Caso abierto en el limbo de la cárcel-CIE de Málaga

Archidona es un caso abierto. El archivo provisional de la investigación judicial sobre la muerte en su celda del argelino Mohamed Bouderbala, de 36 años, está lejos de suponer un cierre de los múltiples frentes –legales, políticos y sociales– desplegados en torno al encarcelamiento masivo de inmigrantes en la prisión Málaga II. "Es una barbaridad que una persona muera bajo custodia policial, aunque se hubiera suicidado. Es responsabilidad del Ministerio del Interior. Pero este caso no se queda ahí. Hay otras ilegalidades concretas, como el encarcelamiento de inmigrantes sin justificación alguna. La cárcel de Archidona es un hito en la historia del Estado de derecho. Es un intento de permitir una implantación del modelo CIE en la cárcel por la vía de los hechos", señala Daniel Machuca, portavoz de la Plataforma contra el CIE de Archidona, que prevé celebrar una asamblea este lunes para decidir acciones. Antes, este domingo, hay convocada una marcha en Madrid contra los centros de internamiento de extranjeros. Si los CIE ya son un espacio jurídicamente equívoco, una cárcel estrenada como CIE como medida extraordinaria se encuadra directamente en un limbo legal, desde el punto de vista de las asociaciones de defensa de los derechos humanos.

Tanto la representación legal de la familia de Bouderbala como Málaga Acoge anunciaron sendos recursos contra el auto de archivo, que establece, tomando como referencia el informe policial, que el hombre se ahorcó a solas en su celda de la cárcel-CIE, donde fue encontrado muerto el 29 de diciembre. La familia y diversas ONG han cuestionado esta versión. Aún no hay informe definitivo de la autopsia, aunque sí un avance. Las acusaciones –a las que ha pedido sumarse Izquierda Unida– lamentan que la decisión se adopte sin practicar más pruebas. El Gobierno argelino, que anunció este viernes una investigación de la Fiscalía, ha pedido a las autoridades españoles el cuerpo para su propia autopsia. El gesto denota como mínimo falta de confianza. En Argelia la opinión pública está sacudida por el caso. La televisión ha difundido vídeos –que también están circulando por las redes– que supuestamente muestran a policías golpeando a internos.

"No ha habido una investigación ni nada parecido, ni sobre el fallecimiento ni sobre la vulneración de derechos humanos y el trato degradante en el centro. ¿Por qué estaba aislado [Mohamed Bouderbala]? Tiene que declarar el médico forense, tienen que declarar los funcionarios. No se puede zanjar todo sin contradicción, sólo con el atestado", denuncia José Luis Rodríguez Candela, coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge, mientras trabaja en el recurso. La familia del fallecido pretende que se tome declaración a los policías que lo llevaron a su celda, a los que lo encontraron muerto y a los posibles internos testigos de los hechos. Por eso han asistido con desesperación a las devoluciones a Argelia de numerosos inmigrantes.

Organizaciones en defensa de los derechos de los inmigrantes y la propia familia han denunciado estas devoluciones por practicarse antes de comprobar cuántos menores hay en la prisión. Y también por obstaculizar el posible esclarecimiento de la muerte. "Si el resultado de todas las diligencias de investigación es que la causa fue el suicidio, eso no excluye la posibilidad de que pudiera haber una responsabilidad penal porque hablamos de una persona privada de libertad bajo custodia policial", señala la abogada Amanda Romero, de la familia del fallecido. La abogada recuerda que cuando, por motivos de seguridad, se toman medidas de separación de un interno en una habitación individualizada, la medida no puede "encubrir un castigo y obliga a informar al juez que acordó el internamiento para que acuerde si debe continuar o cesar".

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La ley y las condiciones

Alrededor de 500 inmigrantes argelinos fueron trasladados desde Murcia, adonde habían llegado entre el 18 y el 19 de noviembre, y recluidos en la cárcel de Archidona, una medida adoptada con autorización judicial, según Interior. La explicación oficial era que no había disponibles suficientes plazas en centros de internamiento de extranjeros (CIE), lo cual habría obligado a usar esta prisión a pesar de no estar acondicionada. La ley establece que los internamientos de extranjeros que no hay cometido ningún delito no deben realizarse en centros penitenciarios. Interior alega que Archidona aún no es una cárcel, aunque el BOE ya la identifica como centro penitenciario. La medida ha levantado protestas por la criminalización de los inmigrantes que implica. Pero también por las condiciones en las que están allí encerrados.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha censurado cómo viven allí los internos, atrapados en el patio, trasladados con bridas, vigilados por antidisturbios. El ambiente favorece los incidentes. La tensión está disparada. El diario Sur ha publicado que el hombre fallecido fue llevado a su celda tras una revuelta en la que se autolesionó. Internior no responde a las preguntas de infoLibre, ni sobre las circunstancias del fallecimiento de Bouderbala, ni sobre la anunciada investigación de Argelia. Tampoco contesta sobre los vídeos que están circulando ni sobre el número de internos que quedan tras las constantes devoluciones. "No nos atrevemos a hacer un cálculo preciso. Podrían ser 200, o menos. Sólo tenemos información a través de las familias. Lo que sí sabemos es que se están produciendo numerosas irregularidades. Hay menores, se han entorpecido las solicitudes de asilo. Las autoridades no se pueden quedar tan tranquilas", señala Daniel Machula, de la plataforma contra el CIE. La consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, ha calificado la situación en Archidona como "inhumana" y ha pedido una investigación "transparente" sobre la muerte de Bouderbala.