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La petición a Bruselas para que investigue el 'Protocolo de la Vergüenza' marca un récord de apoyo popular

Imagen de archivo de una protesta de Marea de Residencias en Madrid.

1.388 apoyos. Y subiendo. La petición que Marea de Residencias trasladó al Parlamento Europeo en diciembre de 2022 no ha dejado de recibir adhesiones en las últimas horas. En tan sólo un fin de semana, más de mil ciudadanos de la Unión han instado a la institución a actuar "de forma proactiva en la investigación de la situación de las residencias y los hechos que motivaron el fallecimiento masivo de las personas más vulnerables durante la pandemia". Apuntan concretamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y a su Protocolo de la Vergüenza. Más de cuatro años después de lo sucedido, sólo un tribunal ciudadano ha señalado directamente a ese documento como responsable —en parte— de las 7.291 muertes en geriátricos sin derivación hospitalaria. "Queremos que se investigue lo que pasó, pero también que se vigile en qué estado están ahora las residencias. Si hubiera otra pandemia, la situación ahora sería peor", lamenta Carmen López, portavoz de la plataforma de familiares.

Pocos asuntos tienen un apoyo tan unánime en la Eurocámara. La de Marea de Residencias, de hecho, se ha convertido en la tercera petición con más respaldo dentro de todas las presentadas entre 2022 y 2024. En concreto, tan sólo la supera una presentada por una ciudadana eslovena "sobre la preservación de la memoria de las víctimas del período comunista de posguerra" en el país (con 1.992 adhesiones) y otra realizada por varias asociaciones automovilísticas españolas "sobre presuntas infracciones del Derecho de la UE en el mercado de seguros" (con 1.727 apoyos). Además, de las 631 realizadas en este periodo, tan sólo 28 cuentan con más de 100 firmas a favor. Un 4,4%. Estas peticiones, según informa la propia Eurocámara en su página web, pueden ser presentadas por cualquier ciudadano u organización europea y tienen que versar sobre una cuestión que les afecte o sobre una posible infracción en la aplicación del derecho de la Unión Europea.

El éxito de la de Marea de Residencias ha sido cuestión de horas. "Estamos muy felices de que la gente esté tan volcada", celebra López. Todo responde a la amenaza de la derecha y la extrema derecha europeas de dar carpetazo a un asunto cuyo recorrido empezó antes incluso de la llegada del covid, en 2019. Fue entonces, recuerda López, cuando la organización de familiares dio la voz de alarma. "Quisimos alertar sobre la situación de las residencias, pero no llegamos a hacerlo porque la irrupción de la pandemia dejó todo paralizado. Luego pasó lo que pasó", lamenta. En Madrid, y como desveló infoLibre, los llamados Protocolos de la Vergüenza impusieron, literalmente, "criterios de exclusión" que impidieron el traslado de los mayores de los geriátricos a los hospitales. El resultado es de sobra conocido: de los 9.468 usuarios fallecidos entre marzo y abril, 7.291 lo hicieron en el propio geriátrico.

Dos viajes a Bruselas

Los familiares ya avisaron de que no pararían hasta saber lo que ocurrió. Y, sobre todo, hasta que se depuren las posibles responsabilidades políticas al respecto. Sin embargo, en su lucha judicial se han encontrado con el portazo de la mayoría de los tribunales. En multitud de ocasiones, además, sin ni siquiera escucharles. Por eso acudieron a Bruselas en 2022 para presentar la petición y en 2023 para defenderla y, además, para convencer a los grupos que formaban entonces la Comisión de Peticiones de la necesidad de sacarla adelante. Y costó, pero lo consiguieron "en el último minuto", recuerda López.

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Fueron los socialistas, los verdes y la izquierda quienes frenaron entonces los intentos de PP y Vox de tirar a la papelera las intenciones de los familiares de los fallecidos. La presidencia estaba en manos de la conservadora Dolors Montserrat, cuya función pasaba entonces por filtrar qué cuestiones se discutían en el Parlamento Europeo y cuáles se descartaban, provocando tres cartas de protesta a la presidencia de la Eurocámara  por el "uso partidista" del PP. Y es que en los últimos cinco años los conservadores enviaron 'misiones' de eurodiputados para, por ejemplo, evaluar el sistema educativo en Cataluña, algo en lo que la Unión Europea no tiene ninguna competencia y en lo que, por tanto, no puede inmiscuirse. Sin embargo, ese ha sido precisamente el argumento utilizado para impedir, por ahora, que eurodiputados visiten Madrid para analizar la hecatombe de las residencias.

Así se ha pretendido que la cuestión muera en el cajón. La nueva Comisión de Peticiones —de mayoría conservadora también tras las elecciones del pasado mes de mayo— pretendió de nuevo el 2 de septiembre cerrar para siempre la petición de Marea de Residencias, pero el PSOE impidió dos días después a través de su eurodiputada Hana Jalloul, que ha conseguido mantener viva la causa solicitando tres medidas: que el Parlamento Europeo organice una visita a la Comunidad de Madrid, que las comisiones de salud pública y libertades civiles participen también en el análisis de la situación y que la Comisión Europea dé una respuesta "considerando los datos proporcionados por el informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad". El documento, presentado el pasado mes de marzo, concluyó que otro tipo de decisiones políticas y de gestión habrían contribuido a reducir la "sobremortalidad" en las residencias de la región. En concreto, la gestión podría haber llegado a salvar hasta 4.000 vidas.

Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Se dará el próximo lunes, 30 de septiembre, cuando los coordinadores de cada grupo político de la Comisión de Peticiones volverá a reunirse para decidir si mantiene viva la causa que Marea de Residencias ha iniciado en las instituciones europeas y si les da dos meses más para proporcionar información adicional. "Esperamos que se sepa valorar como es debido", pide López. Si no ocurriese, según informan fuentes socialistas, habría una segunda oportunidad el 6 de noviembre. Y ahí sí votarían todos los miembros de la Comisión. En ella Marea de Residencias cuenta, además de con el apoyo de los socialistas, con el del grupo de Los Verdes —como confirma la coordinadora Ana Miranda, que también ha solicitado formalmente que no se cierren las peticiones— y de la izquierda.

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