Ciudadanos mantiene en el escaño a una diputada autonómica imputada por prevaricación

Ciudadanos mantiene en el escaño a su única representante en la Asamblea de Extremadura, María Victoria Domínguez, a pesar de que está imputada en el caso Santa Bárbara, en el que se investiga por qué no se derribaron decenas de viviendas ilegales sobre las que pesaban órdenes firmes de demolición en la época en la que ella fue concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres). Domínguez ocupó ese puesto entre junio de 2007 y diciembre de 2010, cuando militaba en Unión del Pueblo Extremeño (UPEx), una formación de corte regionalista que ella misma fundó en marzo de 2007 tras abandonar el Partido Popular. 

Por su condición de aforada, la investigación se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que el pasado jueves desestimó el recurso presentado por Domínguez contra el auto que ponía fin a la fase de instrucción. En esa misma causa también están siendo investigados la exalcaldesa Elia María Blanco (PSOE) y otros dos exconcejales de Urbanismo: Mónica García (Coalición Extremeña) y Francisco Barbancho (PSOE). La Sala de lo Civil y Penal de este tribunal considera que aunque la situación de las viviendas ilegales era sobradamente conocida por ellos, existió "una total pasividad" que hizo posible su "consolidación". 

La jueza de Plasencia que inició la investigación consideró que esta actuación podía ser constitutiva de ilícito penal y les atribuyó de forma indiciaria los delitos de prevaricación (artículos 320 y 404 del Código Penal) y de omisión de impedir determinados delitos (artículos 407 y 450). El TSJEx, tras analizar múltiples expedientes urbanísticos, mantuvo las imputaciones y señaló que los investigados "nunca sancionaron a nadie ni ordenaron la demolición de ninguna de las múltiples edificaciones ilegales" a pesar de que "ninguna de ellas se ajustaba a la legalidad", según adelantó el diario Hoy. 

Pese a estos indicios y a su situación de imputada, Ciudadanos no cree que Domínguez deba abandonar su escaño en la Asamblea de Extremadura. Fuentes de la Ejecutiva de la formación consultadas por infoLibre explican que se le abrió un expediente informativo en el que se concluyó que se trataba únicamente de un "error administrativo" que fue cometido cuando ni siquiera militaba en el partido naranja. Las citadas fuentes no se pronuncian sobre qué ocurrirá si el TSJEx decreta finalmente la apertura de juicio oral y su representante tiene que sentarse en el banquillo. 

El acuerdo que el PP y Ciudadanos suscribieron antes de la investidura de Mariano Rajoy incluye, en su artículo 93, que ambos partido se comprometen "a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial". 

Además, el propio código ético de la formación naranja establece que los representantes institucionales y cargos orgánicos deben poner su acta a disposición del Comité Ejecutivo si son investigados, aún sin acusación, por los delitos de corrupción, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cualquier otro comprendido en el título XIX del Código Penal, que es el relativo a los delitos contra la Administración pública. 

Precisamente dos de los delitos que se atribuyen a los investigados están incluidos en el citado título. En concreto, el 404, que castiga con la inhabilitación temporal para empleo o cargo público a la autoridad que, a sabiendas de la injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo; y el 407, que también impone penas de inhabilitación para las autoridades que abandonen su destino para no impedir o no perseguir delitos. Las citadas fuentes declinaron explicar si el partido incurre en este caso en una contradicción. 

El caso de Barreiro 

Además, la posición respecto a su parlamentaria autonómica contrasta con la que el partido está teniendo en relación al caso de la senadora del PP Pilar Barreiro, imputada por cinco presuntos delitos en el caso Púnica, y cuya dimisión Ciudadanos reclama como condición imprescindible para otorgar su apoyo a los Presupuestos de 2018 y para llegar a nuevos acuerdos con la formación de Mariano Rajoy. Sin embargo, en la formación de Albert Rivera insisten en que el caso de Domínguez "no tiene nada que ver".

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"Ciudadanos exige la dimisión de todos los imputados por corrupción política y forzó al PP a firmar eso mismo en el acuerdo de investidura. Los afectados por cuestiones administrativas, como es este caso, obviamente no entran en esa categoría. El de Domínguez es un asunto administrativo por no haber derribado unas casas y dejado a familias en la calle, es ofensivo compararlo con el escándalo de la trama Púnica", señalan fuentes del partido. 

En la formación sacan a colación el caso del diputado del PP en el Congreso Óscar Clavell, al que una jueza de Castellón atribuyó los supuestos delitos de prevaricación y malversación al validar unas facturas cuando era alcalde de La Vall d’Uixó (Castellón), y cuya dimisión no fue exigida por Ciudadanos (la causa fue finalmente archivada). Y lo contraponen al del expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, investigado en el caso Auditorio, y que dimitió tras exigirlo la formación naranja para posibilitar la investidura de un candidato del PP. "El PP quiere enfangar a quienes no tenemos corrupción poniendo al mismo nivel el escándalo de la Púnica con un asunto administrativo", reiteran esas fuentes. 

Los magistrados, sin embargo, mantienen que la "no actuación" de los investigados en el caso Santa Bárbara –incluida, por tanto, la parlamentaria de Ciudadanos– "supuso apartarse de los parámetros de la legalidad convirtiendo su inacción en una expresión de su libre voluntad de permitir edificaciones al libre albedrío, fuera de lo permitido por el ordenamiento urbanístico". Y también sostienen que los encausados "incumplieron sistemáticamente su obligación legal de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal y tampoco denunciaron nunca los actos de desobediencia de los promotores de las órdenes de paralización de las obras".