La coalición prioriza las medidas económicas y sociales y prepara las cuentas para 2024

En las conversaciones que han tenido estas semanas los equipos del PSOE y de Sumar ha habido una constante: el nuevo Gobierno tiene que notarse pronto y de manera directa entre los ciudadanos. En el día a día. En una legislatura que se prevé muy complicada en el Parlamento, a pesar de la mayoría absoluta de la investidura, la coalición progresista tiene que ser muy eficiente en la gestión.

Y son varias las obsesiones que tienen en los dos partidos de cara a las próximas semanas con el nuevo Gobierno en marcha. No valen sólo promesas de futuras leyes, cuya tramitación durará meses y estarán condicionadas por una endiablada aritmética parlamentaria. Por eso, se aprobarán medidas de aquí al final del año pensando en su repercusión directa. Especialmente para los bolsillos.

Aunque España se ha situado entre los países con la inflación más baja, la cesta de la compra sigue siendo muy cara para las familias. El Ejecutivo ya tiene decidido, como avanzó el presidente durante la investidura, que se va a extender la bajada del IVA de los alimentos hasta junio del año que viene, que se articulará mediante un real decreto que se aprobará por el Gobierno en sus primeras semanas y antes de que acabe el año.

Hay mucha preocupación también por las consecuencias de la política llevada a cabo por parte del Banco Central Europeo de subida de los tipos de interés, ya que afecta directamente a la mayoría de hipotecas de los hogares españoles. Por eso, se pondrá un nuevo umbral de renta media, pasando de los 30.000 euros actuales a los 38.000 euros, para poder acogerse a las medidas de alivio en vigor: congelación de la cuota mensual durante un año y la ampliación del plazo de amortización hasta los siete años. En este tema, la idea de Pedro Sánchez también es aumentar próximamente el bono alquiler para jóvenes e impulsar una línea de avales que les permitirá cubrir hasta el 20% de su hipoteca.

Otra de las medidas que irá en las próximas reuniones del Consejo de Ministros será la gratuidad a partir del 1 de enero del transporte público para los menores, jóvenes y desempleados. Desde que se puso en marcha la reducción del precio para paliar los efectos del IPC, el Gobierno decidió monitorizar estas ayudas con la vista puesta a largo plazo. Fuentes del Ejecutivo señalan que esto forma parte del plan para que el transporte público tenga mucha más importancia en España durante las próximas décadas, algo que también será beneficioso en materia medioambiental. Por lo tanto, no es una medida que se haga pensando en excepcionalidad, sino que tiene la intención de perpetuarse.

Los presupuestos se aprobarán a principios de 2024

El nuevo Gobierno se verá obligado, no obstante, a prorrogar los actuales presupuestos generales del Estado porque no da tiempo a sacar unos nuevos antes de que acabe el año, pero "la idea es aprobar y presentar unos cuanto antes", indican fuentes del Ejecutivo. En Hacienda habían previsto varios escenarios ante las dudas sobre la fecha de la investidura. Ese proyecto de ley será esencial para la estabilidad de la coalición y enfilar la legislatura. Durante las conversaciones con los partidos, según dirigentes que han participado en ellas, se ha hablado ya también de esas cuentas.

En Sumar también han trasladado al PSOE que quieren medidas en el ámbito laboral en estas primeras semanas del Gobierno. La líder de la formación, Yolanda Díaz, convocará de manera urgente a los agentes sociales a fin de estudiar una subida del salario mínimo para 2024 (ahora mismo está en 1.080 euros). Los dos partidos están de acuerdo con seguir con el incremento y que vuelva a ser una de las banderas de la coalición progresista (la promesa es que se esté situado en el 60% del salario medio).

Díaz quiere que el sello de Sumar esté especialmente marcado en toda la legislatura en materia laboral. Y planea como medidas estrella como vicepresidenta el nuevo Estatuto del Trabajador y la reducción de la jornada laboral hasta los 37,5 horas semanales. 

Pedro Sánchez también espera impulsar en su primera fase su medida estrella en igualdad: la ley de representación paritaria, con el fin de romper los techos de cristal en las cúpulas del poder político, administrativo y empresarial. Esta norma se quedó en el tintero por el adelanto electoral, por lo que se quiere retomar. Asimismo, se aspira a dar un impulso a los permisos de paternidad y maternidad a fin de ampliarlos a las 20 semanas.

Tanto Sánchez como Díaz creen que deben cuidar especialmente esta vertiente social de la economía como la manera de que los ciudadanos respalden su acción de Gobierno frente a las políticas neoliberales y como medio para que el propio sistema democrático sea útil frente a las tendencias populistas que recorren muchos países y comunidades autónomas. Su Ejecutivo será un “muro” frente al PP y Vox y explican en los dos partidos que estarán muy vigilantes a las medidas que aprueben los gobiernos regionales de las autonomías.

Más comunicación y más pensiones

Estas medidas sociales se irán aprobando en las reuniones próximas del Consejo de Ministros, en tanto que fuentes gubernamentales señalan que servirán para hacer ver a los electores que ha merecido la pena el desgaste que han supuesto los pactos de investidura. Como decía Pedro Sánchez en el Congreso: “Hacer de la necesidad virtud”. La ley de amnistía, no obstante, seguirá acaparando muchos titulares durante estos meses: se tramitará por vía de urgencia, pero el cambio del reglamento del Senado por parte de la mayoría absoluta del Partido Popular dilatará más de los previsto su luz verde final.

Además, fuentes socialistas subrayan que, tras estas semanas de silencio para no interferir en las negociaciones, se está planificando una abultada agenda en los medios de comunicación para explicar todas las decisiones y los planes del Ejecutivo para esta legislatura. “Os vais a hartar”, señalaban personas del núcleo duro de Sánchez durante las jornadas de investidura a los periodistas.

El nuevo Gobierno también tendrá entre sus primeras misiones, como ha prometido el propio Sánchez, aprobar antes de que termine el año la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Es otra de las medidas que el Ejecutivo priorizará y pondrá como estandarte de la coalición progresista. Esto irá acompañado de la hoja de ruta diseñada para volver a llenar la hucha de las pensiones a través del ingreso de 5.000 millones de euros cada año al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.