Casado quiere bajar el recibo de la luz suprimiendo un impuesto que creó Rajoy y sin tocar el modelo ideado por el PP en 2013

La campaña puesta en marcha por el PP de Pablo Casado contra el Gobierno a costa del imparable incremento de la factura de la luz no dice toda la verdad. En primer lugar, que el modelo de subasta que está en el origen de la subida de la tarifa fue ideado e impulsado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013 y aprobado en 2014. El responsable político de ese diseño, el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, defendía entonces las bondades de que el precio de la luz quedase vinculado a las fluctuaciones hora a hora del mercado.

Tampoco explica que aquella reforma trató de resolver, sin éxito, problemas cuyo origen se remonta a la que llevó a cabo el ministro Josep Pique en la era de José María Aznar. Desde entonces el sector eléctrico engordó un déficit de tarifa que en 2013 era de 30.000 millones de euros, producto de las decisiones tomadas por el Gobierno de Aznar para entrar en el euro a cualquier precio. La reforma de Piqué, inspirada en el modelo británico, según sus propias palabras, culminó con la Ley 54/1997, destinada a “liberalizar” un sector que sigue en manos de muy pocas empresas y cuyos mecanismos de generación son por definición limitados.

En segundo lugar, lo que el PP tampoco está contando es que el impuesto sobre la generación eléctrica (7%) que propone suprimir también lo creó Soria en diciembre de 2012 con el argumento de que las eléctricas debían contribuir a la sostenibilidad ambiental y paliar así el impacto ecológico que su actividad tiene en el entorno natural.

El modelo Soria, prometió en su día el PP, iba a abaratar a la mitad el recibo de la luz, a mejorar la competencia entre comercializadoras y daría más libertad a los consumidores.

Pero no ha sido así. Es verdad que es responsabilidad del actual Gobierno corregir el problema, pero por más que el PP culpe a la coalición de la subida del recibo su origen está en la regulación establecida en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy con toda la oposición en contra.establecida

Hasta entonces el precio se fijaba mediante una subasta trimestral y se modificó después de un repentino aumento del precio de la factura. A partir del paso de Soria por el Gobierno se puso en marcha el denominado precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), que recoge las fluctuaciones del pool energético cada hora de cada día durante el año.pool Lo que expone a 11 millones de consumidores a los cambios del mercado que, como ocurre en la actualidad, se ven sacudidos por el elevado precio del gas.

La aportación de Soria no se quedó ahí: también incrementó los costes fijos y aprobó nuevos impuestos.

Sin tocar los ingresos de las eléctricas

Ahora el PP, a la vista de lo disparatado del recibo y de la ausencia de una respuesta eficaz a corto plazo por parte del Gobierno, propone una solución que no toca el precio de la luz sino el recibo que pagan los consumidores. De aplicarse la propuesta de los de Casado, las empresas seguirían ingresando cifras elevadísimas por suministrar energía eléctrica y se librarían de tener que pagar el impuesto del 7% creado por Soria en 2012, provocando una pérdida de ingresos tributarios al Estado que necesariamente perjudicará al conjunto de los contribuyentes.

El Congreso de los Diputados ya rechazó en mayo la propuesta que el PP ha anunciado estos díasrechazó que va a volver a presentar y que, en síntesis, planteaba reducir el recibo a costa de los Presupuestos: pagar los costes fijos de la factura con fondos del Estado sin tocar el precio real de la electricidad, que es la base de los ingresos multimillonarios del sector. Entonces sólo consiguió el apoyo de diez diputados (Ciudadanos y Foro Asturias) y recibió duras críticas de los partidos de izquierda, que denunciaron el intento del PP de bajar los impuestos a las empresas para que sean los ciudadanos los que paguen a través de los Presupuestos.

El PP pretende que los ciudadanos asuman durante tres años, a través de los Presupuestos Generales del Estado, el pago de la deuda del sistema eléctrico: entre 2.500 y 2.600 millones de euros al año intereses incluidos.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, defendió este lunes “suprimir el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica” para ahorrar, según él, “1.700 millones de euros en el precio de generación eléctrica”. Sin explicar que ese impuesto no figura en el recibo y que, por tanto, su repercusión en la factura que pagan los ciudadanos ni es automática ni está garantizada. Lo que no le impidió afirmar que si se aprueba esta propuesta en el Congreso de los Diputados supondrá que se produzca una “bajada automática” del precio de la electricidad en el recibo de la luz.

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García Egea también argumentó que “la reducción de la recaudación en este impuesto va a compensarse con una mayor recaudación que percibe la administración por las subastas de derechos de emisión de CO2”.

En realidad el precio de la luz depende básicamente de tres factores: el coste de la energía en el mercado mayorista (que la propuesta del PP no toca), los costes regulados que fija el Gobierno (sirven para retribuir a las redes de distribución, primar las renovables, cubrir los sobrecostes de entregar energía a las islas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y pagar el déficit tarifario generado por la reforma de la era Aznar) y los impuestos: el gravamen especial sobre la electricidad (5,1%) y el IVA (10% después de que el Gobierno decidiese reducirlo del 21% que se cobraba hasta hace pocas semanas). El impuesto a la generación eléctrica (7%) lo pagan directamente los productores y no aparece reflejado como tal en la factura.

Mientras tanto, el precio medio diario de la electricidad crece imparable. Este jueves en el mercado mayorista alcanzó un nuevo récord histórico: 140,23 euros por megavatio (MWh), casi 8 euros más en solo un día.