A la caza del voto del cazador, el caladero que el PSOE disputa a la derecha

La caza es el tercer deporte con mayor número de federados, por detrás del fútbol y el baloncesto, según el Anuario de Estadísticas Deportivas 2021 del Ministerio de Cultura y Deporte. Un sector que, según el lobby cinegético Fundación Artemisan, emplea a 187.000 personas, genera el 0,3% del PIB y mueve 6.500 millones de euros. Pese a esas abultadas cifras (extraídas de un informe de la consultora Deloitte para la citada organización), la caza ha perdido peso en España: ha caído un 31,11% desde 2010.

En 2019, último año del que hay datos oficiales, fueron expedidas 743.650 licencias, menos que cualquier otro año desde que en 2005 comenzó la serie estadística publicada por el Ministerio de Transición Ecológica. El mayor número de licencias corresponde a Andalucía, con 237.679, seguida de Castilla La-Mancha (96.360), Castilla y León (87.457) y Extremadura, con más de 70.000 licencias expedidas.

Son, precisamente, los presidentes autonómicos de estas regiones los que más defienden el mundo de la caza. Entre ellos, dos socialistas: el presidente manchego, Emiliano García Page, y su homólogo extremeño, Guillermo Fernández Vara, que tratan de desligare de la Ley de Bienestar Animal, que recientemente ha pasado su primer trámite en el Congreso y que, entre otras cosas, equipara a los perros de caza con las mascotas.

Page aseguró estar "disgustado" con la proposición y aseguró que exigiría que se "separarse" al sector de la caza: "Debe de haber alguien que le tiene manía a la caza", señaló, en referencia a Unidas Podemos, impulsor de la normativa, al que apremió a legislar "a favor de arreglar los problemas" y "de meterle el colmillo" a algo que no le gusta. Por su parte, Vara acusó a los morados de tratar de imponer su "superioridad moral" desde sus "acomodadas vidas de urbanitas" sobre la forma en la que se debe cuidar y amar a los animales.

La normativa también ha puesto en pie de guerra a las asociaciones cinegéticas, que alegan que el Ejecutivo está prohibiendo, de facto, la caza. La Real Federación Española de Caza (RFEC) exige la retirada de varios punto de la ley, como la prohibición del tiro al pichón y del silvestrismo, así como las nuevas exigencias de esterilización de animales domésticos.

El PSOE admite que el voto cazador tiene "mucho peso" en sus filas

La presión llegó hasta la Cámara Baja: el PSOE incluyó a principios de septiembre una enmienda parcial para excluir a los perros de caza de la ley. La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra, plantea mecanismos de control y regulación de la cría de animales de compañía sin excepciones.

"Hay un clamor social para que retiren esta enmienda", aseguró la semana pasada el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. El dirigente morado señaló que "no entendía" que el PSOE le "comprara el discurso" a la derecha y la ultraderecha. Los morados critican que el ala socialista del Ejecutivo haya incluido una enmienda a una ley ya pactada ante las presiones de los lobbys.

Lo que explican fuentes socialistas a infoLibre es que la caza es tiene "un peso muy importante" entre sus filas porque, además de generar beneficios económicos, también cumple con una "función social" para aquellos que frecuentan los cotos sociales: "Es una actividad equiparable a ir a tomarse unas cervezas", valoran.

En ese sentido lamentan la "mala fama" que tiene esta actividad entre algunos sectores de la sociedad y ponen en valor el "trabajo" que se hace para incentivar que "no haya una caza excesiva" ni se produzca un "deterioro medioambiental". "Nosotros no somos los representantes políticos de la M30", añade un diputado extremeño, que considera que la posición de su partido es la más "centrada".

Estas voces también critican la "desinformación" generada por la derecha para erigirse como los defensores del mundo rural. A su juicio, hay una "utilización partidista" por parte del PP mientras que creen que Vox "habla de oídas" de "según qué temas": "Hablan como los señoritos que tenían sus casas en barrios pudientes de la capital y sus fincas en pueblos", trasladan.

Derechización rural

Lo cierto es que el predominio del voto conservador en el ámbito rural es un fenómeno de época. Las protestas contra la inflación del mes de marzo de los sectores agrícola, cazador y transportista, con fuerte presencia del mundo rural, pusieron a la izquierda en el centro de la diana y mostraron sintonía con posiciones de PP y Vox.

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A diferencia de lo que ocurrió –incluso en su mejor momento– con Podemos y Ciudadanos, en líneas generales Vox ha cimentado su avance electoral con un progreso homogéneo en pueblos y ciudades al margen del número de habitantes. Así fue entre los comicios de abril y noviembre de 2019.

Vox ha desarrollado su propia estrategia para marcar perfil rural, con un discurso de agravio frente al progre urbanita que explota el malestar social y la incertidumbre de sectores económicos muy dependientes de la energía, como la agricultura, al tiempo que se erige en defensor tradicionalista de estilos de vida genuinos.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ofrece pistas sobre la derechización de las áreas rurales. En los últimos dos años el respaldo a las opciones de derechas tomadas como un conjunto (PP, Vox y Cs) ha subido en los municipios de menos de 50.000 habitantes (47,1% de la población), entre aquellos de entre 50.000 y 100.000 (13,3% de la población) y entre los de más de 100.000 (39,85%). En el caso de la izquierda estatal (PSOE, UP, Más País), ha caído en los tres segmentos.