Las actas de las policías locales en la zona cero del covid: Ballesol Alcalá, 192 residentes, 89 fallecidos
La Residencia Ballesol Alcalá tenía 192 residentes en abril de 2020, uno de los meses más duros de la crisis sanitaria del covid-19. De ellos, fallecieron 89, casi la mitad. En concreto, el 46%. En Sanitas La Moraleja vivían por su parte 81 ancianos, pero en las mismas fechas fallecieron 31. En este caso, el 38%. En Nuestra Señora de la Soledad y del Carmen, en Colmenar Viejo, murieron 30 residentes de los 51 que había en lo peor de la pandemia. Fueron el 58,8%. En la Francisco de Vitoria, por su parte, de los 299 que había en abril fallecieron 88, el 29%. El listado podría seguir. Y en todos los casos los números serían impactantes. Proceden de las actas de las policías municipales de los distintos municipios de la Comunidad de Madrid a las que ha tenido acceso la diputada socialista en la Asamblea Lorena Morales.
"Es impactante el número de fallecidos respecto al total de residentes en bastantes centros", destaca ella misma. Todos los documentos, a los que para acceder tuvo que solicitar permiso en varias ocasiones, recogían el escenario que se encontraron los agentes que visitaron los centros de distintas localidades madrileñas a partir de la segunda semana de abril de 2020. El panorama era desolador en gran parte de ellas. Pero no sólo por el alto número de fallecidos, sino porque gran parte de las muertes, además, se produjeron en el propio centro.
Pasó en Amavir Pozuelo, donde de los 44 fallecidos sólo ocho lo hicieron en el hospital. O en Casaquinta Ciempozuelos, donde hubo 71 fallecidos de los que 63 murieron en la residencia. O en la Francisco de Vitoria, donde sólo dos de los 88 murieron fuera del geriátrico. O en la Ballesol Alcobendas, donde únicamente cinco de los 27 muertos recibieron atención hospitalaria. En este caso, el listado también podría continuar.
"Son cifras escalofriantes. Había residencias en las que, en unas pocas semanas, fallecieron un tercio o incluso más de las personas mayores. La mayoría dentro de las propias residencias", lamenta Morales. Para ella son una muestra más de que el Protocolo de la Vergüenza, un documento que, literalmente, estableció "criterios de exclusión" que impidieron la derivación de miles de residentes desde los geriátricos madrileños hasta el hospital, tal y como desveló infoLibre, sí que funcionó. "Esta atrocidad fue la página más oscura de la democracia madrileña. Y no hay mayoría que lo pueda tapar", lamenta la diputada socialista, que exige, otra vez, un perdón. "No olvidamos porque hasta que no haya justicia las familias de los 7.291 fallecidos [sin ser trasladados en el hospital] no podrán descansar", sentencia en conversación con este periódico.
Estos documentos son una prueba más de que, efectivamente, el Protocolo no fue un mero borrador, como ha defendido a capa y espada la presidenta Isabel Díaz Ayuso y su maquinaria de propaganda. Pero es que evidencias no faltan. Esta misma semana, un estudio científico mostraba cómo desde el 7 de marzo, días antes de la aprobación de esa instrucción, las derivaciones a los centros hospitalarios cayeron en picado. En concreto, mientras que la media diaria de derivaciones en febrero de 2020 era de 120, entre el 7 y el 29 de marzo —el día en el que precisamente se alcanzó el pico de defunciones en la Comunidad— la cifra descendió a 67. Es decir, hubo un 44% menos de traslados.
"Necesitan paracetamol"
Pero es que hay más. Algunos centros, como el que tiene DomusVi en Coslada, ni siquiera tenían medicamentos tan básicos como paracetamol. Y así lo recogieron también las policías locales. "Necesitan material de protección. Necesitan suero fisiológico, balas de oxígeno, concentradores, paracetamol, metamizol, amoxicilina, buscapina, urbason, morfina", señalan las actas. "Era tal el abandono a su suerte de la Comunidad de Madrid que, además de material de protección, pedían cosas tan básicas para aliviar un poco el dolor de estos seres humanos como paracetamol", lamenta la diputada socialista en conversación con infoLibre.
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Por eso exige de nuevo un perdón que todavía no ha llegado. "Esta atrocidad fue la página más oscura de la democracia madrileña. Y no hay mayoría que lo pueda tapar. Ayuso debe pedir perdón y depurar responsabilidades, empezando por la suya propia, ya mismo. No olvidamos, porque hasta que no haya justicia las familias de los 7.291 fallecidos [en residencias sin ser trasladados a hospitales] no podrán descansar", sentencia Morales.
La diputada socialista pudo acceder a las 400 actas de las policías locales de los municipios madrileños después de varios intentos. No es esta la primera vez que la Comunidad de Madrid ha maniobrado para no publicar el resultado de las inspecciones que tanto bomberos como policías realizaron a los geriátricos de la región. Echaron mano, incluso, de los tribunales. El Gobierno de Ayuso interpuso en enero de 2023 un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia competente para no efectuar la orden del Consejo de Transparencia que obligaba al equipo conservador a hacer públicos los documentos de la Policía Municipal de Madrid alegando que contenían datos "de carácter personal" y que no disponían de una "aplicación informática avanzada" que permitiera unificar los textos.
Pero finalmente, igual que ahora, salieron a la luz. infoLibre accedió en este caso a las 205 actas, que reflejaban lo mismo que las consultadas ahora: el 5 abril de 2020, por ejemplo, los agentes que visitaron la Residencia Nuestra Señora del Carmen dejaron por escrito que, de los 23 fallecidos, 19 lo habían hecho en la residencia y tan sólo cuatro en el hospital. Cinco días más tarde, la inspección en la residencia Manoteras reflejó que, de los 11 fallecidos, tan sólo uno lo hizo en el hospital. Dos después, ya el 12 de abril, la Policía constató que de los 44 fallecidos en la Residencia Albertia Moratalaz 37 lo hicieron con covid, y tan sólo cinco de ellos en el hospital.
