Ciudadanos cifra en un 20% el cumplimiento de su pacto con el Gobierno de Rajoy

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, calcula que, en el año que ha transcurrido desde que su partido firmó con el PP el pacto para la investidura de Mariano Rajoy, se han cumplido el 20% de las medidas acordadas, y afirma que en la formación naranja están "satisfechos" pero "sin grandes entusiasmos".

"Yo he hecho una estimación de un 20%, aproximadamente, una quinta parte de las propuestas como ya realizadas o realizadas en gran parte", declaró en una entrevista con Europa Press, añadiendo que, si bien no tienen previsto "ningún acto especial" con motivo del primer aniversario del acuerdo, sí harán una valoración más pormenorizada del grado de cumplimiento.

A su juicio, los seis primeros meses de actividad parlamentaria han servido para demostrar lo que el partido de Albert Rivera ya intuía: que las mayores dificultades se iban a presentar en el ámbito de la regeneración democrática y las reformas institucionales, dos aspectos que "no están en el ADN del PP".

Satisfechos, pero sin entusiasmo

Aun así, Villegas hizo un balance "positivo" del acuerdo de investidura suscrito el 28 de agosto de 2016, con el que Cs buscaba dar estabilidad e impulsar cambios. "Sin grandes entusiasmos, pero sí que podemos decir que estamos satisfechos y dispuestos a seguir peleando y a seguir arrastrando al PP a esas reformas y a esa regeneración democrática que tanto le cuesta", manifestó.

Precisamente, como requisito previo para comenzar a negociar su apoyo a la investidura de Rajoy a cambio de políticas económicas y sociales, Ciudadanos hizo firmar al PP un pacto anticorrupción en el que éste se comprometía a apoyar la tramitación de seis medidas en los tres primeros meses de gobierno.

El secretario general de la formación naranja destacó que una de esas medidas ya está en marcha: la comisión de investigación en el Congreso sobre la financiación presuntamente ilegal del PP, que está funcionando pese a las reticencias de este partido.

En cuanto a la prohibición de los indultos a condenados por delitos de corrupción política, está incluida en la proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, impulsada por Cs y admitida a trámite por el Pleno del Congreso el pasado febrero.

Medidas pendientes del pacto anticorrupción

Sin embargo, esa iniciativa, que también prevé que los encausados judicialmente o condenados por corrupción no puedan ocupar cargos públicos ni concurrir a elecciones –aunque el pacto anticorrupción iba más lejos porque hablaba de "imputados"–, aún puede sufrir muchos cambios en el trámite parlamentario. "Esperamos que este otoño pueda acabar de aprobarse, con lo cual esa medida también estaría concretada", indicó

Sobre la supresión de los aforamientos políticos y la limitación de mandatos del presidente del Gobierno, las dos condiciones que están más atascadas, el número dos de Ciudadanos afirmó que intentarán convencer al PP, al PSOE y a Unidos Podemos para reactivarlas el próximo otoño. La primera requeriría de una reforma de la Constitución que Cs cree que podría ser puntual y exprés, mientras que la segunda se haría modificando la Ley de Gobierno.

Ante la sugerencia de Rajoy de que le gustaría repetir como candidato a La Moncloa, Villegas dijo que eso lo decidirá el líder del PP o su partido. "No sé cómo se toman las decisiones en el PP, no sé si pinta mucho el partido o si las toma directamente el señor Rajoy", apuntó antes de recordar que el propio jefe del Ejecutivo había hablado de no superar los ocho años en el cargo y que él verá "si cumple con su palabra o si cambia de opinión".

En cualquier caso, dejó claro que la medida propuesta por Ciudadanos para establecer un máximo de dos mandatos consecutivos u ocho años "no es una reforma pensada para Rajoy, sino para el buen funcionamiento de las instituciones en España".

Una nueva Ley Electoral para los próximo comicios

Otro de los puntos recogidos en el pacto anticorrupción firmado por PP y Cs es una modificación de la Ley Electoral que se traduzca en un sistema más proporcional que el actual, listas desbloqueadas y el fin del voto rogado para quienes votan desde fuera de España.

Tras la constitución de la subcomisión para la reforma electoral en el Congreso el pasado mayo, el secretario general de Ciudadanos espera que en septiembre comiencen las comparecencias y que se cumpla el plazo fijado para presentar el informe que se elevará a la Comisión Constitucional.

Es decir, que confía en que para el 31 de diciembre esté listo ese informe –aunque el plazo se podría prorrogar por periodos de seis meses de manera indefinida– y en que las siguientes elecciones generales se rijan ya por una nueva legislación. "Esa es nuestra predisposición, vamos a ver cuál es la de los demás partidos", señaló.

Luces y sombras

En el ámbito económico, uno de los logros de los que más presume Ciudadanos es la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, que recoge varias medidas del pacto de investidura y que fue aprobada por unanimidad en el Congreso en junio –ahora está en el Senado–. No obstante, el acuerdo decía que debía aprobarse en un mes.

También consiguió incorporar a los Presupuestos de 2017 un nuevo sistema de cheques de formación para políticas activas de empleo, la ampliación de la cobertura para parados de larga duración o la extensión a doce meses de la tarifa reducida para nuevos autónomos.

Sin embargo, las cuentas no reflejan ni la reforma en profundidad del Impuesto de Sociedades (3.000 millones de euros), ni la tributación efectiva al 10% de lo declarado por quienes se acogieron a la amnistía fiscal (1.000 millones). Y el complemento salarial, concebido inicialmente como un impuesto negativo para las familias con menos recursos, acabó transformado en un sobresueldo para jóvenes con contrato de formación.

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En cambio, sí se avanzó en la reforma de los órganos reguladores y supervisores del sistema financiero, para la que ya hay un anteproyecto de ley, y las los Presupuestos de 2017 recogen un aumento presupuestario y de medios para la Agencia Tributaria.

En materia de políticas sociales, destacó la ampliación del permiso de paternidad de dos semanas a un mes, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una partida en los Presupuestos –aunque menor que la contemplada en el pacto– para el Programa de Refuerzo Educativo para la lucha contra el fracaso escolar (PREFE).

Otros asuntos especialmente complejos, como el Pacto Nacional por la Educación o la reforma del sistema de financiación autonómica, han hecho algunos avances pero aún están lejos de cristalizar.