Castro investiga el pago de 600.000 euros al empresario que sufragó la sede del PP balear

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, reclamó a distintos organismos y entidades bancarias documentación sobre un préstamo de 600.000 euros que un empresario realizó a favor del propietario de la constructora Bruesa, Antonio Pinal, a fin de averiguar si con estos fondos éste sufragó de forma irregular la adquisición de la sede del PP balear.

Se trata de una cantidad a la que aluden varios oficios de la Policía Nacional, a los que tuvo acceso Europa Press y cuyo secreto levantó el magistrado en el marco de la pieza 28 del caso Palma Arena, que indaga de qué forma fueron abonados los trabajos de reforma de la sede de los conservadores. Los investigadores apuntan a que los pagos corrieron a cargo de Pinal a cambio de resultar favorecido con distintas adjudicaciones públicas durante el último mandato de Jaume Matas (2003-2007).

Según la documentación incorporada a la causa, fue el constructor y socio de Pinal Ildefonso Pérez Ruiz quien llevó a cabo la operativa de préstamo, el 21 de julio de 2004, cuando sacó el dinero en efectivo de una oficina de Sa Nostra y procedió a llevarlo en una mochila a otra sucursal de la misma entidad en el Polígono Son Fuster para ingresarlo de forma fraccionada en la cuenta de Bruesa.

La Policía hace constar además que la directora de esta última oficina, en base a la declaración efectuada en la Jefatura Superior por la hija de Pérez, era "una tal Marga", mujer del que fuera diputado del PP en el Parlament Joan Huguet.

Tras levantar el sigilo judicial que pesaba sobre estas pesquisas, el juez ha citado a declarar el próximo día 10, en calidad de testigo, a la hija de Pérez, quien en dependencias policiales manifestó además que, puesto que los fondos no figuraban en la contabilidad de Bruesa, "sería para hacer cosas en negro". También ha sido emplazado a testificar esa misma jornada el abogado de Pérez.

En uno de sus oficios, el Grupo de Delincuencia Económica hace hincapié en el hecho de que la cantidad prestada prácticamente coincida con los 602.067 euros a los que ascendió el precio abonado por la sede del PP (511.539 euros), más los gastos de tramitación (79.620) y de constitución del préstamo hipotecario (10.907).

De hecho, entre la documentación manejada por los agentes figura la escritura de compraventa otorgada a favor del PP, en cuyo nombre actuaban su exsecretario general José María Rodríguez y su extesorero y cuñado de Matas, Fernando Areal y en la que constaba cómo 60.101 euros fueron abonados en efectivo, mientras que los 451.438 restantes fueron aplazados y abonados mediante dos cheques bancarios nominativos.

La Policía recuerda cómo el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos explicó en un escrito ante el juez que Pinal le invitó a cenar en el hotel Son Vida porque, según le transmitió, "has sido el único que has tenido huevos de decirme claramente desde el principio lo que pensabas sin engañarme, y que el proyecto tal cual no se podía ejecutar". Eso le costó al empresario, concluyó De Santos, el pago de la sede del partido.

Más en concreto, De Santos se refería al hecho de que Pinal ayudó en la compra del inmueble del PP a cambio de serle adjudicado el desarrollo de un proyecto urbanístico en los cuarteles de Son Busquets. Pinal le comentó que tenía un proyecto previsto y que para ello debía llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa, al frente del cual se encontraba entonces José Bono, puesto que los cuarteles eran propiedad de este departamento.

Autorización firmada por Joan Mesquida

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De Santos relató, en el mismo escrito, que Matas le llamó más adelante para que acudiera a su despacho en el marco de estos hechos y al llegar, en lugar del expresidente estaba Pinal, que le dio una carta con la autorización del Ministerio, firmada por quien entonces era director general de Infraestructuras de Defensa, el mallorquín Joan Mesquida.

Por su parte, el extesorero del PP Luis Bárcenas explicó posteriormente la realidad de las aportaciones realizadas por Pinal y otros empresarios en relación a la sede, "pero no respecto a la reforma, sino a la compra de la misma, todo ello con el conocimiento del tesorero nacional Álvaro Lapuerta", según el oficio de la Policía.

Castro abrió en febrero del pasado año esta línea de investigación con el objetivo de indagar la financiación presuntamente ilegal del PP balear así como la adquisición de su sede. Desde hace más de seis años el juez se encuentra volcado en esclarecer si varias empresas financiaron de forma irregular las campañas electorales del PP de 2003 y 2007, mercantiles que a su vez resultaron favorecidas con contratos públicos.