pujanza económica derivada de la capitalidad para competir de forma desleal con otras comunidades que no pueden permitírselo— le han servido de base para izar la bandera del autonomismo.

“Para esto sirve el Estado autonómico”, llegó a asegurar hace unos días Casado cuando defendió que las comunidades autónomas en las que gobierna el PP legislen contra la aplicación en sus escuelas de la reforma educativa aprobada por mayoría absoluta del Congreso. “Cuando nosotros defendemos el Estado Autonómico recuerdo que también es para estas situaciones”, argumentó entonces. “Cuando hay un Gobierno en La Moncloa que es malo para los intereses de las familias españolas, es bueno que en las comunidades autónomas pueda gobernar otro partido”.

Es una línea argumental que Casado también ha utilizado esta semana para fundamentar su oposición a la armonización de la fiscalidad autonómica que defienden no sólo el Gobierno sino algunos de los barones conservadores, como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aunque con matices.

El líder del PP ha aprovechado para criticar a ambos lados del espectro político: al PSOE y a Vox. A los primeros les reprochó “hablar tanto de autonomía” o de “confederalismo” y que “luego no permitan que la autonomía fiscal se ponga en funcionamiento”. A los segundos, el partido de Santiago Abascal, les recuerda lo útil que resulta el Estado autonómico. Los que “hablan tanto de centralismo no se dan cuenta de que el Estado de las autonomías, cuando gobierna alguien como Sánchez, es bueno para eso, para que en las autonomías donde gobiernan otros haya un margen fiscal o educativo para seguir creciendo”.

Así que Casado piensa enfrentarse a quien quiera poner fin a la autonomía fiscal de Madrid y las comunidades del PP. Si eso ocurre, se propone recurrirlo. “Y seguramente lo ganaremos, porque la Constitución y la ley en vigor consagran esta autonomía”, declaró el pasado lunes.

Aparentemente no está dispuesto a aceptar ni siquiera la armonización que defendió esta semana Feijóo y que apoyaron los barones conservadores de otras comunidades: una armonización para bajar impuestos. Lo que propone Feijóo “ya existe”, sostiene Casado en referencia a que la ley permite a los Gobiernos autonómicos ajustar hacia arriba o hacia abajo su tramo del IRPF. Y en el resto no quiere horquillas; quiere la supresión, como ha hecho Madrid en relación con el impuesto del patrimonio o el de sucesiones. No aceptaría una armonización a la baja porque “el concepto armonización iría contra la competencia fiscal que sí que está reconocida en las administraciones autonómicas”, afirma.

Que cada autonomía pueda hacer lo que quiera en materia fiscal no es algo malo, defiende ahora Casado, sino una “sana” y “positiva competencia fiscal, sobre todo para los ciudadanos, que es para los que tenemos que gobernar”.

En su afán autonomista, el líder del PP defiende ahora con entusiasmo el régimen especial de determinadas comunidades, incluido el País Vasco y Navarra, algo que para Vox y para Ciudadanos constituye anatema.

“España es un país plural”

“La Constitución es muy plural y tiene rasgos incluso confederales”, afirmó Casado esta semana, y citó “el convenio [económico] de Navarra”. “O federales, como el concierto en el País Vasco”. El PP no los discute, proclamó en una entrevista en Antena 3, “todo lo contrario: los defendemos”. Igual que “el régimen económico y fiscal en Canarias, o el régimen que tienen Ceuta y Melilla. Porque España es un país plural”, proclamó.

El nuevo Casado sostiene que “el margen que tienen las autonomías —no solo en fiscalidad, también en educación, haciendo frente a los estragos de la ley Celaá, también cuestiones relativas a la elección de médico y hospital en la sanidad, o en los asuntos sociales— es positivo”.

Elvira Rodríguez, exministra, responsable económica del PP y con una amplia experiencia negociadora en materia de financiación autonómica, abundó en la misma idea este martes en RNE. Una comunidad tiene derecho a bajar los impuestos y otra a no hacerlo, eso es “plenamente constitucional”, indicó. Y tanto uno gobierno como el otro se someten “al contraste de las urnas cada cuatro años y los ciudadanos sabrán qué es lo que eligen”, defendió.

Las ideas que defienden ahora Pablo Casado son bien diferentes de las que abanderaba cuando se hizo con la Presidencia del PP y enterró el discurso moderado de su antecesor. Primero al hilo del conflicto catalán; después empujado por un deseo indisimulado de disputar las banderas de Vox, cuya capacidad de atraer a los votantes más derechistas del PP quedó patente en las elecciones celebradas desde entonces.

Casado proponía en aquellas fechas suspender indefinidamente la autonomía catalana nada más llegar al Gobierno. Y que el Estado recuperase las competencias educativas, de manera que las comunidades se limitasen a gestionar lo que el Gobierno central decida sobre los contenidos de las asignaturas y sobre la lengua de la enseñanza, que el PP quería reservar al castellano. También la creación de un MIR para la educación, un examen nacional que permitiese a la Administración central controlar quién va a dar clase con independencia del territorio en el que vaya a hacerlo.

En sus primeros meses al frente del PP fue introduciendo propuestas en esta línea en materia de sanidad, justicia, política penitenciaria —Cataluña es la única comunidad que la tiene y el País Vasco la tiene reconocida en el Estatuto de Gernika— y política hidráulica.

Entonces Casado defendía reformar la Administración para “reforzar la presencia del Estado” en todos los territorios. Había que reforzar las delegaciones y las subdelegaciones del Gobierno en todas partes porque, según él, “no se puede querer lo que no se ve”. “No puede ser que haya pueblos en los que lo único que suene a España sea la oficina de Correos”.

Esa reforma, alegaba, permitiría concretar las competencias de titularidad estatal y exigir la lealtad debida a las autonomías. Y establecerá una “moratoria de transferencias de competencias mal gestionadas”, para lo cual proponía que el Gobierno “audite y evalúe su cumplimiento” con el fin de “paralizar la cesión de nuevas transferencias si [los Gobierno autonómicos] están siendo desleales”. Su plan pasaba por no conceder una transferencia más a las autonomías, ni siquiera las reconocidas en los Estatutos. Como, por ejemplo, las 37 pendientes con Euskadi, que el PP vasco también reclamaba.

Casado no defendía entonces la autonomía fiscal, sino que el nuevo sistema de financiación autonómica permitiese al Estado “supervisar” que las comunidades “hagan un buen uso de los recursos de todos los españoles”. Una tutela que, de hacerse realidad, pondría fin a la capacidad de los Gobiernos autonómicos de determinar sus prioridades de gasto.

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El PP proponía entonces que por ley la lengua española fuese “vehicular” cuando los funcionarios se dirigiesen a los ciudadanos. “Cuando gobierne el PP, las Administraciones estarán obligadas a comunicarse con el ciudadano en español” y el conocimiento de las lenguas cooficiales dejará de ser un requisito para obtener una plaza en la función pública allí donde existen lenguas cooficiales.

En busca de esa armonización entre comunidades, Casado también defendía establecer la “prevalencia” de la Policía Nacional y de la Guardia Civil sobre el resto de cuerpos policiales autonómicos y locales, con el argumento de que “el monopolio de la fuerza corresponde al Estado”. Además de igualar legalmente sus salarios.

Aquellas ideas fueron objeto de una corrección en cuanto estalló la pandemia a la vista de que los barones conservadores tiraban de su poder territorial para plantar cara al Ejecutivo, especialmente la madrileña Isabel Díaz Ayuso.