Más de un centenar de colectivos feministas firman un manifiesto por una Ley de Libertad Sexual que no "criminalice" a las trabajadoras sexuales

Colectivos feministas de todo el Estado español, como Las Kellys o Jornaleras de Huelva, además de activistas feministas como Silvia Federici o Justa Montero, han lanzado un manifiesto bajo el lema “Escuchar para legislar. Por una Ley de Libertad Sexual que no criminalice a las mujeres”, con el objetivo de retirar dos artículos que la futura Ley de Libertad Sexual prevé incorporar al Código Penal. Según las firmantes, esta nueva norma “criminaliza” a las mujeres que se dedican a la prostitución de forma voluntaria y por ello exigen una revisión del anteproyecto que lidera el Ministerio de Igualdad, encabezado por Irene Montero.

El texto que se ha hecho público esta mañana y que cuenta con el apoyo de 109 colectivos feministas y más de 900 firmas, busca defender los derechos de las trabajadoras sexuales. Para ello exigen que se retire la propuesta de introducir el artículo 187 bis del Código Penal, que penaliza la “tercería locativa” –alquiler de inmuebles donde se ejerza la prostitución-. Esta figura jurídica, que ya fue despenalizada en 1995, pide hasta tres años de cárcel para “quien, con ánimo de lucro, y de manera habitual, destine un inmueble a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona aún con su consentimiento”. En el manifiesto denuncian que esta vía abre la puerta “a criminalizar a las mujeres que alquilan y/o comparten inmuebles con compañeras”, además de dificultar el acceso a la vivienda de las trabajadoras sexuales, concretamente a quienes viven en el lugar de trabajo, por el temor de las personas propietarias a ser acusadas de proxenetas.

Posibilidad de encarcelar a la trabajadora sexual

También exigen que se retire la propuesta de modificar el artículo 187.2 porque, argumentan, abre la posibilidad “de encarcelar a las mujeres vinculadas al entorno del trabajo sexual” al ampliar la noción de proxenetismo. De esta manera, podrían ser denunciadas las trabajadoras auto-organizadas que comparten un piso si se considera que existe dependencia o subordinación, en caso de que alguna de ellas, por ejemplo, sea inmigrante y carezca de documentación, explican en el manifiesto. Esto también podría afectar “a cualquier persona implicada en la realización del trabajo sexual (servicios de seguridad, higiene, transporte, etc.)” al ser denunciada como proxeneta.

Las personas trans podrían verse más afectadas

En el manifiesto señalan que estas medidas podrían tener consecuencias más desproporcionadas con las personas trans, ya que sufren un 88% de desempleo y muchas de ellas acaban recurriendo a la prostitución como única opción. “Criminalizar a las personas trans más precarizadas, en su mayoría migrantes, a la vez que se reconocen los derechos como la autodeterminación de género es una paradoja que nos adelanta los nefastos resultados de esta normativa”, denuncian.

Las firmantes también se quejan de que “las trabajadoras sexuales no han sido ni informadas ni invitadas al proceso de elaboración del anteproyecto a pesar de tener derecho a participar”. Por ello se han unido bajo este manifiesto periodistas, activistas y personalidades del mundo de la cultura, entre las que destacan nombres como Alba Flores, Teresa Rodríguez, Clara Peya y Nacho Vegas.

Amnistía ve "margen de mejora" en la Ley de Libertad Sexual y celebra que ponga el consentimiento en el centro

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La ley aún no ha sido aprobada

El Gobierno daba el primer paso en marzo de 2020 presentando una primera versión del anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del sólo sí es sí. Aunque el texto se presentó como un reconocimiento al consenso feminista sobre las modificaciones legales en torno a las violencias sexuales, con el segundo borrador presentado en octubre de 2020 muchas feministas partidarias de la regulación de la prostitución consideraron que se había roto dicho consenso al “criminalizar a las personas relacionadas con el trabajo sexual”.

Las últimas previsiones apuntan a que la ley podría llegar al Consejo de Ministros en el mes de abril, aunque aún no hay una fecha exacta. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó por unanimidad a finales de febrero un informe crítico con la ley. El texto, no obstante, ha sido valorado positivamente por Amnistía Internacional "por poner en el centro el consentimiento de la mujer”, aunque la misma organización señala que ve "margen de mejora". Entre ellas pide que se aclare cómo se implementará la ley, una vez aprobada, teniendo en cuenta la competencia de las comunidades autónomas en muchos ámbitos que afectan a la misma.