Ya nació con división e, incluso, con el rechazo de algunas comunidades a aplicar sus directrices. El Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) aprobado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y diez autonomías no nació con la certeza de trasladarse a la realidad, pero sí con la de establecer nuevos criterios para evitar que la hecatombe que la pandemia provocó en las residencias de mayores volviera a repetirse. Una de las fórmulas fue la de establecer un máximo de plazas que los geriátricos de nueva construcción no debían sobrepasar: 120. Era junio de 2022 y ahora, en septiembre de 2024, se comprueba que ese objetivo no se ha cumplido: actualmente hay 158 proyectos en marcha que no se ajustan el plan del Gobierno.
No fue un criterio escogido al azar. Varios estudios científicos demostraron que el tamaño sí había sido determinante en el impacto que la crisis sanitaria había tenido en las residencias. Uno de ellos se centró en los centros catalanes y se publicó en la revista Epidemiología con la siguiente conclusión: entre marzo y abril de 2020 —los peores meses de la pandemia—, la mortalidad por covid llegó a duplicarse en los geriátricos más grandes con respecto a los de menor tamaño. Otro similar realizado en Madrid apuntó por su parte a que la mortalidad fue del 10% en residencias de menos de 50 plazas y del 21% en las de entre 100 y 199.
Por eso el Ejecutivo fue tajante. En ese acuerdo de acreditación —que sirvió de primera hoja de ruta de la recién aprobada Estrategia para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad— se concretó que ninguna residencia podría superar las 75 camas si estaba construida en una zona rural, las 90 si se encontraba en una localidad "de densidad intermedia" y las 120 si lo hacía en una altamente poblada. Este último número era, por tanto, la línea roja. Las grandes macrorresidencias que entonces formaban —y de hecho forman— parte del parque residencial podían continuar con su actividad, pero su modelo ya no debía replicarse.
Sin embargo, los datos contenidos en el último informe sectorial de Alimarket consultados por infoLibre revelan que la desobediencia al plan se ha extendido por toda la geografía. Son 158 los proyectos en marcha que contarán con más de 120 camas y que empezarán a operar, en su mayoría, o este mismo 2024 o el próximo 2025. Por comunidades, es Cataluña la que se lleva la medalla de oro con un total de 31 centros con más plazas que el límite fijado por el Ejecutivo en su acuerdo. Le siguen Andalucía y Madrid, empatadas a 22 centros, y la Comunitat Valenciana, con un total de 20.
Si se analizan el número de plazas, Cataluña tendrá 5.009 en centros de más de 120 camas, mientras que Andalucía acumulará 3.657, Madrid 3.605 y la Comunitat Valenciana, por último, 3.004. En total, en los próximos años habrá 25.709 camas en centros que superarán el límite.
Pero llama la atención otro aspecto. Gran parte de los proyectos pertenecen a iniciativas privadas, y las manos que controlaban los centros en plena crisis sanitaria también influyeron de manera determinante en el número de fallecimientos. Lo señaló así otro estudio publicado también en Epidemiología, que concretó que en la Comunidad de Madrid la mortalidad de los centros completamente públicos fue de un 7,4%, un porcentaje que escaló hasta el 20,6% en aquellos geriátricos privados con plazas públicas (concertadas) y al 21,9% en los públicos de gestión privada.
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Fueron en cualquier caso los grandes grupos, controlados por fondos de inversión o multimillonarios españoles o franceses, los que tuvieron una mayor afectación. Según desveló infoLibre, los 30 principales grupos mercantiles como Orpea (con una media de 162 plazas por centro), Ballesol (156), Amavir (155), Vitalia Home (147), Sanitas (139) o DomusVi (133), que gestionaban en 2020 el 27,5% de las plazas, registraron el 36,5% de las muertes durante los dos primeros meses de la pandemia. Son estas empresas, ahora, las que más plazas tienen proyectadas: entre todas ellas, en concreto, son 10.837.
¿Y ahora qué hay?
Todas estas cifras no hacen sin embargo más que apuntalar el modelo que ya impera en el sector y que reflejó el Censo de Centros Residenciales de Servicios Sociales en España el pasado mes de abril con datos de 2022: en ese momento había 666 geriátricos con más de 126 plazas que acumulaban, en términos relativos, el 38% de todas las camas en residencias de mayores en España. El 84% de todas esas residencias eran, además, privadas.
Si se acerca un poco más la lupa, se observa que ahora mismo hay 43.421 plazas en centros de más de 200 camas; 22.046 en los de entre 176 y 200; 23.082 en los de entre 151 y 175; y 35.620 en los de entre 126 y 150. Es decir: los que más usuarios atienden de entre todas las macrorresidencias son, precisamente, las más grandes.
Ya nació con división e, incluso, con el rechazo de algunas comunidades a aplicar sus directrices. El Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) aprobado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y diez autonomías no nació con la certeza de trasladarse a la realidad, pero sí con la de establecer nuevos criterios para evitar que la hecatombe que la pandemia provocó en las residencias de mayores volviera a repetirse. Una de las fórmulas fue la de establecer un máximo de plazas que los geriátricos de nueva construcción no debían sobrepasar: 120. Era junio de 2022 y ahora, en septiembre de 2024, se comprueba que ese objetivo no se ha cumplido: actualmente hay 158 proyectos en marcha que no se ajustan el plan del Gobierno.