Casado impone el "no" a un acuerdo sobre Justicia después de cinco reuniones sin objeciones de sus consejeros con Campo

El Consejo de Ministros de este martes tiene previsto aprobar un Real decreto-ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente a la pandemia del coronavirus en el ámbito de la Justicia. El texto, del departamento del ministro Juan Carlos Campo incluye una serie de actuaciones urgentes que tienen como objetivo evitar el colapso de los juzgados cuando vuelva la actividad judicial una vez que pase lo peor de la crisis del covid-19. Entre las medidas se incluirán habilitar parte del mes de agosto y celebrar juicios telemáticos, tal y como han adelantado desde Justicia. Si nada cambia, este real decreto no contará con el visto bueno del Partido Popular, tal y como avanzó su presidente, Pablo Casado, en una entrevista este mismo lunes.

El anuncio del líder del PP sorprendió no sólo en el Ministerio de Justicia, también en círculos conservadores. Porque los consejeros del ramo de esta formación en aquellas comunidades que tienen competencias en esta materia estaban al tanto de los "ejes" de la iniciativa y no habían planteado objeciones de calado a lo que Campo les ha ido planteando. 

En el caso de consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, en su entorno admiten cinco reuniones por "videollamada" con el ministro y otros responsables autonómicos. Reuniones, aseguran, de "trabajo" con el objetivo de afrontar la salida de la crisis del covid-19 "con garantías". 

Además de consejero de Justicia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Enrique López es el responsable de Justicia e Interior en el PP nacional. En el ministerio le otorgan un papel clave, colaborativo, en el proceso que culmina este martes con la presentación del real decreto. De hecho, fuentes del Ejecutivo destacan que hay algunos puntos del texto que llevan su sello, que estuvieron entre sus propuestas, como la de declarar hábil parte del mes de agosto. 

Pero la dirección nacional del PP, en boca de su presidente, parece dispuesta a obviar todo este trabajo previo y, al cierre de esta edición, seguía ubicada en el "no". "No vamos a votar a favor del real decreto", señalaban con contundencia. En la entrevista que concedió a EsRadio, Casado quiso dejar claro que las decisiones en el partido las toma él. Y que una ley orgánica "no se puede modificar por real decreto".

Casado, "contra las negociaciones paralelas"

"Lo que quiera negociar el PSOE que lo traiga al Congreso. No queremos ni negociaciones paralelas ni mesas extraparlamentarias", dijo. Una vez más, aprovechó para cargar contra el Ejecutivo: "No es fiable en sus planteamientos ni en sus promesas electorales ni en los pactos que hace con los demás partidos". En la dirección nacional del PP aseguran desconocer el "borrador" del real decreto. Los consejeros de Justicia del partido tampoco conocen el texto, según las fuentes consultadas por infoLibre. "No ha habido un intercambio de documentación", precisan. Pero, al mismo tiempo, destacan que es ahora el Gobierno, tras las reuniones con las diferentes comunidades, el que tiene la "responsabilidad" de presentar el texto. Y, a partir de ahí, las diferentes fuerzas parlamentarias tendrán que tomar una decisión cuando se lleve al Pleno de la Cámara Baja.

El debate y votación sobre la convalidación o derogación de un Real Decreto-ley debe producirse antes de transcurridos los treinta días siguientes a su promulgación. Este tipo de iniciativas sólo se pueden modificar o con otro decreto ley o tramitándolos como proyecto de ley.

"Se trata de que los ciudadanos, cuando salgamos de esta crisis, tengan el mejor servicio por parte de la Justicia, que esta sea lo más ágil posible. Ha habido un parón de litigios muy importante, como es obvio, y solucionar esto debe ser una de las prioridades de cualquier político", señala una de las fuentes del PP consultadas que, no obstante lamenta que, "una vez más", el Gobierno "haga un intento de trasladar las responsabilidades de sus decisiones a las comunidades autónomas".

Casado y su negativa a cualquier tipo de pacto

Cuando Casado fue cuestionado por su disposición al acuerdo en esta materia en la entrevista que le realizó Federico Jiménez Losantos la base de la pregunta estaba en una información, adelantada por El Confidencial , en la que se recogía que el Gobierno abría "una vía de pacto con el PP" y ambas formaciones estaban negociando "el decreto anticolapso de la Justicia". 

El líder del PP lleva semanas negándose a una reedición de los pactos de la Moncloa y esquiva la invitación de Sánchez a abrir el clima de acuerdo a las comunidades autónomas, por lo que, cuentan las fuentes consultadas, rechazó de forma rotunda cualquier posibilidad de "pacto" en materia de Justicia. El problema es que sus afirmaciones le han abierto una fisura puertas adentro de su partido y dejan al descubierto que algo ha fallado en los cauces de comunicación interna del partido.

"A lo mejor hay que entender la reacción de Casado en un contexto de rechazo de un pacto global en materia de Justicia con el Gobierno y en las próximas horas, una vez leído el texto con detalle, cambia su posición inicial", mantiene una de las fuentes consultadas. En la dirección nacional del partido trasladaban, sin embargo, que no hay cambio posible.

La Fiscalía alerta de que el nuevo decreto de Justicia puede perjudicar a menores y mujeres

Ver más

Fuentes parlamentarias admiten que el portavoz del PP el la Comisión de Justicia del Congreso, Luis Santamaría, también había sido informado a finales de la semana pasada de que el texto iría al Consejo de Ministros. Pero los conservadores defienden que este tipo de negociaciones para reactivar la Justicia se hacen en la Cámara, en la línea con lo defendido por Casado.

Desde el Gobierno parecen no darlo todo por perdido. En rueda de prensa, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apeló a la "corresponsabilidad" del conjunto de los partidos políticos y también a la responsabilidad de estos en las distintas comunidades autónomas.

Este nuevo choque entre el PP y el Gobierno se produce cuando ni conservadores ni socialistas se han puesto todavía de acuerdo sobre la comisión parlamentaria acordada por Casado y Sánchez hace ya una semana para la reconstrucción política y social en el marco de la crisis del coronavirus. La semana pasada, el grueso de las fuerzas parlamentarias afearon al PP que quisiera convertir este foro en una especie de "comisión de investigación" al Ejecutivo. La portavoz del PP en la Cámara, Cayetana Álvarez de Toledo, propuso que la presidencia estuviera a cargo de un diputado de su grupo. A día de hoy no hay avances. Este martes podría haberlos tras las reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces.