Casado lanza su campaña electoral con un programa de medidas recentralizadoras y ultraliberalismo económico

Cuando el nombre de Pablo Casado vuelva a figurar en una papeleta será su tercera oportunidad de ganar unas elecciones generales después de dos intentos fallidos. Quizá sea su última oportunidad, así que va a poner toda la carne en el asador anticipando en dos años el inicio de lo que amenaza con ser la campaña electoral más larga de la historia.

El líder del PP dio comienzo este domingo en València al camino que espera le lleve a la Moncloa en 2023. Y lo hizo en un escenario totémico para los conservadores, la Plaza de Toros de València, llena hasta la bandera de seguidores del partido. Más de 10.000 personas, según fuentes de la organización. Allí desplegó las grandes líneas de un programa preñado de medidas recentralizadoras y de propuestas ultraliberales para la economía. Con ellas espera atraer a los votantes de la extrema derecha para ensanchar el apoyo social del PP y acercarse a una mayoría que le permita gobernar dentro de dos años.

“Nada más llegar al Gobierno pondremos en marcha tres grandes planes nacionales de reformas estratégicas para reforzar la institucionalidad, el empleo y las familias”, anunció. “Lo haremos sin que a nadie le tiemblen las piernas para aprobar reformas, ni el pulso para ejecutarlas”, advirtió frente a quienes desde Vox ponen en duda su credibilidad.

El primer bloque incluirá promesas ya conocidas como la derogación de la Ley de Memoria Democrática, actualmente ene trámite en el Congreso, aunque ayudando “a las familias a encontrar los restos de sus seres queridos”; la anulación del modelo de elección del CGPJ vigente desde hace 36 años y que incluye la participación del Congreso, y la reforma del Código Penal para castigar la convocatoria de referéndums, prohibir la concesión de determinados indultos y endurecer l0s delitos de rebelión y sedición. También la intervención de la competencia autonómica en materia de educación para acabar con “el adoctrinamiento” en las aulas que, según él, “envenena a los niños con odio”. Todo ello en el marco de lo que llamó “un plan de refuerzo legal e institucional para garantizar la unidad nacional”.

Su Gobierno, se comprometió, aprobará una ley para limitar la libertad de expresión y que la quema de banderas “y las humillaciones al rey” sean perseguidas, una norma “para garantizar el español en toda la enseñanza, los espacios públicos y toda la administración” y un Museo Nacional de Historia de España para el que ya tiene hasta sede, el actual Ministerio de Agricultura, porque “las naciones más importantes del mundo están orgullosas de su historia, y nosotros más aún”.

También anunció, planea ampliar la cadena perpetuta española —conocida como “prisión permanente revisable”— “a asesinatos con agravante de violencia de género” y derogará “las leyes que atentan contra las mujeres” en materia de igualdad impulsadas por Unidas Podemos.

Y, además de una ley “para prohibir la convocatoria de homenajes a asesinos”, el alejamiento de cárceles próximas al País Vasco a los presos etarras que “no han colaborado para esclarecer 300 crímenes impunes”.

“Nos deben dar las gracias”

España, se jactó, “no tiene que pedir perdón a nadie ni por nada, al revés, nos deben dar las gracias por nuestra contribución a América con el acontecimiento más importante de la humanidad, después de la romanización, que es la Hispanidad”

A la batería de medidas pensadas para defender “la unidad de España”, Casado sumó las propuestas en materia de seguridad: más penas para reincidencia, penalización de nuevo de los piquetes sindicales, una “ley de integración para regular la inmigración y la convivencia” sobre la que no dio más detalles y una norma para castigar la ocupación de viviendas en todos los supuestos.

En materia de empleo, Casado revalidó su apuesta por la hoja de ruta ultraliberal: “liberalizar al máximo la economía para ganar competitividad y crecimiento inmediato” y bajar “todo lo posible los impuestos y las cotizaciones sociales”. “Suprimiremos los impuestos de donaciones, sucesiones y patrimonio”.

Pondrá en marcha la llamada mochila austríaca, un modelo laboral ideado para cumplir tres objetivos: reducir a las empresas el coste del despido, incentivar la movilidad de los trabajadores y reforzar el sistema de pensiones. “Bajaremos todo el gasto innecesario, reduciremos los ministerios y los asesores a la mitad”, prometió. Y armonizarán “la unidad de mercado en toda España y la libertad de horarios comerciales”, poniendo fin a la capacidad de cada territorio de desarrollar sus propios modelos.

También, señaló sin precisar a cuales se refiere, anunció nuevas privatizaciones: “Sacaremos a Bolsa las compañías públicas mal gestionadas por los amigos del Gobierno”, remarcó en alusión, entre otras, a Paradores.

El tercer gran plan que se propone implementar en cuanto llegue a la Moncloa tiene que ver medidas sociales. Entre ellas “fomentar la natalidad” para evitar no sólo “la quiebra del Estado del Bienestar” sin tener que “depender de la inmigración masiva”. Y la “liberalización de suelo” para fomentar la construcción de viviendas.

También “la libertad de elección en todos los servicios públicos”. En materia de educación propone varias medidas recentralizadoras: que el castellano sea la “lengua vehicular” en todas las comunidades, EBAU nacional, “evaluaciones estatales” y “un MIR educativo nacional para la acreditación del profesorado”. También en sanidad: “una Agencia Nacional que vertebre todo el modelo, una ley sanitaria que responda a las pandemias” y “una cartera básica de servicios con central de compras para toda España”.

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Casado quiere revertir, en cuento llegue al Gobierno, el nuevo modelo de pensiones: recuperando el llamado “factor de sostenibilidad y el índice de revalorización”, los mecanismos que automáticamente ajustan la edad de jubilación o el imposte de las percepciones al dinero disponible. No mencionó la ley del aborto, pero sí reiteró que derogará la de la eutanasia.

En su arenga, Casado atribuyó al PP la Transición, la fundación de la Unión Europea, la caída del muro de Berlín, la derrota de ETA, la rotura del “techo de cristal” de las mujeres en España, la fundación del euro y el compromiso medioambiental expresado a través de los protocolos de Kyoto y de París y los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. También haber parado el Plan Ibarretxe y el “plan Puigdemont”, a quien prometió traer a España para ser juzgado por el Tribunal Supremo “aunque tengamos que viajar hasta el último país de Europa para exigir el respeto a nuestra Justicia”.

El líder del PP, convertido en candidato a la Moncloa, no ahorró críticas al Gobierno, al que ya se refiere casi exclusivamente como “comunista”, y a un presidente al que se negó a llamar por su nombre. Y llamó a los suyos a creer que la victoria es posible. “Somos el punto de encuentro de esa gran mayoría que no sabe que lo es, porque nadie se lo recuerda”. “Hay que pensar a lo grande, jugar a la grande para liderar una nación tan grande e importante como España”, concluyó antes de gritar: “¡Viva España!”.