Cinco medidas pactadas por Gobierno y Podemos que no se pondrán en marcha con los Presupuestos

El pacto firmado la semana pasada entre el Gobierno y Unidos Podemos se titulaba Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019, pero su contenido iba mucho más allá de las cuentas para el año que viene. Un importante número de las medidas que incluye el documento necesitan un desarrollo legislativo que tendrá que llevarse a cabo de forma separada a la tramitación de los Presupuestos, y no son planteamientos menores: que se terminen aprobando las cuentas no implica que automáticamente ocurra lo mismo con la reforma de la ley mordaza, la modificación de la legislación sobre el alquiler o los cambios en la reforma laboral.

Así lo reconoció el pasado lunes el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, que presumió del "esfuerzo" que –aseguró– hizo su formación durante las negociaciones para poner "plazos" a estas reformas que no irán incluidas dentro de los Presupuestos. "En algunos puntos lo conseguimos y en otros no hay plazos concretos, pero nosotros presionaremos para que sea lo más rápido posible", explicó Echenique. De entre estas medidas que no se pondrán en marcha automáticamente aunque se aprueben las cuentas destacan al menos cinco.

  1. Las pensiones vinculadas por ley al IPC

La subida de las pensiones fue una de las medidas más celebradas por el Gobierno y Unidos Podemos en el momento en el que anunciaron los Presupuestos. Según queda recogido en el acuerdo, las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3% en 2019, lo que tendrá un coste de 384 millones de euros, mientras que el resto de las pensiones aumentarán un 1,6%, según el IPC previsto para el año que viene, una medida para la que se destinarán 704 millones de euros. En total se invertirán 1.088 millones para elevar las prestaciones.

Pero este ascenso, en lugar de ser automático para evitar que las pensiones pierdan poder adquisitivo, será fruto del pacto del Gobierno y Unidos Podemos, y eso es precisamente lo que ambos aspiran a evitar. Por ello, el documento establece el compromiso de incorporar "a la normativa de la Seguridad Social la revalorización de las pensiones conforme al IPC real" en "el marco de la reforma integral del propio sistema". Pero para ello aún queda un largo camino, ya que vincular normativamente las prestaciones a la inflación requiere una reforma de la Ley General de la Seguridad Social que ni siquiera ha comenzado a tramitarse en el Congreso y que tendrá que ser también debatida con los agentes sociales.

Por el momento, el único avance en este sentido se ha producido en la Comisión del Pacto de Toledo, donde tras muchos meses de debate los partidos pactaron hace unos días incorporar a sus recomendaciones la revalorización de las pensiones conforme al IPC real. Habida cuenta de este avance, el Gobierno deberá consultar antes con el Congreso si desarrolla o modifica la recomendación que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones.

  2. La regulación del alquiler

Otro de los puntos que aborda con más detalle el pacto firmado por el Gobierno y Unidos Podemos es el mercado del arrendamiento de vivienda, para el cual ambos actores se han comprometido a modificar la legislación para intentar frenar la escalada de los precios y aumentar la protección del arrendatario. En este sentido, el acuerdo contempla la necesidad de "poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas" que se consideren "tensionadas" dando a los ayuntamientos la capacidad de regular excepcionalmente los precios en una o varias zonas concretas de su localidad.

Asimismo, el acuerdo alcanzado por Unidos Podemos y el Gobierno establece la necesidad de impulsar "reformas normativas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio". Igualmente se plantea que los contratos de alquiler para personas físicas vuelvan a tener una duración de cinco años –después de que el PP la rebajara a tres–, y también propone que se limite por ley la fianza que los arrendadores pueden exigir al arrendatario hasta un máximo de dos mensualidades de la renta.

No obstante, estas medidas no se pondrán en marcha automáticamente con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, si ésta llegara a producirse. Para ello sería necesario reformar normas como la Ley de Arrendamientos Urbanos, que modificó el PP en 2013 para reducir la duración mínima de los contratos de alquiler de cinco a tres años, instaurar la posibilidad de realizar desahucios exprés u otorgar al casero la potestad de recuperar su vivienda para residencia habitual sin necesidad de haberlo pactado y avisándolo con dos meses de antelación (una medida que también pretende revertir el acuerdo del Gobierno y Unidos Podemos).

La reforma de la normativa ni siquiera está aún presentada en el Congreso, aunque el pacto establece que "el Gobierno garantizará que a lo largo de 2019 desarrollará los proyectos normativos necesarios para el cumplimiento de lo previsto" en el acuerdo, lo que también implica ceder competencias a los ayuntamientos para que puedan regular los precios del alquiler en determinadas zonas.

  3. La modificación de la reforma laboral

El acuerdo alcanzado por el Ejecutivo y Unidos Podemos no establece el compromiso de derogar la reforma laboral aprobada por el PP en el año 2012, y tampoco el de acabar con la modificación en la legislación laboral que llevó a cabo el PSOE en 2010, tal y como pedía la coalición morada. No obstante, el documento sí plantea la necesidad de acabar con los aspectos más "lesivos" de la norma en vigor, y aunque eso requerirá una acción legislativa separada de la aprobación de los Presupuestos, al contrario de lo que ocurre en otros apartados del texto sí se establece un plazo claro y breve: la derogación debe llevarse a cabo "antes de finalizar 2018", es decir, en un plazo máximo de dos meses y medio.

Según se explicita en el texto del acuerdo, los cambios que debe incluir esta modificación de la ley deben afectar a tres elementos de la regulación laboral. En primer lugar, se ampliará el régimen de no caducidad de los convenios colectivos cuando estos caduquen y hasta que se firmen los nuevos acuerdos; en segundo lugar, se revisarán "las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo"; y en tercer lugar, se insistirá en "la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial".

  4. La reforma de la ley mordazaley mordaza

Otra medida que no se pondrá en marcha automáticamente aunque se aprueben los Presupuestos Generales del Estado es la derogación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana aprobada por el PP, más conocida por sus detractores como ley mordaza. En el Congreso hay dos proposiciones de ley tramitándose al respecto: una del PSOE, que plantea su derogación total, y otra del PNV, que tiene como objetivo reformar la norma. Y el acuerdo al que han llegado el Gobierno y Unidos Podemos pasa por modificar la ley a través de la iniciativa legislativa de los nacionalistas vascos.

La intención del Gobierno y Unidos Podemos es garantizar el derecho de reunión aun sin comunicación previa, limitar las competencias de la policía para cachear a manifestantes o reducir la cuantía de las multas y los supuestos por los que pueden aplicarse. Asimismo, se plantea la "restricción del ejercicio de funciones públicas por parte de empleados de seguridad privada, en especial, las que se realizan en la vía pública". No obstante, la reforma se prevé larga y complicada: al tratarse de una ley orgánica, el Gobierno y Unidos Podemos tendrán que reunir el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso para que salga adelante su reforma. Y la iniciativa del PNV lleva tramitándose en la Cámara baja desde marzo de 2017.

Autónomos en Europa: los españoles no son los que más impuestos pagan y menos prestaciones reciben

Ver más

  5. La nueva regulación sobre juegos de azar

Poner coto a "la adicción a las apuestas y los juegos de azar y la ludopatía" es otra de las metas que Unidos Podemos y el Gobierno se han planteado en su acuerdo. Pero este objetivo tendrá que ser alcanzado a través de medidas que no estarán incluidas en los Presupuestos Generales del Estado, y fundamentalmente a través de la aprobación de "una regulación de la publicidad del juego de azar y apuesta en línea de ámbito estatal similar a la de los productos del tabaco".

En esta nueva norma, que aún no está siquiera presentada en el Congreso y que tendrá que superar todas las etapas de su tramitación, se pondrán en marcha "medidas de información, gestión y limitación del consumo de juegos" para concienciar a la sociedad de los riesgos que tiene la adicción a este tipo de prácticas. El Ejecutivo y la coalición morada también pretenden que las propias casas de juegos y apuestas se involucren en estas acciones de prevención y sensibilización, y asimismo se propone que una parte de los impuestos pagados por los operadores de apuestas por internet se destine a "iniciativas preventivas, de sensibilización, de intervención y de 43 control, así como de reparación de los efectos negativos producidos por la actividad del juego".